La reforma constitucional aprobada en septiembre de 2025 en Santa Fe incorporó la figura de Ficha Limpia, un mecanismo que inhabilita a las personas con condenas por delitos dolosos a ser candidatas a cargos electivos. La medida, que ya regía por ley desde 2022, ahora adquiere rango constitucional y se consolida como una de las innovaciones institucionales más relevantes del nuevo texto.
Este ítem fue uno de los grandes pedidos y una de las principales propuestas del PRO en la Convención Reformadora. En su proyecto particular de reforma, en comparación con los demás partidos de Unidos, fue el único que incorporó a Ficha Limpia con rango constitucional.
Qué dice la Constitución
El artículo aprobado establece que “ninguna persona puede ser candidata a ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley”. De este modo, se fija una prohibición expresa que deberá ser desarrollada y reglamentada por normas posteriores, encargadas de precisar los alcances de la inhabilitación: qué delitos incluye, qué instancia judicial debe confirmar la condena, por cuánto tiempo se extiende la prohibición y qué órgano será responsable de verificarla.
La experiencia previa en Santa Fe
La provincia ya contaba con una ley de Ficha Limpia, aplicada en las elecciones de 2023, que exigió a miles de candidatos presentar informes judiciales sobre sus antecedentes. Según informó el propio gobernador Maximiliano Pullaro, fueron más de 14.000 los informes que debieron tramitarse para constatar que los postulantes no tuvieran condenas en segunda instancia.
Ahora, con la incorporación al texto constitucional, la norma adquiere estabilidad y se blinda frente a eventuales intentos de derogación o retroceso. “Queremos que Ficha Limpia esté en la Constitución porque transparenta el sistema democrático”, sostuvo Pullaro, al defender la medida en el marco del debate reformador.
El mapa nacional
Santa Fe se suma a un grupo de provincias que ya cuentan con Ficha Limpia: Mendoza, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan, Río Negro, Chubut y Neuquén. En estos distritos se exige que los candidatos presenten certificado de antecedentes penales y se inhabilita a quienes tengan condenas firmes o en segunda instancia por delitos de corrupción, contra la integridad sexual o dolosos graves.
A nivel nacional, el Congreso debatió proyectos de ley similares, aunque sin éxito: la Cámara de Diputados llegó a darle media sanción en 2021, pero el Senado terminó rechazándolo por un voto.
Los desafíos que vienen
El nuevo texto constitucional santafesino obliga ahora a la Legislatura a sancionar una ley que reglamente la aplicación de Ficha Limpia. El debate técnico y político girará en torno a la letra fina: qué delitos alcanzará, si bastará una condena en segunda instancia o deberá estar firme, qué plazos tendrá la inhabilitación y cómo actuará la Justicia Electoral ante impugnaciones.
El desafío es evitar que la norma quede en letra muerta o que su aplicación se convierta en un terreno de disputas partidarias. La fortaleza de Ficha Limpia dependerá de la seriedad de la ley reglamentaria y del compromiso de los órganos judiciales y electorales en hacerla cumplir.
Con la incorporación de Ficha Limpia, Santa Fe da un paso institucional importante que busca reforzar la confianza ciudadana en la política y fijar un estándar ético más alto para quienes aspiran a representar a la sociedad. Es un cambio histórico, pero que solo alcanzará su pleno efecto si la reglamentación que viene logra combinar técnica jurídica, consenso político y control público efectivo.
