A menos de un mes del inicio de la reforma constitucional, la coalición gobernante Unidos para Cambiar Santa Fe enfrenta uno de los debates más ríspidos de la etapa preparatoria: qué destino darle a la Caja de Jubilaciones de la provincia. La discusión ya excede lo técnico. Se trata de un dilema político de fondo que divide al socialismo, que propone blindar por Constitución la intransferibilidad del organismo previsional, y al PRO, que resiste incluir esa cláusula en el nuevo texto constitucional.
La controversia escaló esta semana durante una ronda de encuentros entre convencionales electos y equipos técnicos del oficialismo. Bajo la temática de «Seguridad social y colegios profesionales», el debate dejó expuestas las fisuras. Por un lado, el socialismo insiste en que la Carta Magna garantice que la Caja continúe bajo control provincial, como una defensa frente a posibles intentos del Estado nacional de apropiarse de su manejo. Por el otro, el PRO plantea no cerrar la puerta a eventuales reformas futuras, con un argumento que combina pragmatismo económico y advertencias sobre el déficit estructural.
El eje de la discordia: ¿blindaje constitucional o reforma estructural?
En la redacción original de la Ley de Necesidad de Reforma, fue el bloque socialista quien logró incorporar el principio de intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones. La intención es que quede asentado en la Constitución provincial que el organismo no podrá ser cedido al Estado nacional bajo ninguna circunstancia. El socialismo entiende que es una cuestión de soberanía institucional y previsional, dado que Santa Fe es una de las pocas provincias que nunca transfirió su caja a la ANSES.
Desde el PRO, la postura es más ambigua. Aunque niegan promover un traspaso a Nación, consideran que incluir la cláusula de intransferibilidad en el texto constitucional “ataría de manos” a futuros gobiernos para realizar reformas necesarias. Señalan que el déficit crónico de la Caja representa un problema serio, que requiere ser abordado con “criterios de sustentabilidad”. Uno de los ejemplos que citan es el impacto fiscal: el rojo anual del organismo, previo a la actual Ley de Emergencia, equivalía —según estimaciones internas— al costo de construir ocho puentes Santa Fe–Santo Tomé, o diez tercer carriles en la autopista Santa Fe–Rosario.
La Unión Cívica Radical, mayoritaria dentro de Unidos, adopta una posición intermedia: sostiene la importancia de que la Caja permanezca en la órbita provincial, pero también plantea la necesidad de discutir mecanismos que aseguren su equilibrio financiero. Todo indica que, si no hay consenso previo, el debate llegará al recinto de la Convención con fuerza.
Más allá de la Caja: el Consejo de la Magistratura, otra línea de tensión
Durante la misma jornada, surgió otra disidencia de fondo. El socialismo impulsa que el Consejo de la Magistratura obtenga rango constitucional, como modo de institucionalizar un órgano técnico para la selección y evaluación de jueces. El PRO, en cambio, rechaza la idea por considerarla una «duplicación innecesaria de estructuras» y advierte que implicaría “aumentar el gasto público sin garantías de eficiencia”.
En su lugar, desde el sector que responde a la línea macrista proponen un “comité técnico o comisión evaluadora”, de carácter más acotado, que intervenga en la evaluación pero mantenga el esquema vigente: que el Poder Ejecutivo proponga y la Legislatura apruebe.
La reforma avanza, las diferencias también
Estos cruces no son aislados. Reflejan el delicado equilibrio interno de una coalición que, si bien logró una holgada mayoría en la elección constituyente, enfrenta ahora la tensión de conciliar visiones de Estado disímiles. La Caja de Jubilaciones se convirtió en símbolo de ese debate: ¿puede una provincia garantizar derechos previsionales sin comprometer su sostenibilidad fiscal? ¿Es viable blindar institucionalmente un organismo que presenta déficits estructurales sin antes discutir su funcionamiento?
La reforma constitucional de Santa Fe, que promete ser histórica, todavía no comenzó formalmente. Pero ya deja entrever que los consensos dentro del oficialismo no serán automáticos. La pulseada por la Caja anticipa lo que viene: discusiones profundas, con impactos de largo plazo.
