Fue durante un encuentro en la Comisión de Legislación General de Diputados. El juez de la Corte Suprema santafesina sugirió imponer más controles y fiscalización. Por su parte, representantes de emprendedores reclamaron “no arruinar” esta herramienta.
En una reunión en la que quedaron plasmadas una vez más diferencias entre el oficialismo y la oposición, en este caso en torno a una norma sancionada durante la gestión macrista, arrancó en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados el debate en torno a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), figura creada mediante la Ley 27.349 -de Apoyo al Capital Emprendedor-.
Con una extensa lista de invitados, el primero en hablar fue Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en virtud de una investigación que se desarrolló en la provincia sobre el uso que se hizo de estas sociedades para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Precisamente sobre este aspecto es que el Frente de Todos impulsa una reforma de las SAS.
El juez aclaró que las SAS “no son un problema en sí mismo, son una herramienta verdaderamente apta con mucha idoneidad e importante para el desarrollo del capital emprendedor; el problema no es el instrumento. No es que las SAS sean un instrumento que puedan en sí mismo identificarse como una actividad ilícita”, pero requieren de “un régimen de transparencia”.
“Hay un problema más de fondo que tiene que ver con algunos vicios de nuestra Ley de Sociedades”, observó y sugirió que “en algún momento habrá que repensarla”.
Sobre la investigación llevada a cabo en Santa Fe, el magistrado apuntó que “se comprobó que en una actividad vinculada al narcotráfico, que involucraba a personas vinculadas a la organización conocida como ‘Los Monos’, tenían constituidas cerca de 40 SAS en la Ciudad de Buenos Aires, cuando todas las personas pertenecían a una organización con domicilio en la ciudad de Rosario”. Para Erbetta, esta situación “tiene que ver con el problema de falta de fiscalización que tenemos en nuestro país”.
El presidente del máximo tribunal santafesino consideró que “hay un problema metodológico” en las SAS y es que “fue un tipo regulado por fuera de la Ley de Sociedades”. “Son un tipo societario que tiene la flexibilidad de la estructura orgánica de una S.R.L., y tiene la facilidad de la transferencia de las partes de capital de las S.A., tiene lo mejor de las dos cosas”, pero “todo, en este mundo que vivimos, se tiende a simplificar, a desregular, pero nosotros precisamente por desregular el mercado interno de droga en la ciudad de Rosario tuvimos una tasa de homicidios de 26.8 cada 100 mil habitantes”, ejemplificó.
“Los controles a veces son necesarios y las fiscalizaciones también”, dijo Erbetta y cuestionó que en la ley “se hizo una regulación laxa” porque las SAS “tienen un capital mínimo, escasos controles y fiscalización, con responsabilidad limitada, el objeto puede ser plural y amplio, pudiendo en alguna medida las actividades que lo componen guardar relación entre sí”.
Sobre las SAS investigadas, explicó que es posible que “se hayan constituido en la Ciudad de Buenos Aires y no en Santa Fe porque en Santa Fe la Inspección General de las Personas Jurídicas tiene una reglamentación un poco más exigente respecto de las SAS”.
“Existe una necesidad de proyectar algunas exigencias de mayor fiscalización o control”, insistió y recomendó “generar alguna línea de unificación en el territorio nacional” con “fuerte articulación entre los organismos de control del Estado” porque “el problema es que no hay controles efectivos”. No obstante, dejó en claro que las SAS “no son la única herramienta legal que permite canalizar el dinero que proviene de actividades ilícitas” como puede suceder también con asociaciones mutuales e incluso, en menor medida, con fideicomisos.
Otra vos santafesina
Seguidamente, Walter Rodríguez, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, quien llevó a cabo la investigación relató cómo nació la causa, en febrero de 2020, a partir de una avioneta que trasladó droga desde Paraguay a Santa Fe, y a partir de ese hecho se descubrió “la existencia de aproximadamente 40 SAS que estaban interrelacionadas entre sí”. “Las características más sobresalientes es que todas estaban inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.
“Se habían formado en parte y casi exclusivamente para generar usinas de facturas falsas, que en su conjunto llegaron a facturar la suma de más de 700 mil millones de pesos”, precisó y agregó que “se emitieron falsamente más de 8.500 facturas”. Estas SAS, no duraban más de entre tres y cuatro meses, porque “las personas que integraban esta asociación ilícita tributaria lo que hacían era trabajar, trabajar entre comillas, fingiendo las actividades comerciales de una sociedad, y a los tres o cuatro meses, cuando percibían un contralor por parte de la AFIP abandonaban el funcionamiento de estas sociedades y constituían una nueva”.
