Mientras la Convención Constituyente se prepara para iniciar el debate de fondo, en los pasillos políticos santafesinos se intensifican las negociaciones y las diferencias internas. El futuro del gobernador Maximiliano Pullaro y la posibilidad de habilitar su reelección concentran buena parte de las conversaciones, tanto dentro del oficialismo como entre los sectores opositores. En paralelo, las posiciones de los socios de Unidos para Cambiar Santa Fe —en especial el PRO y el socialismo— reflejan un escenario con crecientes tensiones.
La encrucijada de la reelección
En algunos despachos comenzó a circular en los últimos días una propuesta que, bajo la idea de promover la renovación institucional, podría bloquear la posibilidad de un segundo mandato para Pullaro. El planteo consiste en fijar que los mandatos —tanto legislativos como ejecutivos— comiencen a contarse desde 2027. Esto permitiría a los actuales legisladores aspirar a dos períodos más, pero impediría al gobernador postularse nuevamente.
El argumento central que esgrimen quienes impulsan esta fórmula es que Pullaro juró bajo una Constitución que prohíbe la reelección y que habilitarla mediante una reforma que él mismo impulsa abriría un flanco político difícil de defender. “Sería saludable que el gobernador aclare públicamente que no busca su propia reelección”, deslizan incluso algunas voces dentro del oficialismo.
La caída en el caudal electoral del mandatario —del 58% en 2023 al 34% en la reciente elección de convencionales— reforzó esta línea de discusión. Pullaro, que esperaba contar con una mayoría más sólida en la Convención, se ve ahora obligado a abrir el juego y negociar con aliados que empiezan a poner condiciones. La frase que podría definir su futuro político se juega, acaso, en la letra chica del nuevo texto constitucional.
El PRO endurece su pliego y choca con el socialismo
Las diferencias no se agotan en el debate sobre la reelección. El PRO santafesino dejó trascender un pliego de condiciones que tensiona aún más la interna de Unidos. Con un tono que muchos describen como “libertario”, los convencionales del macrismo rechazan propuestas clave impulsadas por el socialismo y otros aliados.
Entre las objeciones más notorias figura la negativa a declarar intransferible la Caja de Jubilaciones de la provincia. Para el PRO, alcanza con la protección establecida en la ley y constitucionalizarla sería “atarse de manos” frente a eventuales reformas al sistema de reparto. En el mismo sentido, rechazan la creación de un Consejo de la Magistratura, argumentando su ineficacia en la experiencia nacional y los costos que implicaría.
El PRO también marcó su posición en torno a los colegios profesionales, oponiéndose a su reconocimiento en la Constitución al considerar que “las corporaciones no deben tener rango constitucional”. En sintonía, plantean limitar la autonomía municipal: la aceptan, pero sin facultades para crear nuevos impuestos ni para establecer cuerpos policiales propios.
Estas posiciones los acercan circunstancialmente a La Libertad Avanza, lo que refuerza su estrategia de ocupar el espacio de centro-derecha en Unidos y contrarrestar el avance libertario. “Para que Unidos funcione, necesitamos un socialismo muy a la izquierda y un PRO muy a la derecha”, recuerdan en el macrismo como parte de la lógica que sostuvo la alianza.
Uno sale
El socialismo, por su parte, ve con recelo estas posiciones y busca contrapesarlas sumando al bloque peronista en algunos puntos estratégicos. Las diferencias se profundizan y marcan un terreno de rosca que podría impactar directamente en la calidad y el alcance de la reforma que surja de la Convención.
La discusión de fondo sigue abierta: cómo modernizar la Carta Magna sin quedar atrapados en disputas de corto plazo ni en proyectos que respondan más a estrategias electorales que al interés general. Lo que está claro es que la reforma constitucional santafesina se juega no solo en los textos que se voten en el recinto, sino también en las negociaciones que se tejen —día a día— en los pasillos del poder.
