La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley este jueves el proyecto de reforma judicial y elevó a siete los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En primer término, la media sanción la dio la Cámara baja con 34 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Luego fue el turno de la Cámara alta, donde no contó con el acompañamiento del PJ, que se abstuvo.
La flamante ley plantea una Corte de siete miembros (uno más que la composición actual), cuyo límite de edad para ejercer el cargo es de 75 años. Además, se contempla la posibilidad de que la Corte realice audiencias públicas.
El interbloque de Unidos contó con el acompañamiento del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y del Perottismo. En cambio, la iniciativa fue rechazada por algunos bloques del PJ – de las diputadas Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Verónica Baró Graf y Miguel Rabbia-, y por los bloques “celestes”.
La Corte Suprema tendrá 7 miembros, sus integrantes cesarán automáticamente en sus funciones al cumplir 75 años salvo que el gobernador vuelva a proponer sus pliegos y los mismos sean aprobados en la Legislatura, en el proceso de nombramiento de los nuevos magistrados habrá una instancia donde se pueden incluir preguntas y observaciones de la ciudadanía, y los mismos –como todo el resto de los integrantes del Poder Judicial– deberán ir a trabajar diariamente a sus despachos. Esas son las novedades principales que introduce en el funcionamiento del máximo tribunal de la Justicia santafesina la ley que, luego de un acuerdo gestado por la mañana en un plenario de comisiones, fue aprobado este jueves a la tarde la Cámara de Diputados provincial y minutos después validó el Senado en un trámite exprés. En los hechos, la norma es la llave para que el gobernador Maximiliano Pullaro concrete uno de los objetivos que se propuso al iniciar la gestión: producir un recambio tajante en el máximo tribunal de la provincia.
El texto acordado en la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda tomó como base el proyecto presentado por el socialista Joaquín Blanco pero incorpora puntos incluidos en otros, como el del diputado de Creo Ariel Bermúdez y el del Frente Amplio por la Soberanía Fabián Palo Oliver. Era el único dictamen ya que el perottismo, que tenía su propio proyecto, también lo firmó, aunque en disidencia. En el recinto, la votación fue: 34 a favor, 12 negativos y una abstención. Además de Unidos, respaldaron la iniciativa en general el perottismo y el Frente Amplio por la Soberanía.
Frente a la edad límite de 75 años que establece la nueva norma para los jueces de la Corte, surge la pregunta: ¿la misma corre también para los cortesanos actuales o solo para los futuros? Se desatará –ya se desató en la sesión de Diputados– una guerra de interpretaciones: ninguna norma legisla para atrás, es decir que esta no alcanzaría a priori a los actuales miembros de la Corte. Pero a la vez tampoco suena prolijo que el tribunal que conduce el Poder Judicial incumpla la letra, nueva es cierto, de su propia ley orgánica. Esto último le puede dar al mandatario provincial argumentos políticos para definir él, por decreto, eso que tres de los cinco actuales magistrados en esa condición no aceptaron hacer por sí mismos –dar un paso al costado– y probablemente intenten resistir jurídicamente.
Los jueces que superan esa edad y se niegan a dejar la Corte son Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco. Mario Netri y María Angélica Gastaldi presentaron sus renuncias, el primero desde fin de año la segunda desde abril. Otra vez la pregunta: ¿firmará a partir de esta norma Pullaro el decreto para que cesen en sus cargos también los tres díscolos o se conformará con proponer a los postulantes de las tres vacantes que se generan por las dos renuncias y la la incorporación de un séptimo integrante?
En los pasillos de la Casa Gris la posibilidad del decreto parecía ganar cuerpo. En la sesión legislativa varios diputados de la oposición lo daban como un hecho y de ahí se agarraban para cuestionar que lo que busca el gobernador es crear «una Corte adicta». Desde el oficialismo, José Corral, que cerró la lista de oradores, abonó la hipótesis al señalar que el gobernador tiene derecho a utilizar todas las herramientas constitucionales a su alcance para producir el recambio que impulsa
Tras realizar su sesión y esperar el trámite parlamentario, el Senado votó este mismo jueves, luego de un cuarto intermedio y en pocos minutos, lo aprobado más temprano por la Cámara baja y convirtió en ley la reforma judicial. Fue con 13 votos afirmativos, 2 abstenciones del PJ y la ausencia de 4 senadores.
Intervenciones
La justificación en la Cámara Baja estuvo a cargo de la socialista Lionella Cattalini, quien destacó que se votó una ley con “varias miradas y que habla de la necesidad de repensar las instituciones”.
“La Justicia es la institución que mayor desconfianza genera en la ciudadanía. Tenemos la intención de dar los debates de frente para que las instituciones funcionen mejor”, apuntó.
Cattalini agregó que el proyecto busca abarcar varios temas, “entre ellos el más controvertido que propone una Corte de siete miembros”. “Seguimos un criterio de claridad y eficiencia jurídica”, explicó.
También apuntó que “el proyecto viene a salvar el debate de la finalización de los mandatos de las y los cortesanos (y) buscamos una correlación con la Constitución Nacional, fijándolo en 75 años”.
“Aquellos actores que les gusta hablar de monarquía son los mismos que quieren atarse a cargos vitalicios. En esta Legislatura sabemos cuándo se termina nuestro mandato. Hay que dar el debate”, justificó Cattalini.
“Además habrá un instrumento civil donde los ciudadanos podrán dar sus pareceres ante la elección de los cortesanos”, agregó.
Sobre los cargos anexos a crear, Cattalini desctacó que “solo serían dos nuevos puestos ante los más de cinco mil que tiene el cuerpo», mencionado la importancia de estas personas “para generar estadísticas de calidad”.
Acompañó el tratamiento de este proyecto el Frente Amplio por la Soberanía, cuya justificación estuvo a cargo de Fabián Palo Oliver, quien apuntó: “Merecíamos este día para dar una discusión postergada en la provincia de Santa Fe. Los cortesanos tienen un promedio de vida de 77 años y de 26 años de mandato.»
“Es una Corte que garantizó la impunidad en dos causas centrales: la represión de diciembre de 2001 y la inundación de 2003. Tenemos la firme convicción de que estos cortesanos no pueden estar más en su cargo”, agregó.
Entre el peronismo que votó a favor, el exministro Marcos Corach habló del “tiempo político” que transita la provincia, donde hay un Ejecutivo “que impulsa un proyecto, con diferentes falencias, es verdad, pero que abre la posibilidad de discutir algunos temas”. Votaron a favor pero absteniéndose de los artículos 2 y 7.
El bloque Somos Vida votó negativamente “por un montón de motivos”, según apuntó la Diputada Silvia Malfessi.
«De un plumazo, pasamos de 6 a 1 miembro de la Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe. En una sola sesión (y habiendo tomado conocimiento del dictamen final elaborado por el oficialismo tan solo una hora y media antes de la sesión) la mayoría oficialista sancionó una ley que ordena el cese automático de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe al cumplir 75 años de edad», dijo la legisladora.
Malfessi ahondo: » De esta forma se destituye en forma automática a 5 de los 6 Jueces de la Corte. Asimismo, se amplía el número de Jueces del máximo tribunal de la provincia a 7 y se consagra la paridad de género. Ante semejante acefalia judicial es muy probable que el Gobernador envié en las últimas sesiones ordinarias los pliegos de los nuevos Jueces reemplazantes. Y, de seguir el criterio de nombramiento reciente de dos candidatos que no habían aprobado el examen previo, estamos con un grave peligro institucional» .
«Asistimos a un nuevo atropello que lesiona gravemente a nuestra República en la Provincia de Santa Fe», expreso la legisladora del Partido Libertario.
Entre el sector del peronismo que rechazó (fueron cuatro legisladores), la diputada Lucila de Ponti explicó que “nadie puede utilizar el poder circunstancial para moldearlo a su medida”.
“Pueden tener la legitimidad de los votos pero las decisiones que tomemos deben estar orientadas a protegar la calidad institucional”, amplió.
Y apuntó: “Hay que tener diálogo con los actores directamente involucrados, es decir, al conjunto de actores que conforman el Poder Judicial”.
Tampoco votó a favor la exvicegobernadora Alejandra Rodenas, quien señaló la falta de “consenso, diálogo y respeto” en el Recinto más allá de que “no se piense igual”.
“El gobernador tenía en sus manos la posibilidad de convocar a todos los sectores. ¿Hacía falta no escuchar a nadie?”, agregó.
Y cerró: “Esto no es una reforma sino un dispositivo de afinidades políticas cuyo mayor problema es saber si tiene legitimación social».
“Le pedimos eficiencias a los trabajadores judiciales y acá hay diputados que no asisten a las comisiones ni presentan proyectos; hay algunos que hacen más trabajo ejecutivo que legislativo”, cuestionó Juan Domingo Argañaraz, del bloque Inspirar, quien también cuestionó «que sean siete y no cinco los jueces».
