El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos Del Frade, volvió a encender las alarmas sobre el estado de las cárceles santafesinas. Esta vez, a partir de la denuncia de tres detenidos acusados de integrar la banda narcopolicial conocida como Los Menores, quienes afirmaron estar alojados en condiciones “inhumanas” en el penal de Piñero.
Los internos –Ezequiel Dilascio, Diego Aguirre y Mirko Benítez– señalaron en una audiencia realizada este lunes 1 de septiembre en la sala 7 del Centro de Justicia Penal que se encuentran incomunicados de sus familias desde hace semanas, que reciben una sola comida diaria cruda y fría, que duermen entre cucarachas, ratas y excrementos, y que no se les entrega la medicación necesaria. También denunciaron que no cuentan con elementos de higiene, que permanecen con la misma ropa desde hace tiempo y que dos personas deben compartir un colchón con una sola frazada en espacios donde el agua llega hasta los pies.
“Semejante descripción, a 42 años de democracia, produce asco y bronca. No hay justicia si no se respetan las garantías mínimas de higiene para las personas detenidas”, expresó Del Frade tras escuchar el relato de los acusados, alojados en los llamados buzones del Servicio Penitenciario provincial.
Reacciones en la audiencia y pedido de informes
El legislador relató que, durante la audiencia, el fiscal regional Matías Merlo ingresó en la sala cuando los presos terminaban de dar su testimonio, lo que para Del Frade deja en evidencia “un retroceso en materia de derechos humanos básicos en la provincia de Santa Fe”.
Por su parte, el juez Fernando Sosa recomendó a las defensas realizar los hábeas corpus correspondientes. Según el propio Del Frade, el abogado Daniel Giordano ya había presentado esos recursos con anterioridad.
En este marco, el diputado adelantó que este jueves presentará un pedido de informes para que el Servicio Penitenciario brinde explicaciones formales sobre la situación denunciada. “No habrá una sociedad mejor surgida de venganzas, apremios ilegales y exacerbación de la mano dura”, subrayó.
Los acusados y el trasfondo narco
Los denunciantes forman parte de la causa contra la organización delictiva Los Menores, liderada presuntamente por Lautaro “Laucha” Ghiselli bajo las órdenes del prófugo Matías Gazzani. El grupo, que nació en el barrio 7 de Septiembre, amplió su poder en distintos puntos de Rosario y es investigado por múltiples homicidios y negocios vinculados al narcotráfico.
Entre las imputaciones más resonantes figura el crimen de Ángel Acuña, asesinado frente a su familia en septiembre de 2024 en José Ingenieros al 8600.
Del Frade vinculó además la expansión de la banda con el desplazamiento de Andrés “Pillín” Bracamonte de la jefatura de la barra de Rosario Central. Según el legislador, la eventual llegada de Ghiselli a ese espacio tras el asesinato de noviembre de 2024 habría sido parte de la disputa por negocios millonarios en torno al fútbol y el narcotráfico.
Críticas al doble estándar
Para el diputado del FAS, la situación revela un doble estándar en la aplicación de la justicia: “Hay mucha mano dura contra presos de alto perfil, pero muy poca investigación sobre los verdaderos negocios que se mueven más allá de la sangre derramada”.
En ese sentido, advirtió que la autoría intelectual de varios crímenes recientes “aparece muy lejos de conocerse” y cuestionó la falta de avances en torno a las responsabilidades empresariales, policiales, políticas y sindicales detrás de estas tramas.
“Los matadores intelectuales parecen estar lejos de la realidad cotidiana de los barrios más pobres, y mucho más de los nauseabundos buzones de Piñero”, concluyó Del Frade.
Un problema recurrente
No es la primera vez que durante la actual gestión provincial se denuncia el estado de los centros penitenciarios. Organismos de derechos humanos y legisladores de la oposición vienen alertando sobre condiciones insalubres, hacinamiento y falta de garantías mínimas para los reclusos.
El caso de Piñero, una de las cárceles de mayor seguridad de la provincia, vuelve a exponer un conflicto estructural: la convivencia entre el discurso oficial de “mano dura” y las denuncias persistentes por violaciones a los derechos humanos en el sistema carcelario santafesino.
