Desde que asumió el gobierno provincial, Maximiliano Pullaro apostó a mostrar firmeza en materia de seguridad. Sin embargo, una constante comienza a marcar la gestión: cada anuncio de alto impacto o movimiento político del Gobernador o su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, termina siendo rápidamente desmentido por la realidad o incluso por ellos mismos.
Uno de los ejemplos más recordados fue a principios de año, cuando se viralizaron imágenes de presos hacinados y maltratados al estilo Bukele, como parte de una demostración de “mano dura” que pretendía enviar un mensaje claro a las bandas narco y a la sociedad. Pero lo que vino después fue una fuerte escalada de violencia: ataques coordinados, amenazas a funcionarios y una ciudad sitiada por el miedo. El supuesto golpe de autoridad se transformó en un polvorín.
Ahora, la historia vuelve a repetirse. Luego de anunciar con bombos y platillos el vaciamiento definitivo de las comisarías rosarinas y el traslado de detenidos a cárceles del Servicio Penitenciario, el escenario cambió en apenas una semana. Este lunes por la noche, la comisaría 5ª del macrocentro rosarino (Italia al 2100) fue epicentro de un grave incidente: las presas iniciaron un motín y prendieron fuego colchones, reclamando por las condiciones de detención y la suspensión de los traslados que el mismo gobierno había confirmado como política firme. ¿Cuál será el próximo anuncio y marcha atrás con consecuencias?, es la pregunta de muchos.
En esa seccional rosarina, hay alojadas 43 mujeres, quienes reclaman mejores condiciones de detención y traslados a otras dependencias.
El episodio expuso otra vez las grietas del sistema: la capacidad penitenciaria sigue desbordada, las comisarías siguen funcionando como lugares de detención y el supuesto «modelo Pullaro» cruje bajo su propio peso. Pese a que el 24 de junio el propio Ministerio de Seguridad había anunciado que Rosario “finalizaba el proceso de vaciamiento de comisarías”, los hechos demuestran que eso no solo no ocurrió, sino que la situación empeoró.
El trasfondo parece ser siempre el mismo: decisiones improvisadas, falta de planificación de mediano plazo y una lógica más comunicacional que estructural. En el afán por mostrar reacción, cada paso dado en materia de seguridad se transforma en un tiro por la culata.
Las consecuencias no son menores. La tensión en las comisarías se vuelve cotidiana, los efectivos policiales se ven desbordados por tareas que no les corresponden, y los propios vecinos conviven con el temor a nuevos estallidos.
Pullaro y su equipo han dicho que no les tiembla el pulso para tomar decisiones duras. Pero a casi un año y medio de gestión, la evidencia muestra que la mano dura sin planificación termina siendo, una y otra vez, un error que paga caro la sociedad.
