El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe difundió este martes un comunicado en el que expresó su “desacuerdo y preocupación” por el dictamen de mayoría aprobado en la Convención Reformadora, que introduce cambios estructurales en la Justicia provincial.
La entidad judicial advirtió que la reforma, impulsada por Unidos para Cambiar Santa Fe y acompañada por el Frente por la Esperanza, se sancionó sin un consenso amplio y que tendrá un impacto profundo y de largo plazo en las estructuras judiciales y en el servicio de justicia que recibirá la ciudadanía.
En particular, cuestionaron la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, hegemonizada por representantes políticos —cuatro de sus siete miembros provienen de la Legislatura—, lo que según el Colegio afecta la independencia necesaria de jueces, fiscales y defensores. También señalaron como un retroceso la eliminación de los concursos vinculantes para la designación del fiscal general y el defensor general, que quedarán sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo.
“Se contradicen directrices nacionales e internacionales y se genera un condicionamiento en la labor diaria de magistrados y funcionarios”, expresaron desde la institución, llamando a los convencionales a advertir los riesgos y alcanzar un consenso más amplio.
Hace algunas semanas en el programa de streaming “El Diario de la Reforma” el juez y actual vicepresidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Dr. Juez Ivan Kvasina, expreso: Lo fundamental es que se respete la independencia de de estos órganos, principalmente del Ministerio Público de la Acusación, no con relación al poder judicial, sino con relación a los otros poderes”, bueno parece que el dictamen oficialista no escucho o desoyó la opinion del universo judicial.
Una reforma atravesada por la política
El dictamen aprobado representa una de las batallas centrales de la gestión de Maximiliano Pullaro, que en paralelo consiguió el aval para habilitar su reelección en 2027. El oficialismo logró imponerse en una pulseada que atravesó tensiones internas, especialmente con el socialismo, que resistía un esquema de control político directo sobre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), compuesto por unos 160 fiscales.
La negociación se resolvió con un punto de equilibrio: el Ejecutivo obtuvo un peso decisivo en la designación y remoción de magistrados y fiscales, aunque resignó que el mandato del gobernador coincida con el del fiscal general, un aspecto que hubiera subordinado aún más la política de persecución penal a la Casa Gris.
La reforma constitucional también establece que la Corte Suprema pasará a tener siete ministros, con paridad de género y representación territorial. Los jueces deberán retirarse a los 75 años o a los 20 de permanencia en el cargo, lo que en la práctica abre la puerta para que Pullaro impulse el reemplazo de tres ministros actuales que ya superan esa edad: Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez.
Claves de lo aprobado
- Corte Suprema: ampliación a 7 miembros con paridad de género y representación territorial.
- Edad límite: retiro obligatorio a los 75 años o tras 20 años de funciones.
- Fiscalías y Defensoría Pública: se convierten en un órgano extrapoder con autonomía institucional, aunque dependerán de la asignación presupuestaria del Ejecutivo.
- Designaciones: desaparece el orden de mérito vinculante en los concursos de jueces; el gobernador podrá elegir entre los postulantes aprobados.
- Fiscal General y Defensor General: ya no serán designados mediante concurso, sino por decisión política directa.
- Tribunal de Enjuiciamiento: integrado por siete miembros, con mayoría de legisladores, encargado de las sanciones y remociones.
- Justicia y política, un vínculo en disputa
La discusión de fondo que aflora en la reforma es el peso de la política sobre la Justicia. Para el gobierno, la Corte Suprema y los colegios de magistrados ejercieron históricamente un poder de veto sobre las administraciones elegidas democráticamente, protegiendo a jueces cuestionados en los jurys y trabando reformas.
Desde el ámbito judicial, en cambio, advierten que lo que se aprobó acentúa la dependencia del Poder Judicial respecto del poder político, debilitando los contrapesos y poniendo en juego la independencia de quienes deben controlar y, llegado el caso, investigar a los propios gobernantes.
