El Senado aprobó un proyecto impulsado por la senadora radical Carolina Losada que modifica el Código Penal para tipificar como delito la pena de venta de menores y condenarla con penas de cinco a 15 años de prisión. La votación en general recibió 63 votos a favor.
La iniciativa busca modificar la normativa actual para incluir con penas de tres a 10 años de prisión “al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.
“La desaparición de un sólo niño debe generar la empatía suficiente como para que pensemos en cada niño que puede desaparecer si no legislamos sobre el tema. Hay 1.701 casos más que el de Loan con los que también debemos ser empáticos. No usen la desaparición de un niño para sacar una tajada política, eso es miserable”, dijo Losada.
En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, hecho sobre el cual giraron varias hipótesis, entre ellas que habría sido víctima de una red de trata, el Senado dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que endurece las penas por la compra y venta de menores. La votación resultó por unanimidad con 63 votos a favor.
Sin embargo, la iniciativa volverá a ser tratada en comisión el próximo miércoles 10 según informó el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto. Todo se originó por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores. Tras más de media hora de idas y vueltas, el jefe del bloque UP, José Mayans, planteó una moción para que el texto regrese a comisión para su revisión en el articulado, cuya votación resultó afirmativa y a mano alzada. A su vez, desde el Pro solicitaron que citen a juristas y constitucionalistas para que contribuyan en la redacción.
De acuerdo al texto, se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.
El cambio propuesto en la iniciativa motorizada por la senadora radical Carolina Losada prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.
A su vez, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.
Añade que el funcionario público o profesional que, en el ejercicio de su actividad, realice alguna de las conductas penadas en este capítulo, será penado con prisión más inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.
Se adecúa el artículo 67 del Código Penal para añadir estos delitos a la norma que indica que la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, siendo mayor de edad, realice o ratifique la denuncia. También se modifica la Ley 27.146 para incorporar estos delitos a la competencia material penal federal.
La encargada de cerrar el debate fue una de las autoras de uno de los proyectos, la santafecina Carolina Losada (UCR), expresó: “Venimos a intentar para cuidar a los chicos de un flagelo terrible que es que sean tratados como cosas y no como personas”.
Losada cuestionó que hace dos años el proyecto de ley “duerme en el Congreso”, recordó que lo presentó en 2022, pero señaló que “la deuda es mucho más vieja porque la tipificación del delito no se hizo nunca, no se hizo antes”. En ese sentido, informó que la Argentina está “sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no tener legislación al respecto”.
“Es urgente legislar respecto de este tema”, planteó y sumó: “En la actualidad hay 1777 búsquedas activas de chicos que están desaparecidos de sus casas. Quizás otros chicos no están con sus familias porque sus propios progenitores los han vendido o algún familiar y no hay denuncias”.
Losada comentó que en 2022 fueron más de mil los casos de chicos desaparecidos, pero planteó que “488 de ese año no fueron encontrados”. “Los vacíos legales son un verdadero paraíso para los delincuentes. Necesitamos proteger a los chicos de estos años irresponsables y de desidia donde no se los ha protegido. Para la justicia es más difícil encontrar y juzgar a los culpables cuando no está la tipificación”, manifestó la radical.
“En Argentina se compran y venden niños. Esto tiene que sancionarse como ley y este delito quedar tipificado y poder llegar a los culpables porque todo niño tiene derecho a crecer en un entorno donde conozca su origen y su historia. Esta ley es una deuda de la política con la sociedad argentina”, cuestionó y comentó que desde la fundación “Quiénes Somos” se contactaron y le hicieron saber que más de 3 millones de personas que no conocen su identidad.
