La empresa Vicentin SAIC confirmó en las últimas horas el cierre “seguro” de sus plantas industriales en Avellaneda y Ricardone. La decisión agudiza una crisis que desde hace años viene golpeando a trabajadores, proveedores y comunidades enteras del norte de la provincia de Santa Fe, donde la firma tenía un fuerte anclaje económico y simbólico. El impacto no es solo económico: es social, político y humano. Y lo que más duele —según expresan muchos vecinos— es el silencio de los dirigentes políticos que supieron construir sus carreras al calor de la defensa de esta empresa.
El comunicado de la compañía fue escueto pero contundente. Vicentin explicó que, ante la imposibilidad de asegurar contratos de fazón para mantener en funcionamiento sus plantas, y “en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta”, se decidió el cierre de sus unidades en Avellaneda y Ricardone. La empresa habla de “proteger activos” para poder “reanudar actividades” en el futuro, aunque la situación dista de ser una pausa temporal: para los trabajadores, se trata de un cierre que pone en jaque cientos de fuentes laborales.
La preocupación se hizo sentir rápidamente. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo emitió su propio comunicado advirtiendo la gravedad del escenario. Si bien indicaron que por ahora no se tomarán medidas gremiales, señalaron que están atentos a posibles incumplimientos en los pagos de salarios. La incertidumbre crece día a día, y en Avellaneda, cuna histórica de Vicentin, la tensión es palpable.
Tanto es así que la Municipalidad y la Comisión Organizadora de la Fiesta del Algodón decidieron suspender el acto central previsto para este domingo 6 de abril, “ante la difícil situación que atraviesa nuestra comunidad como consecuencia del cese de actividades de la planta de Vicentin”. Se trató de un gesto de solidaridad con las familias afectadas por el cierre, en un momento en el que la angustia social es evidente.
La política, en silencio
Mientras todo esto ocurre, las principales figuras políticas de la provincia han optado por mirar hacia otro lado. El gobernador Maximiliano Pullaro, que semanas atrás afirmaba que su prioridad era “ordenar Santa Fe y generar empleo”, no ha dicho una sola palabra sobre la situación de Vicentin. Tampoco ha habido gestos concretos para acompañar a los trabajadores ni para sostener la actividad económica en el norte santafesino.
Más llamativo aún es el silencio del diputado nacional Dionisio Scarpin, exintendente de Avellaneda y uno de los principales defensores de la empresa durante la crisis que estalló en 2019. En aquel momento, Scarpin encabezó manifestaciones y campañas mediáticas a favor de Vicentin, acusando al Estado nacional de querer expropiar una empresa “modelo” y “orgullo del norte”. Aquella defensa encendida le valió proyección política y lo catapultó al Congreso. Hoy, con los trabajadores a la deriva, no ha emitido declaración alguna.
La comunidad de Avellaneda y gran parte del norte santafesino, que durante décadas vivió bajo la órbita económica de Vicentin, observa con dolor e impotencia cómo se desmorona una estructura productiva que dio empleo directo e indirecto a miles de personas. Más aún, siente que sus dirigentes —aquellos que prometieron defender la industria y el trabajo— han optado por el silencio y la indiferencia.
Ricardone, por su parte, también sufre el golpe. La planta ubicada allí formaba parte del entramado industrial de Vicentin y generaba actividad en toda la región del Cordón Industrial santafesino. La crisis, por tanto, trasciende el norte provincial y afecta a otros núcleos productivos de la provincia.
¿Y ahora qué?
La pregunta que recorre pasillos sindicales, comercios, barrios y oficinas es la misma: ¿qué va a pasar con los trabajadores? Por ahora, no hay respuesta. Ni de la empresa, ni del Estado provincial, ni de los representantes legislativos.
Mientras tanto, las familias afectadas deben enfrentarse a una realidad que duele: quedarse sin ingreso, en una región con escasas alternativas laborales, y sin que nadie les ofrezca una solución concreta.
Lo que está en juego no es solo una empresa. Es el destino de cientos de personas, de una comunidad entera, de una identidad productiva forjada durante décadas. Y también, la credibilidad de una dirigencia política que parece haber olvidado —una vez más— de dónde viene.
