Fein y Paulón acudieron a la Justicia Federal por la demora en la promulgación y aplicación de una norma clave para más de dos millones de personas. El Gobierno habla de falta de financiamiento y la polémica escala en el plano político e institucional.
La política nacional sumó un nuevo capítulo de alta tensión entre el Congreso y la Casa Rosada. Los diputados socialistas por Santa Fe, Mónica Fein y Esteban Paulón, presentaron una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y otros funcionarios de su gobierno, acusándolos de incumplimiento de deberes de funcionario público por la demora en la promulgación y publicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La medida apunta también a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter González, bajo el argumento de que el Ejecutivo mantiene una actitud dilatoria que impide la aplicación efectiva de la norma sancionada por el Congreso.
La Ley 27.739, que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, fue aprobada en ambas cámaras con un consenso amplio: 172 votos a favor en Diputados y 63 en el Senado. La norma garantiza la actualización automática de aranceles para prestaciones del Plan Incluir Salud, el pago de pensiones no contributivas y subsidios para centros terapéuticos.
Tras el veto presidencial, el Congreso insistió con su sanción el pasado 4 de septiembre, lo que obligaba al Ejecutivo a promulgarla y publicarla en el Boletín Oficial. Sin embargo, a más de diez días hábiles de esa decisión, la ley sigue sin aparecer en la publicación oficial, lo que impide girar las partidas presupuestarias necesarias para su aplicación.
“La vida y la tranquilidad de las familias no pueden esperar”, advirtió Fein en redes sociales. Por su parte, Paulón calificó la situación como un “delito” y acusó al Gobierno de “jugar con la angustia de las personas”.
La polémica por el financiamiento
Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reconoció que la ley será promulgada, pero introdujo un nuevo condicional: “Que me digan a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, declaró, desatando fuertes críticas desde la oposición.
Para los legisladores denunciantes, ese planteo constituye una maniobra dilatoria y un gesto de “crueldad política”. “Se ve una desorientación política en el presidente y falta de registro social. Tiene que empezar a poner los pies sobre la tierra porque la gente la está pasando mal y las personas no son un número en una tabla de Excel”, sostuvo Paulón.
DISCAPACIDAD: NO HAY MÁS TIEMPO
Ante las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento de la ley de Emergencia en discapacidad presentamos una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra @JMilei @GAFrancosOk y otras autoridades.
Con la… pic.twitter.com/HAOGYFhR7v
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) September 18, 2025
Impacto político y social
El caso expone no solo una disputa institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también un debate de fondo sobre las prioridades presupuestarias en un contexto de ajuste. Los denunciantes sostienen que el Gobierno nacional agrava la vulnerabilidad de más de dos millones de argentinos con discapacidad y sus familias, quienes dependen de la aplicación de esta ley para acceder a servicios básicos de salud, asistencia y educación.
“Lo que está en juego no es solo la eficacia de una política pública, sino la credibilidad del Estado en el cumplimiento de los derechos consagrados por ley”, remarcaron Fein y Paulón.
La Justicia deberá ahora resolver si la omisión del Ejecutivo configura un delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en un escenario donde la pulseada política y social promete escalar.
