La Convención Constituyente santafesina encara este miércoles una de las votaciones más sensibles del proceso de reforma: los cambios en la Justicia provincial. El dictamen de mayoría, alcanzado tras arduas negociaciones, modifica la selección y el control de jueces, fiscales y defensores, incorpora nuevas instituciones y redefine el equilibrio entre los poderes del Estado.
Un acuerdo forzado por la rosca
Las deliberaciones de la comisión Redactora expusieron la fragilidad del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, que debió aceptar modificaciones profundas para mantener la cohesión interna y, al mismo tiempo, atender los reclamos de los estamentos judiciales. La sucesión de cuartos intermedios y la fragmentación del dictamen en “pedazos” para avanzar por tramos reflejaron la intensidad de la rosca.
“Para ser sinceros, llegamos hasta donde pudimos”, admitió el convencional radical Fabián Bastía, en una frase que sintetizó las concesiones realizadas.
La presión del poder judicial
El pronunciamiento de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) fue decisivo. La entidad advirtió que el esquema original comprometía la independencia judicial al otorgar excesiva discrecionalidad al Ejecutivo en la designación de magistrados y al configurar un Tribunal de Enjuiciamiento dominado por la política. El mensaje fue recibido con fuerza por los convencionales oficialistas, que terminaron reescribiendo buena parte del articulado.
Los cambios centrales del dictamen
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Corte Suprema de Justicia: quedará integrada por siete ministros, con paridad de género y representación territorial. Se fija un límite de 75 años para permanecer en el cargo. Los ministros seguirán siendo designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
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Procuración General: se la incorpora al Poder Judicial, con funciones de asesoramiento ante la Corte y en defensa de la legalidad e intereses generales de la sociedad.
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Ministerio Público: se constitucionalizan el Ministerio Público de la Acusación (orientado a la persecución penal) y el de la Defensa (enfocado en garantizar el acceso a la justicia de sectores vulnerables). Ambos con autarquía financiera y autonomía funcional. El Fiscal General y el Defensor General serán designados por el Ejecutivo con acuerdo legislativo, por cinco años renovables una sola vez.
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Consejo de Selección: las ternas que este órgano eleve al gobernador serán vinculantes, limitando la discrecionalidad política. Estará integrado por un juez, fiscal o defensor según la vacante, un diputado, un senador, un abogado matriculado en la provincia y un académico de universidades públicas.
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Tribunal de Enjuiciamiento: se amplió la representación judicial. Estará compuesto por tres representantes de la Justicia (incluido un ministro de la Corte, el Fiscal General o el Defensor General, que presidirán según el caso), seis legisladores (tres diputados y tres senadores con representación de minorías) y dos abogados.
Un delicado equilibrio
El oficialismo buscó mostrar el rediseño como una garantía republicana. “No me parece republicano que los miembros de un poder pretendan ser incontrolables. Todos deben tener mecanismos de control”, defendió Lisandro Enrico, presidente de la comisión de Poder Judicial.
Sin embargo, la letra final del dictamen refleja más un equilibrio inestable que una victoria política de Unidos. Los cambios fueron arrancados bajo presión y dejaron entrever la fragilidad del bloque frente a los reclamos de jueces, fiscales y defensores.
Lo que viene
El pleno de la Convención votará en la tarde de este miércoles los artículos vinculados al rediseño judicial. Lo que se defina marcará un antes y un después en la arquitectura institucional de la provincia. La incógnita es si los consensos logrados en el bloque mayoritario alcanzarán para sostener la reforma frente a las resistencias que persisten en ámbitos de la Justicia, todavía desconfiados de un esquema que consideran “politizado”.
