El candidato a convencional constituyente por La Libertad Avanza, Bryan J. Mayer, tomó una decisión que lo distingue del resto de los aspirantes al mismo cargo y que pone sobre la mesa una cuestión ética que ningún dirigente político podrá esquivar en las próximas semanas. Anunció que no cobrará su salario como funcionario público mientras dure la campaña electoral. Lo hizo apenas horas después de que se oficializaran las listas ante el Tribunal Electoral, con un trámite administrativo que formalizó su postura. Su gesto abre una pregunta inevitable: ¿deberían hacer lo mismo los demás candidatos que ocupan cargos en el Estado?
La medida de Mayer no es menor. En el actual escenario político, donde el discurso de la austeridad y la eficiencia estatal es bandera de La Libertad Avanza, su decisión no solo responde a una cuestión de principios sino que marca la cancha para el resto de los competidores. En su mismo departamento, Castellanos, hay varios candidatos que continúan en funciones y cobrando sueldos del Estado: el senador Alcides Calvo (PJ), el concejal Lisandro Mársico (PDP) y la secretaria de Gobierno de Sunchales, Andrea Ochat (PS), entre otros. Todos ellos, de ahora en adelante, tendrán que explicar por qué no siguen el mismo camino.
«Si bien es un derecho participar de actos electorales para todo ciudadano argentino, no considero oportuno recibir un salario como funcionario público para tareas que se podrían ver afectadas momentáneamente por mi desarrollo en campaña», argumentó Mayer al presentar su renuncia a la percepción de haberes. La decisión encaja con los antecedentes de su espacio político: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sortea su sueldo, y el propio Javier Milei lo hacía cuando era legislador nacional.
Pero la discusión que Mayer instaló no solo se limita a los convencionales constituyentes. La pregunta que inevitablemente emerge es: ¿debería hacer lo mismo el gobernador Maximiliano Pullaro? El mandatario provincial encabezará la lista de candidatos para la reforma de la Constitución, una jugada que implica su exposición permanente en la campaña electoral. ¿Es ético que continúe percibiendo su sueldo como gobernador mientras dedica parte de su tiempo y recursos a la campaña?
El planteo no es menor. Pullaro ha demostrado ser un político que se mueve con rapidez y determinación, sin esquivar debates complejos. En su primer año de gestión impulsó reformas profundas en seguridad, obra pública y sistema previsional. Ahora, se lanza de lleno a la reforma constitucional, un desafío que le permitirá sentar las bases para la futura institucionalidad santafesina. Sin embargo, en este nuevo escenario, su rol como gobernador y como candidato se superponen. En términos éticos, la pregunta es legítima: ¿debería pedir licencia y renunciar a su sueldo mientras dura la campaña?.
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El debate está abierto. Mayer puso la vara alta y desafió, quizás sin proponérselo, a todos los que compiten por un lugar en la Convención Constituyente. En tiempos donde la política está bajo la lupa de la ciudadanía, cada decisión cuenta. Y en este caso, lo que está en juego no es solo una elección, sino la credibilidad de quienes aspiran a reformar las reglas de juego en Santa Fe.
