El estallido policial se desactivó con un decreto inevitable, pero dejó al descubierto problemas de conducción, desgaste institucional y una gestión que empezó el año corriendo detrás de los conflictos.

La protesta que se extendió en Rosario y la capital provincial derivó en un giro oficial: recomposición del básico, adicionales operativos y anulación de medidas disciplinarias. El Gobierno provincial firmó el decreto que fija un nuevo piso salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario, dejó sin efecto pases a disponibilidad y busca cerrar un conflicto de alto impacto institucional.

Lejos de apagar el incendio, el Ejecutivo eligió echarle combustible. Y el encargado de hacerlo, una vez más, fue el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, voz oficial de una gestión que frente al conflicto social responde con decretos, sanciones y discursos punitivos.