La reciente revelación sobre un pago de 10 millones de pesos autorizado por el Ministerio de Educación de Santa Fe al exministro porteño Mariano Narodowski por una “asesoría” vinculada a la reforma constitucional encendió polémicas en el ámbito político y gremial. La noticia aparece en un contexto delicado: la relación del Ejecutivo con la docencia atraviesa uno de sus peores momentos, tras la decisión de ajustar con los salarios de los maestros y, sobre todo, con los haberes jubilatorios.
La situación cobra aún mayor contraste si se la compara con la austeridad exhibida por la propia Convención Constituyente. Su presidente, el senador Felipe Michlig, aseguró que el proceso de reforma se llevó adelante gastando apenas entre el 35% y 40% del presupuesto previsto, defendiendo —según dijo— “los impuestos de los santafesinos”.
En menos de un mes, el gobierno de Maximiliano Pullaro quedó envuelto en dos episodios que abren dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos. Primero, con el pago de $10 millones al exministro macrista Mariano Narodowski por una “asesoría” en el marco de la Reforma Constitucional, mientras el Ministerio de Educación tuvo un rol casi nulo en el debate del proceso. Y ahora, con la denuncia sobre la entrega de más de $1.000 millones a una Asociación Civil cuestionada, en el marco de los programas de prevención de adicciones de APRECOD, bajo la órbita de la ministra de Igualdad, Victoria Tejeda.
Una asesoría bajo la lupa
El pago a Narodowski, exministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri, aparece registrado como una “asesoría en el marco de la reforma constitucional”. Sin embargo, el Ministerio de Educación provincial tuvo una participación prácticamente nula en el debate y en la difusión de la reforma hacia las escuelas e instituciones educativas de Santa Fe.
El único antecedente público de vinculación del ministro José Goity con el proceso se dio en un panel organizado por la Universidad Torcuato Di Tella el pasado 15 de julio, en Buenos Aires, bajo el título “La Educación protagonista de la Reforma”. En ese evento participó junto al propio Narodowski, académico de la misma casa de estudios.
La paradoja fue evidente: mientras la reforma se discutía en Santa Fe, la voz oficial de la cartera educativa se expresó en un ámbito privado y externo, a la distancia de las aulas provinciales.
Narodowski fue ministro de Educación de la Ciudad entre 2007 y 2009. Su gestión estuvo marcada por la reducción de 30 mil becas a estudiantes secundarios y por el escándalo del espía Ciro James, acusado de realizar escuchas ilegales a docentes y referentes sociales desde el ministerio. Ante la imposibilidad de explicar su rol en el área, Narodowski debió renunciar en medio de protestas gremiales y estudiantiles.
Este historial genera suspicacias en torno a la oportunidad y el sentido de su contratación, en especial cuando los gremios docentes santafesinos reclaman por salarios congelados y jubilaciones recortadas.
Michlig y la austeridad de la Convención
Mientras tanto, el presidente de la Convención Constituyente, Felipe Michlig, destacó la sobriedad con que se organizó el proceso de reforma: “Gastamos entre el 35% y 40% del presupuesto. En estos tiempos, ser austeros también es defender los impuestos de los santafesinos”, afirmó.
La comparación no pasó desapercibida: mientras la Convención optaba por el ahorro y el uso racional de los recursos, el Ministerio de Educación destinaba un pago millonario a un asesor externo, sin participación concreta en el proceso constituyente.
El caso APRECOD
El segundo episodio bajo sospecha tiene como protagonista a la Asociación Civil Perseverar, creada apenas 30 días antes de recibir un convenio millonario. Según denunció el diputado provincial Miguel Rabbia, en apenas dos meses la entidad se alzó con más de $1.000 millones del programa Redes de Cuidado, dependiente de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Adicciones (APRECOD).
La polémica se enmarca en un fuerte incremento presupuestario: APRECOD multiplicó por ocho sus recursos entre 2024 y 2025, con el argumento de enfrentar la problemática de las adicciones. Sin embargo, para Rabbia, la asignación a una institución sin antecedentes en el área expone falencias graves en los criterios de control y transparencia.
“Lo que aquí está en juego no es sólo la eficacia de las políticas sociales, sino la credibilidad del Estado en el uso de recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía”, advirtió el legislador peronista, al presentar un pedido de informes en la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo provincial aún no explicó por qué se eligió a Perseverar para recibir los fondos. Tampoco lo hizo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, responsable del área. El tema toma mayor relevancia porque la asignación se realizó bajo la cobertura de la Ley de Emergencia Social, votada en diciembre de 2023 y prorrogada este año, que habilita al Gobierno a reasignar partidas de manera excepcional.
El propio Rabbia recordó que el programa Redes de Cuidado fue potenciado con recursos aprobados en esa ley, que buscaban fortalecer la prevención y el tratamiento de adicciones. “El problema es que los fondos no llegaron a quienes trabajan hace años en el territorio, sino a una entidad sin trayectoria”, apuntó.
Dos polémicas que marcan la agenda
El pago a Narodowski y la asignación a Perseverar configuran un escenario incómodo para el Gobierno santafesino. En ambos casos, las decisiones se conocieron sin explicaciones claras, en momentos en que el Ejecutivo reclama austeridad y ajusta sobre salarios docentes y jubilaciones.
El contraste es evidente: mientras la Convención Constituyente exhibió recortes y un manejo austero de recursos, el Ejecutivo aparece vinculado a gastos millonarios poco transparentes.
En un clima político ya tensionado por la reforma constitucional, estas controversias agregan un nuevo capítulo a la discusión sobre el uso de los fondos públicos y la necesidad de controles más estrictos en la gestión provincial.
