La política santafesina volvió a quedar sacudida por un testimonio explosivo en el juicio por el juego clandestino. El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, ya condenado por corrupción y hoy imputado colaborador, declaró como testigo en el proceso contra su ex jefe Patricio Serjal y lo involucró directamente, junto con el senador justicialista Armando “Pipi” Traferri, en una trama de coimas y protección judicial al empresario del juego Leonardo Peiti.
La declaración, realizada ante el tribunal que integran los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra, no solo remueve viejas acusaciones, sino que instala nuevamente un interrogante central: ¿hasta dónde puede avanzar la Justicia en Santa Fe cuando en el banquillo aparece uno de los pesos pesados de la política provincial?
El testimonio de Ponce Asahad llega en un momento de fuerte desgaste institucional, donde crece la percepción social de que la connivencia entre sectores del poder judicial y político ha servido históricamente para blindar a determinados dirigentes. En ese marco, las versiones que circulan en el escenario político apuntan a un supuesto acuerdo tácito entre Traferri y el gobernador Maximiliano Pullaro, interpretado como un pacto de impunidad para garantizar gobernabilidad.
El juicio oral contra el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y su subordinado Nelson Ugolini tuvo este miércoles un capítulo explosivo. Gustavo Ponce Asahad, ex fiscal condenado por asociación ilícita y cohecho, declaró como testigo y apuntó directamente contra el senador peronista por San Lorenzo, Armando “Pipi” Traferri, a quien vinculó como organizador de la red de coimas vinculada al juego clandestino.
Ante los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra, Ponce ratificó lo que ya había señalado en 2020: que la estructura de recaudación provenía de aportes regulares del empresario Leonardo Peiti y contaba con cobertura político-judicial. “Las coimas eran una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri”, sostuvo al ingresar a la audiencia.
El testimonio de Ponce, que ya cumplió tres años de prisión efectiva y fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos, volvió a poner en el centro del debate la supuesta connivencia entre sectores del poder político y judicial de la provincia.
Una trama que mezcla dinero, poder y favores judiciales
Ponce Asahad, quien ya cumplió tres años de prisión efectiva y fue inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos, brindó detalles precisos sobre el funcionamiento de la red de recaudación ilegal. Señaló que los pagos de Peiti eran canalizados con la anuencia de Traferri y que Serjal actuaba como engranaje central en la cobertura judicial.
Entre los pasajes más resonantes de su declaración, recordó un reclamo del propio senador sanlorencino: “Este pibe está loco, cómo va a pedir cien mil dólares, ni yo los pido”, habría dicho Traferri en alusión a un pedido de incremento de las coimas formulado por Serjal.
También relató cómo el ex fiscal regional llegó a esconder fajos de dólares “en las medias” y cómo se concretaban reuniones en bares céntricos de Rosario, oficinas públicas e incluso hoteles, donde se acordaban los términos de la “cobertura” judicial.
La figura de Traferri bajo la lupa
El dirigente peronista, con cuatro mandatos consecutivos en el Senado y un rol protagónico en la reciente reforma constitucional, vuelve a quedar en el centro de un escándalo. Aunque fue imputado formalmente en octubre pasado, evitó durante años enfrentar la Justicia gracias a sus fueros parlamentarios.
El señalamiento de Ponce Asahad refuerza la sospecha de que la política santafesina ha operado históricamente como un paraguas de protección. El ex fiscal no dudó en afirmar que “las coimas eran una estructura organizada por instrucciones del senador Traferri”, una declaración que, de confirmarse en el debate judicial, podría comprometer seriamente al legislador de San Lorenzo.
Impacto político e institucional
La audiencia también expuso otra arista sensible: el financiamiento de campañas electorales mediante aportes provenientes del juego clandestino. Según el testigo, Peiti no solo pagaba en efectivo, sino también en materiales de construcción, ladrillos y chapas destinados a actividades políticas.
Este punto coloca a la dirigencia provincial frente a un dilema mayor: cómo garantizar que el proceso judicial avance sin condicionamientos ni maniobras que terminen diluyendo responsabilidades. De ahí que muchos actores del sistema político y judicial reconozcan en privado que el caso Traferri será una verdadera prueba de fuego para la credibilidad institucional de Santa Fe.
La declaración golpea de lleno en la política santafesina. Traferri, que renunció a sus fueros legislativos recién el año pasado, enfrenta acusaciones por juego ilegal, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, hasta ahora logró esquivar instancias judiciales de mayor exposición.
En los pasillos de la Legislatura y de la Casa Gris circulan versiones que sugieren la existencia de un pacto tácito entre Traferri y el gobernador Maximiliano Pullaro, una suerte de acuerdo de impunidad para garantizar gobernabilidad a cambio de protección.
El trasfondo político de la causa despierta preguntas incómodas: ¿hasta dónde llegará la Justicia en el caso Traferri? ¿Se repetirá la historia de blindaje a un dirigente clave del Senado?
Próximos pasos del juicio
El proceso contra Serjal y Ugolini continuará en las próximas semanas, con la declaración de Leonardo Peiti y otros testigos. El empresario ya fue condenado en un juicio abreviado, pero su testimonio será central para confirmar si existió la red de protección judicial y política que describe Ponce.
En este contexto, la presión sobre el oficialismo provincial y la dirigencia peronista crece. La credibilidad del sistema institucional santafesino vuelve a estar en jaque frente a un caso que ya se proyecta como uno de los escándalos de corrupción más trascendentes de los últimos años en la provincia.
