Sadop confirmó el paro y reforzó el frente docente. La política salarial provincial quedó bajo fuerte presión política y sindical. Públicos y privados confluyen en el rechazo. El primer día hábil del calendario escolar se proyecta como una jornada de alta conflictividad.
El estallido policial no solo derivó en aumentos salariales y el relevo del jefe de la UR II. También dejó al descubierto un problema más profundo: policías con años de servicio que no alcanzan el piso económico requerido para acceder a una vivienda social del propio Estado que los emplea.
La protesta que se extendió en Rosario y la capital provincial derivó en un giro oficial: recomposición del básico, adicionales operativos y anulación de medidas disciplinarias. El Gobierno provincial firmó el decreto que fija un nuevo piso salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario, dejó sin efecto pases a disponibilidad y busca cerrar un conflicto de alto impacto institucional.
Lejos de apagar el incendio, el Ejecutivo eligió echarle combustible. Y el encargado de hacerlo, una vez más, fue el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, voz oficial de una gestión que frente al conflicto social responde con decretos, sanciones y discursos punitivos.
La Policía santafesina llega a este punto agotada, saturada y mal paga. No es una novedad. Lo novedoso —y grave— es que durante meses la gestión provincial eligió no ver, no escuchar y no dialogar.
El plan provincial busca brindar seguridad jurídica mediante la escritura gratuita de viviendas sobre suelo municipal. La Legisladora coordina acciones con municipios y equipos técnicos para garantizar la titularidad dominial de familias de la región.
El intendente de la capital provincial convocó a dos ex concejales y reabrió una discusión recurrente: cómo los frentes amplios engrosan la estructura política del Estado para sostener la gobernabilidad.
Tras el discurso del intendente, oficialismo y oposición marcaron diferencias. Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel cuestionaron el diagnóstico de gestión y apuntaron a la brecha entre relato oficial y realidad barrial.
En las últimas horas, el conflicto ingresó de lleno en la agenda del poder central y es seguido con atención permanente desde el Ejecutivo Nacional, donde crece la preocupación por una escalada que exceda los límites santafesinos.
Florencia Carignano desenchufó cables del sistema de audio durante un cruce parlamentario. El episodio impactó en el desarrollo de una jornada marcada por la tensión política. El oficialismo habló de obstrucción; la oposición, de protesta política.
La huelga nacional alterará servicios esenciales y el funcionamiento urbano en simultáneo con el tratamiento legislativo de la Reforma Laboral. Sin colectivos, bancos ni actividad portuaria, Rosario y Santa Fe viviran una jornada de fuerte impacto sindical mientras Diputados discute la ley impulsada por el oficialismo.