La discusión sobre el grado de autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) se volvió uno de los ejes más intensos de la Reforma Constitucional santafesina. En un escenario cargado de tensiones políticas y gremiales, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson expusieron sus posturas ante los convencionales, dejando definiciones clave sobre el futuro institucional de ambos organismos.
La discusión sobre el grado de autonomía de Acusación y Defensa no es nueva en Santa Fe. Desde la reforma judicial penal de 2009, se fueron consolidando modelos de funcionamiento más modernos, pero aún con vínculos orgánicos con el Poder Judicial o con la Legislatura. Ahora, el oficialismo propone incluir en la Constitución figuras institucionales con plena autarquía, independencia funcional y presupuestaria, siguiendo experiencias nacionales y de otras provincias.
“Nosotros tenemos que ser independientes de los tres poderes del Estado”, sostuvo sin rodeos Vranicich, al pedir que el MPA sea un organismo extrapoder. La funcionaria cuestionó los proyectos que atentan contra esa idea —como aquellos que proponen mandatos coincidentes con los del gobernador o limitaciones a la potestad de suspender fiscales— y alertó que un diseño subordinado “afecta la capacidad de persecución penal”.
Vranicich: “El MPA debe ser independiente de los tres poderes del Estado”
Durante su presentación, María Cecilia Vranicich fue enfática al afirmar que el MPA debe constituirse como un organismo extrapoder con plena autonomía y autarquía. “Nosotros tenemos que ser independientes de los tres poderes del Estado”, insistió, y cuestionó con dureza los proyectos que buscan condicionar el funcionamiento del Ministerio Público, como los que proponen mandatos coincidentes con el Poder Ejecutivo. “Eso claramente va a afectar la independencia del MPA”, sentenció.
También señaló que el sistema de remoción actual, a cargo de la Asamblea Legislativa, entorpece las respuestas institucionales ante hechos graves, y propuso un nuevo diseño con más herramientas internas de control y sanción:
“No podemos esperar a que se convoque una sesión de la Legislatura para actuar en casos urgentes. Necesitamos tener la potestad de suspender a un fiscal cuando la situación lo amerita, sin depender exclusivamente de una instancia política”.
Además, Vranicich respondió a las objeciones gremiales sobre una posible afectación de los derechos laborales:
“Se ha generado una falsa disyuntiva en decir que si el MPA es independiente, se afecta a los trabajadores. No es así. Ningún derecho laboral va a ser vulnerado. Lo que sí necesitamos es un perfil distinto de empleado, con una lógica de trabajo orientada a la persecución penal moderna y eficiente”.
Robinson: “La Defensa es para quienes más lo necesitan, no cualquier abogado puede asumir ese rol”
Desde el Servicio de Defensa, Estrella Moreno Robinson también defendió la autonomía institucional, aunque con una mirada más institucionalista y cautelosa. Subrayó que la defensa pública cumple un rol clave en garantizar igualdad ante la ley y acceso a justicia para los sectores más vulnerables:
“Tenemos que pensar en instituciones, no en personas. La Defensa está para los que no tienen recursos, para los excluidos, para quienes enfrentan al sistema con menos herramientas. Eso exige una formación y una vocación muy particular. No cualquiera puede ser defensor público”.
Robinson también reclamó mayor injerencia del organismo en el proceso de selección de sus integrantes:
“Hoy no tenemos un peso real en el diseño del perfil de quienes se postulan. Necesitamos poder evaluar vocaciones, trayectorias y capacidades específicas, porque no se trata solo de aplicar la ley, sino de comprender las realidades sociales de nuestros asistidos”.
Al igual que Vranicich, criticó los proyectos que subordinan a la Defensa al ritmo del Poder Ejecutivo:
“Los mandatos no pueden coincidir con los del gobernador. Eso atenta contra la estabilidad, la planificación institucional y la independencia. La Defensa no puede estar sujeta a los vaivenes políticos”.
Coincidencias y diferencias
Si bien ambas funcionarias tienen enfoques distintos —más técnico y operativo el de Vranicich, más estructural y social el de Robinson— coinciden en la necesidad de consolidar instituciones modernas, autónomas y eficientes, y en que los derechos laborales están garantizados por la Constitución Nacional.
También reclamaron igualdad de representación en el futuro Consejo de la Magistratura, pidiendo que sus órganos tengan el mismo peso que los legisladores o representantes del Ejecutivo, y rechazaron propuestas que reducen su participación en los procesos clave.
Resistencias gremiales y advertencias desde adentro
Pese a los argumentos jurídicos y políticos a favor de la independencia institucional, los gremios judiciales se oponen a que MPA y Defensa se conviertan en organismos extrapoder. Consideran que ese diseño podría impactar en los derechos laborales, las condiciones de trabajo y la carrera judicial de sus afiliados.
Desde los sectores más críticos, se denuncia una supuesta “excusa institucional” para desarmar el sistema de estabilidad y representación sindical. Vranicich respondió con firmeza: “No va a haber afectación a ningún derecho laboral”. Sin embargo, el conflicto sigue abierto.
El poder de decidir: cuando la mayoría anticipa el resultado
Más allá del debate técnico y político, el clima general dentro de la Convención indica que este tema, como muchos otros, se resolverá por la fuerza de los votos. Con una mayoría sólida en manos del oficialismo, la posibilidad de avanzar con la autonomía del MPA y de la Defensa parece un hecho. Incluso algunos convencionales anticipan que “se avanzará hasta donde dé”, dejando en claro que el margen para la disidencia es limitado.
En ese marco, la tensión se traslada a los pliegos finos del articulado, el régimen de remoción, el control presupuestario y la relación futura con el Ejecutivo. También quedó en evidencia la disputa entre actores con poder real dentro del sistema judicial: el MPA quiere más capacidad de acción y menos dependencia de la Legislatura, mientras que sectores del peronismo y parte de la oposición prefieren mantener algún tipo de contrapeso político.
Lo que viene: un diseño en disputa
La próxima etapa de la discusión estará marcada por el ingreso de dictámenes y la votación en el recinto, donde se anticipa que el oficialismo impulsará un modelo de mayor independencia institucional para ambos órganos, aunque posiblemente con diferencias de grado entre el MPA y la Defensa.
Mientras tanto, las tensiones entre el Poder Judicial, los gremios y el Gobierno provincial reflejan que, lejos de ser un debate meramente técnico, lo que está en juego es una reconfiguración profunda del sistema de justicia penal en Santa Fe, en un contexto donde la política —otra vez— define los límites de la autonomía.
