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HOY:  jueves 29 de febrero del 2024
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Larreta: “El Gobierno desprecia la Democracia y atenta contra la Constitución Nacional”

A través de un duro comunicado, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta, volvió a rechazar la intención del oficialismo y señaló que además de que “no va a prosperar” en el Congreso, “hará un daño gravísimo a nuestra economía”.

En la previa de una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a rechazar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia en un duro comunicado titulado “el desprecio del Gobierno nacional por la democracia”.

“El intento del Gobierno nacional de avanzar con un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema pasa todos los límites. Quieren anular un poder del Estado, despreciando la Democracia y atentando contra la Constitución Nacional”, arranca el escrito que difundió este jueves.

Para el jefe de la Ciudad, “es una violación a la Constitución pretender remover a los jueces por el contenido de sus sentencias”. “Así como en un partido de fútbol no podemos sacar al árbitro de la cancha si nos cobra un penal en contra, en una República tampoco se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos”, comparó.

El precandidato presidencial del Pro resaltó que avanzar con este proceso “es desconocer la misión propia de la Justicia, que es interpretar y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes, siendo la Corte Suprema quien tiene la última palabra. Por lo tanto, aunque al Gobierno no le guste, lo tiene que cumplir”.

“Pero lo más grave es que la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho. Es lo que garantiza la vida, la libertad y la propiedad de cualquier ciudadano. Con una Justicia sometida al poder político, como pretende este Gobierno, todos los argentinos quedamos desamparados”, sostuvo.

Rodríguez Larreta afirmó que este juicio político “promovido por el propio presidente de la Nación es un ataque más al Poder Judicial sobre el que tenemos dos certezas: la primera es que no va a prosperar, y la segunda es que hará un daño gravísimo a nuestra economía”.

En esa línea, se preguntó: “¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial? ¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?”.

“Hace meses vengo recorriendo el país y no hay un solo argentino que me haya dicho que su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte. Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades”, expresó.

A sabiendas de la realidad de los números en ambas cámaras del Parlamento, lo que hace difícil que el juicio político pueda prosperar en el recinto, el jefe porteño aseveró en tono electoral: “Los vamos a frenar en el Congreso. Estamos cada día más cerca del cambio. En cada argentino veo la fuerza para construir juntos un país distinto, que respete la Constitución y que se ocupe de los problemas de verdad, los que nos afectan a todos cada día. El futuro es respetando la ley”.

La relación entre el Gobierno y la Corte Suprema terminó de tensarse cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de coparticipación que tuvo hace dos años atrás. Esta es una de las causales que plantea el oficialismo en su pedido de juicio político.

En diciembre pasado, la Corte ordenó que se entregue el 2,95% de los fondos coparticipables al territorio porteño, que vio una merma en esos recursos cuando en septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5% a 2,32% la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tres meses después, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4% la coparticipación, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.