domingo 04.06.2023

Nación pretende que las provincias paguen los $15 mil millones que le deben a Cammesa


El gobierno nacional quiere cobrarle a las provincias la deuda que mantienen por la distribución de energía. Sumados los distritos le deben a Cammesa más de $15 mil millones, y en la Casa Rosada apuntan especialmente a Córdoba y Santa Fe.

Cammesaes una compañía público privada que vende la energía a las distribuidoras provinciales. En la mayor parte de los casos los estados locales tienen sus propias empresas distribuidoras de energía, como es el caso de EPEC en Córdoba, EPE en Santa Fe o ENERSA en Entre Ríos que cobran las facturas a sus clientes.

Entre los varios ítems que aparecen en la boleta se encuentra el VAD, Valor agregado de distribución que representa el costo de abastecimiento de cada empresa provincial. «Cuando la distribuidora cobra una factura debe separar lo que es propio y pagarle el resto a Cammesa», explicó Andrés Di Pelino, Directores del CERES (Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos) de la Universidad de Belgrano.

Por diferentes motivos la mayor parte de los estados provinciales mantienen grandes deudas con Cammesa que sumadas superan los $15 mil millones. En el oficialismo sostienen que ese dinero, una vez cobrado a los usuarios, es utilizado por las gobernaciones para «hacer caja».

En la Casa Rosada están furiosos porque mientras el peronismo, encabezado por el mandatario mediterráneo Juan Schiaretti reclama que la ciudad y la provincia de Buenos Aires paguen de su tesoro los subsidios a Edenor y Edesur, cobran tarifas que en Córdoba o Santa Fe que duplican los costos que se pagan en otros distritos.

Verónica Geese, Secretaría de Energía de Santa Fe asegura que los precios que cobra la provincia tienen relación con la densidad poblacional del distrito.

«En el Ministerio no están lo suficientemente informados de cómo se conforman las tarifas de transmisión y distribución. Santa Fe, tiene 55 mil kilómetros de línea con 11 usuarios por kilómetro y en Buenos Aires son 700 por kilómetro. En un caso la tarifa se divide por 11 y en otro por 700. Por eso es más cara», detalló la funcionaria.

«Es cierto que Edenor y Edesur tienen una ventaja extraordinaria, porque sus usuarios están concentrados todos juntos, pero de todas formas hay distorsiones enormes respecto al interior. En algunos lugares la diferencia es de siete veces», señaló Di Pelino.

¿Cómo se explica que los costos sean tan distintos? «Las realidades de cada empresa son distintas, porque algunas hicieron inversiones de bienes de capital y tienen servicios más modernos y eficientes. Los estados provinciales se caracterizaron en no ponerle plata al sistema. Las compañías que anduvieron mejor fueron las privadas, aunque nos pese», analizó el economista.

Geese niega que Santa Fe tenga deuda exigible para el estado nacional. «Cerramos un acuerdo en octubre de 2015 para el pago de la deuda con Cammesa que en noviembre del año pasado se volvió a negociar», recordó.

El primer convenio preveía que si otra distribuidora provincial cerraba un mejor plan de financiamiento que EPE, ese mismo plan debía aplicarse a la empresa santafesina. Y el acuerdo de 2017 le daba a Santa Fe 10 meses de gracia antes de empezar a pagar su deuda. Por eso afirma que la provincia está al día con el estado nacional.

«Nos quieren hacer pagar el costo económico y político de las tarifas. Llama mucho la atención que siempre se le pegue a las distribuidoras más importantes que son Santa Fe y Córdoba», se quejó la funcionaria.

Las deudas de las provincias no son una novedad. «No es un fenómeno nuevo, es herencia de la época de Julio De Vido y Axel Kicillof que hicieron un desaguisado descomunal. Hubo un plan de convergencia de tarifas para todo el territorio y muchas empresas dejaron de pagar», recordó Di Pelino.

El gobierno apunta a cobrar las deudas para con ese dinero mantener los subsidios a los hogares más pobres: más de cuatro millones de personas reciben la tarifa social de energía.

En el caso de Córdoba la deuda superaría los $2500 millones y en el santafesino se trata de menos de $1800 millones que no son «deuda exigible».

Fuente: LPO