El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, aplicó por primera vez en el país la Ley de Reiterancia (27.785), una norma impulsada por el Gobierno nacional para evitar la liberación de delincuentes con antecedentes sin condena firme. La medida permitió que un hombre detenido transportando marihuana en la Ruta Nacional 11 quede bajo prisión preventiva, a pesar de no contar con sentencias previas.
La decisión judicial representa un cambio en la interpretación de la peligrosidad procesal de los acusados y marca un punto de inflexión en la lucha contra el delito, en particular el narcotráfico.
¿Qué establece la Ley de Reiterancia?
Aprobada en febrero de este año, la Ley de Reiterancia introduce modificaciones en el Código Penal y el Código Procesal Penal para habilitar la prisión preventiva en casos donde el imputado registre más de dos antecedentes sin condena firme.
Hasta ahora, el criterio predominante en la Justicia requería una sentencia firme para considerar a una persona reincidente. Esta nueva ley permite que un juez valore la reiteración de delitos como un factor para impedir la libertad del acusado, aún cuando las causas previas sigan en trámite.
El juez Alurralde defendió la norma asegurando que “sin esta ley, el acusado podría haber obtenido la libertad”, lo que evidencia el cambio que introduce la reforma en el sistema judicial.
El caso en Reconquista: la primera aplicación de la ley
El caso que activó la Ley de Reiterancia ocurrió en la ciudad de Reconquista. Un hombre fue detenido en un operativo en la Ruta Nacional 11 transportando varios kilos de marihuana. La detención fue producto del trabajo de la Fiscalía y el uso de un perro detector de drogas.
Si bien el acusado no tenía condenas firmes, sí registraba antecedentes por delitos contra la propiedad en la Justicia provincial, lo que permitió al juez dictar la prisión preventiva. “Se habilitó la prisión preventiva independientemente de que no haya obtenido condena”, explicó Alurralde, remarcando el impacto de la norma en la política judicial.
Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich celebró la medida y destacó la actuación del magistrado. No es la primera vez que la ministra elogia a Alurralde: en febrero pasado, durante la quema de 2,5 toneladas de marihuana en Reconquista, lo calificó como “un ejemplo para el país”, resaltando su enfoque firme contra el crimen.
Esta semana se aplicó por primera vez la Ley de Reiterancia en Reconquista, Santa Fe, para evitar que un narco con antecedentes penales sea liberado por la puerta giratoria.
Esta noticia, junto a la implementación del nuevo sistema acusatorio, es un paso más en la lucha contra… pic.twitter.com/DNUrdiSMMB
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 23, 2025
Un nuevo paradigma en la Justicia: ¿fin de la “puerta giratoria”?
Uno de los argumentos principales de la reforma es que busca cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas con antecedentes sigan en libertad y reincidan en el delito. Según Alurralde, la ley no contradice el principio de inocencia, ya que no utiliza los antecedentes como prueba de culpabilidad, sino como un criterio para evaluar el riesgo procesal.
Este cambio genera una transformación en la forma en que la Justicia maneja la prisión preventiva, especialmente en casos vinculados al narcotráfico y delitos contra la propiedad.
“No podemos dejar libre a un delincuente porque no haya lugar donde alojarlo”, afirmó el juez, en referencia a la crisis carcelaria. En respuesta, Bullrich anticipó que el Gobierno avanzará en la creación de nuevas cárceles, ajustadas al “perfil de riesgo” de los detenidos.
Críticas y desafíos de la reforma
Si bien la Ley de Reiterancia es celebrada por sectores que reclaman una Justicia más dura contra el delito, también abre interrogantes sobre su implementación y constitucionalidad.
El propio Alurralde reconoció que “la ley es un parche ante la mora judicial existente”, aludiendo a la lentitud de los procesos y la acumulación de expedientes sin sentencia. La judicialización de causas y el uso de múltiples vías recursivas generan demoras que, hasta ahora, beneficiaban a los imputados sin condena firme.
El debate se centra en cómo equilibrar la protección de la sociedad con las garantías del debido proceso. Mientras algunos sostienen que la norma fortalece la seguridad pública, otros advierten que podría afectar derechos constitucionales si se usa de manera discrecional.
Un cambio en la política criminal argentina
La primera aplicación de la Ley de Reiterancia en Reconquista marca un precedente importante en la Justicia argentina. La posibilidad de mantener presos a acusados con antecedentes sin condena firme modifica el criterio tradicional de la prisión preventiva y apunta a reforzar el poder del Estado en la lucha contra el crimen.
Sin embargo, su implementación a gran escala dependerá de cómo la interpreten los jueces en otros casos y de las garantías que se establezcan para evitar abusos o interpretaciones arbitrarias.
La reforma propone un cambio de paradigma en la política criminal: de una Justicia que solo castiga a quienes tienen condena firme, a un sistema que busca evitar que quienes reinciden sigan en libertad. La pregunta que queda abierta es si esta estrategia logrará reducir el delito o si generará nuevas tensiones en el sistema judicial y penitenciario.
