Rogelio Frigerio logró las adhesiones de Santiago del Estero y Tucumán. El proyecto irá a Diputados junto con el presupuesto 2019. Macri quiere todo aprobado antes del G20.
Los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Tucumán, Juan Manzur firmaron -en la Casa Rosada- la adenda al Pacto Fiscal que impulsa el gobierno. Ya son 18 los mandatarios que suscribieron el acuerdo con el que Rogelio Frigerio aspira a traccionar los votos en el Congreso para el presupuesto 2019, aunque el acuerdo con las provincias no necesariamente compromete a los diputados de cada distrito.
El respaldo de los gobernadores y la aprobación tanto del presupuesto como de la adenda son prioridades institucionales para el gobierno de Macri y su plan de crisis, con financiamiento del FMI. El presidente quiere despejar ese escenario antes de la cumbre del G20 en Buenos Aires.
Miguel Lifschitz está entre los que no han firmado la corrección al pacto fiscal vigente. El santafesino tiene por fortaleza que ya cobra el pleno de la coparticipación por imperio de la sentencia de la Corte; el problema es que si no firma tendrá que rebajar Sellos y eso lo deja con menos recursos en medio de la crisis.
Tampoco ha logrado un acuerdo por la deuda nacional con Santa Fe y Macri no lo tendrá entre las prioridades a la hora de las transferencias no automáticas a las provincias.
Tampoco han firmado Gildo Insfrán de Formosa ni el chubutense Mariano Arcioni. Los que ya decidieron no adherir son Alicia Kirchner de Santa Cruz, Carlos Verna de La Pampa y Alberto Rodríguez Saá de San Luis.
La adenda permite posponer las rebajas impositivas en las provincias; el texto será remitido junto con el Presupuesto a Diputados para su ratificación legislativa. “La firma no implica acuerdo por el Presupuesto. Se sigue negociando y discutiendo”, subrayaron cerca del tucumano Manzur.
“El presupuesto tiene la particularidad de ser el primero en muchísimo tiempo que plantea el equilibrio de las cuentas públicas, que lo que ingresa en el Estado alcance para cubrir los gastos. Es la primera vez que la mayoría de los dirigentes políticos coincide eso, en que la Argentina tiene que ir dejando de vivir de prestado”, dijo el ministro del Interior.
Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, planteó públicamente que las retenciones deberían subirse de 4 a 8 pesos por dólar. “Con el doble que se le cobre a la soja, solucionas el problema con los recortes a los subsidios al transporte y de la tarifa social eléctrica. Acaban de habilitar un tema que le cae muy bien a la oposición”, se entusiasmó un mandatario peronista según afirmó a Clarín.
El gobierno analiza habilitar una suba de la alícuota a los Bienes Personales radicados en el exterior, vía por la que se podrían capturar unos $ 30.000 millones, coparticipables con las provincias. Además, analiza gravar grandes patrimonios radicados en el país.
Santa Fe «por ahora» no firma
La provincia de Santa Fe se mantiene en su posición de no firmar la adenda al Consenso Fiscal, a menos que se introduzcan dos cambios que el gobierno de Miguel Lifschitz considera esenciales. Por un lado, que no se le cobre ganancias a las cooperativas y mutuales; por el otro, que se grave con el uno por ciento a quienes poseen cuentas bancarias o inmuebles en el exterior.
“Las mutuales y cooperativas son entidades sin fines de lucro, y representan un importante porcentaje de lo que se produce en la economía santafesina; por eso no compartimos que se les cobre Ganancias”, dijo el ministro de Economía Gonzalo Saglione. “Por otra parte, nos habría gustado que en esa adenda se recogiera la postura no sólo de Santa Fe, sino de varias provincias, para que aquellas personas que pudieron acumular riqueza en el exterior, ya sea cuentas bancarias o inmuebles, tributen un uno por ciento en concepto de Bienes Personales”, planteó. El ministro recordó que si bien el texto abre la puerta para que ello suceda, no se establece la alícuota del uno por ciento. “Nos sentiríamos más cómodos si se hubiera definido claramente que ese sector, que es minoritario, contribuyera en este momento de emergencia para evitar el impacto que tienen sobre los sectores de menores ingresos, la quita del subsidio al transporte y la eliminación de la tarifa social energética”, explicó.
Saglione admitió que son determinaciones que por competencia corresponden al gobierno central y al Congreso de la Nación, pero interpretó que como provincias “debemos transmitir cuál es nuestra posición sobre estos conceptos con los que no estamos de acuerdo”.
