El ajuste fiscal que aplica el gobernador Maximiliano Pullaro en Santa Fe ya tiene números concretos y un diagnóstico crítico: el recorte de gastos excedió ampliamente la caída de los recursos provinciales. Así lo revela el último informe del Grupo MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía), que detalla un panorama de fuerte deterioro para los trabajadores estatales, los jubilados y, en paralelo, para la estructura productiva de la provincia.
El dato central del documento es contundente: no hacía falta recortar tanto para equilibrar las cuentas. Sin embargo, la decisión política del Ejecutivo fue profundizar la austeridad y mostrar orden fiscal aún a costa de un ajuste social severo. El resultado: los salarios de la administración pública –con la docencia a la cabeza– cayeron a su piso histórico, las jubilaciones perdieron peso en el presupuesto como no ocurría desde hace más de quince años, y el malestar crece en sectores sindicales que ven un patrón común de recorte sobre los trabajadores.
El análisis de MATE cobra mayor relevancia en un contexto de alta sensibilidad política: mientras el gobierno provincial destaca la “responsabilidad fiscal” como bandera de gestión, las organizaciones gremiales hablan de un “perverso ajuste” que golpea de lleno a los sectores más vulnerables. El contraste con la economía real es evidente: cierres de empresas, caída del empleo registrado y pérdida de salarios marcan un escenario que anticipa tensiones crecientes en los próximos meses.
Un ajuste mayor al requerido
El informe advierte que el recorte provincial excedió la merma de los recursos: aunque la provincia vio disminuir sus ingresos, los gastos se redujeron aún más de lo que hacía falta para equilibrar las cuentas. Esa decisión derivó en un ajuste “de más”, con costos sociales que empiezan a hacerse visibles en la conflictividad laboral y en la caída del consumo interno.
Los salarios estatales, los más golpeados
El gasto en remuneraciones –principal erogación del Estado santafesino– cayó a mínimos históricos en comparación con los recursos disponibles: del 42% al 32%.
- Cada trabajador estatal perdió en promedio 6,2 millones de pesos desde el inicio de la gestión Pullaro.
- Los incrementos esporádicos por “premios” no lograron recomponer la pérdida.
- El deterioro se refleja especialmente en la docencia, un sector que ya mantenía tensiones salariales con el Ejecutivo.
Jubilaciones con el menor peso en 15 años
El ajuste también se sintió en las jubilaciones. En 2023, de cada 100 pesos de recursos provinciales, 20 se destinaban al pago de jubilaciones. Hoy, esa cifra cayó a 16 pesos, el nivel más bajo en más de una década.
El impacto de la crisis nacional en Santa Fe
El informe de MATE también advierte que la economía provincial recibe de lleno los efectos de la política económica nacional:
- Cierre de empresas: cerca de 1.800 establecimientos productivos bajaron sus persianas desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.
- Destrucción de empleo registrado: se perdieron 14.500 puestos formales, de los cuales más de 6.000 corresponden a la industria santafesina.
- Salario privado en retroceso: cada trabajador del sector privado perdió en promedio 1,4 millones de pesos de bolsillo desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2025, pese a la recuperación parcial en el último año.
Una economía desequilibrada
La comparación de la actividad económica actual con la de 2023 muestra un panorama engañoso: la provincia exhibe una mejora estadística por la recuperación agroindustrial tras la sequía de aquel año. Sin embargo, el resto de los sectores –industria, comercio, servicios– presentan caídas significativas, con un impacto directo en la calidad del empleo y los ingresos de los hogares.
Un debate político inevitable
El informe concluye que el gobierno provincial aplicó un ajuste “más profundo del necesario”, con un costo social elevado y con consecuencias de largo plazo en la estructura laboral y productiva santafesina. La polémica se instala en un contexto de creciente malestar en la docencia, cuestionamientos de los gremios estatales y dudas sobre la sostenibilidad política de un modelo que privilegia la austeridad fiscal por encima del bienestar de los trabajadores.
