A pocas horas del inicio formal de la Asamblea Constituyente que buscará reformar la Constitución de Santa Fe, el proceso ya está atravesado por fuertes tensiones entre el oficialismo y la oposición. La discusión sobre el reglamento interno —clave para determinar cómo se debatirán y votarán los cambios— se transformó en el primer gran obstáculo. El bloque oficialista Unidos, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro, se planta como dueño de la pelota y parece decidido a fijar las reglas del juego a su medida.
Las diferencias son profundas. Mientras el oficialismo pretende avanzar con una mayoría simple para definir los puntos centrales del reglamento, desde la oposición advierten que se busca instalar un modelo sin diálogo ni participación plural. Lejos de un clima constituyente amplio y abierto, lo que prima es la imposición de criterios definidos de antemano por quienes hoy ostentan la mayoría legislativa.
Vale aclarar que cuando se habla de oficialismo, las decisiones, definiciones y negociaciones, la llevan cuatro o cinco personas que representan al Gobierno, no todos los convencionales de Unidos.
El reglamento, eje de la primera disputa
Todavía no comenzó el trabajo formal de la Asamblea, pero ya hay ruido por los mecanismos de funcionamiento. La discusión gira en torno a un documento clave: el reglamento interno, que definirá cuántos votos se necesitarán para aprobar cada reforma, cómo se conformarán las comisiones, y si habrá o no instancias reales de participación ciudadana.
Desde la oposición aseguran que Unidos pretende avanzar sin modificar ni una coma de su propuesta original. Acusan al oficialismo de querer blindar el proceso con una lógica verticalista que impide el debate real y reduce la posibilidad de lograr consensos en los temas más sensibles.
El oficialismo, por su parte, se ampara en el resultado electoral para justificar su postura: “ganamos, y eso nos habilita a conducir el proceso”, dicen en los pasillos del recinto. Una lectura que, si bien respeta la aritmética política, choca de lleno con la idea de que una reforma constitucional requiere de acuerdos amplios, y no de mayorías circunstanciales.
Sin reglas claras, todo está en suspenso
A esta altura, lo único certero es que aún no hay acuerdo sobre cómo se votarán los futuros articulados de la Constitución. ¿Mayoría simple o calificada? ¿Las comisiones podrán modificar lo que surja en el pleno? ¿Habrá audiencias públicas o sólo se tratará de un formalismo?
Son preguntas que siguen sin responderse, y que despiertan preocupación en gran parte del arco político. La falta de definiciones alimenta el temor de que la Reforma termine siendo un proceso cerrado, de espaldas a la ciudadanía y sin el marco institucional que requiere un cambio de esta envergadura.
“Parecen más preocupados por controlar el resultado que por garantizar un proceso transparente”, resumió un constituyente opositor. La frase resume el clima enrarecido con el que, paradójicamente, se espera dar inicio a una etapa que debería ser histórica y transformadora.
¿Una oportunidad histórica desperdiciada?
Después de 62 años sin tocar la Constitución, Santa Fe está frente a una posibilidad única. Pero el tono con el que el oficialismo impulsa este proceso genera dudas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Se busca una reforma modernizadora y participativa, o una modificación funcional al poder de turno?
Hasta ahora, las señales no son alentadoras: sin diálogo, sin consensos y sin reglas claras, la Reforma amenaza con nacer mal. Si la Asamblea comienza con un reglamento impuesto unilateralmente, no solo se distorsionará su legitimidad, sino que se pondrá en juego la calidad democrática del proceso.
Lo que está en discusión no es solo qué se va a cambiar de la Constitución, sino cómo y con qué legitimidad se lo va a hacer. Y ese “cómo”, por ahora, está muy lejos de reflejar un pacto plural y democrático.
