Este jueves, un grupo de familias se manifestó en la explanada de la Legislatura santafesina para reclamar por una serie de casos judiciales en los que distintas personas se encuentran detenidas en el marco de casos a los que consideran como “falsas denuncias”.
Con un escrito detallado en mano, los denunciantes (Silvana Salinas, Claudia Domínguez, Fernanda De Luca, Carlos Astorri y Franco Scali) solicitaron respuestas concretas respecto a denuncias que, según afirmaron, datan de 2021 y hasta el momento no han recibido tratamiento. Las acusaciones giran en torno a «faltas graves» en procesos de persecución penal, particularmente en casos de violencia de género y delitos sexuales, donde, según ellas, se han vulnerado derechos fundamentales de los acusados.
En ese marco, Fernanda Deluca, esposa de Juan Trigatti, el docente absuelto tras una denuncia de abusos en la escuela Ceferino Namuncurá, fue recibida por la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, con el objetivo de que se investiguen fallos similares al de su esposo.
En diálogo con la prensa local, Deluca explicó que la manifestación “reclama la falta de transparencia en los procesos de investigación penal en este tipo de denuncias, con documentación fundada sobre irregularidades graves cometidas por los fiscales en la investigación de estos casos”.
La diputada Silvana Di Stefano del Bloque Radical es una de las legisladoras encargadas de investigar estos casos de denuncias contra fiscales y recibió este jueves a Deluca. “Pudimos expresarle nuestra preocupación por todas las denuncias presentadas, que no han tenido ningún tipo de respuesta, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados”.
En el documento presentado, la agrupación denuncia una serie de prácticas que consideran alejadas de los principios de objetividad, transparencia y celeridad que deben regir el accionar judicial. Entre las acusaciones destacan la manipulación de testigos, la desaparición de pruebas clave y la invocación de información tergiversada para fundamentar acusaciones. Además, cuestionaron el uso de testimonios en Cámara Gesell bajo la intervención de profesionales del MPA, en lugar de un equipo interdisciplinario independiente, tal como lo establece el Código Procesal Penal.
Las representantes también señalaron que los fiscales involucrados habrían aplicado estrategias que afectan la presunción de inocencia y fuerzan a los acusados a aceptar juicios abreviados para evitar penas mayores, aun cuando afirman ser inocentes.
Entre las irregularidades, los manifestantes resaltaron graves situaciones como desaparición de pruebas, falsificación de testimonios, presión sobre testigos y tergiversación de información.
Ante la gravedad de las acusaciones, Verdad y Justicia solicitó el apartamiento inmediato de los fiscales señalados mientras se lleva a cabo la investigación. «El silencio y la inacción lesionan la credibilidad de las instituciones responsables de administrar justicia», declararon las representantes, quienes además pidieron que los legisladores cumplan con su deber de garantizar la transparencia y la equidad en los procesos penales.
Con el caso Trigatti como bandera, “cada una de las familias aquí presentes presenta su propia denuncia, donde se señalan todas estas irregularidades y se pide intervención e investigación al MPA, y lo que hoy vinimos en conjunto a hacer es presentar una nota y pedir que se tome con la seriedad que se requiere y se investiguen las actuaciones denunciadas”.
