La política santafesina volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras una declaración judicial que promete reconfigurar el tablero institucional y partidario de la provincia. Leonardo Peiti, empresario del juego clandestino ya condenado en la causa que expuso la trama de sobornos en el Ministerio Público de la Acusación, volvió a declarar como testigo en el juicio contra el exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y arrojó una bomba política: aseguró que en 2019 entregó 200 mil dólares para la campaña a la gobernación de Omar Perotti, dinero que hizo llegar a través del senador Armando Traferri.
La afirmación no se quedó ahí: Peiti agregó que Roberto Mirabella, mano derecha del exgobernador, le confirmó que esos fondos habían llegado a destino. El testimonio se da en un proceso de alto voltaje, donde la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Serjal y se investiga si existió una red de protección institucional al juego ilegal. El futuro del senador Traferri, imputado como jefe de la asociación ilícita, queda directamente atado a lo que resuelva este juicio.
El impacto no es solo judicial. Se produce en plena campaña electoral, con un peronismo santafesino que muestra signos de unidad y movilización tras la victoria en Buenos Aires, pero que ahora enfrenta el desafío de procesar las derivaciones de una causa que toca a nombres pesados de su propia estructura. A la vez, la causa desnuda la fragilidad del MPA, atravesado por internas y sospechas de connivencia con sectores del delito.
La declaración que sacudió la sala
Peiti fue convocado como testigo número 62 en el juicio oral que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal. Su testimonio retomó lo que ya había dicho como imputado colaborador en 2021, pero esta vez con mayores precisiones. Aseguró que el dinero lo entregó en dos partes a Traferri, quien mantenía influencia directa sobre la designación de fiscales en Rosario.
“A Serjal me lo presentó Traferri. Me dijeron que me manejara con Gustavo Ponce Asahad, que era el hombre de confianza. Todos los meses llevaba entre 4 y 5 mil dólares, además de otros favores”, relató.
La revelación sobre los aportes de campaña sumó un nuevo capítulo: “Después de entregar los 200 mil dólares, Mirabella me confirmó que la plata había llegado”, afirmó el empresario. Según su versión, el objetivo era asegurarse un marco legal para el juego online, algo que nunca se concretó.
Traferri, el eslabón político
El senador de San Lorenzo carga con una imputación pendiente como presunto jefe de la red de juego clandestino. En 2020, cuando los fiscales intentaron acusarlo formalmente, el Senado provincial rechazó el pedido de desafuero con apoyo transversal de radicales y peronistas. Desde entonces, Traferri sostiene que la causa es una maniobra armada por el exministro de Seguridad Marcelo Sain y que se montó un aparato judicial para perseguirlo.
No obstante, las pruebas acumuladas, sumadas ahora a la ratificación de Peiti y a la declaración del exfiscal Ponce Asahad –quien describió reuniones y pagos regulares–, vuelven a colocar al legislador en el centro de la escena. Si Serjal resulta condenado, el margen político para sostener su defensa se achicará.
El rol de Perotti y Mirabella
La acusación que menciona directamente a la campaña de Omar Perotti en 2019 abre un frente político de enorme sensibilidad. Aunque el exgobernador no aparece formalmente imputado, el testimonio instala un interrogante sobre el financiamiento electoral y el alcance de los aportes ilegales en la política santafesina.
El señalamiento hacia Mirabella, actual diputado nacional y hombre de máxima confianza de Perotti, tensiona aún más el escenario. Según Peiti, fue él quien le dio garantías de que el dinero había llegado al destino previsto.
Un MPA en crisis
El juicio contra Serjal no solo pone en la mira a la política: también expone la crisis del Ministerio Público de la Acusación. Dos fiscales que investigaron el caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fueron apartados tras acusaciones cruzadas de irregularidades. Edery incluso está imputado por supuestamente proteger a Mariana Ortigala, vinculada a Los Monos.
La trama exhibe un deterioro institucional que erosiona la credibilidad del sistema judicial y abre dudas sobre la independencia de los investigadores. El señalamiento de Peiti a distintos actores –desde fiscales hasta policías– refuerza la idea de un entramado donde el poder político, judicial y criminal se cruzan de manera inquietante.
Lo que viene
La sentencia en el juicio a Serjal será clave para definir el futuro inmediato de Traferri y, en consecuencia, las derivaciones políticas hacia el peronismo santafesino. Si la condena prospera, la presión sobre el Senado para retomar el pedido de desafuero será inevitable.
En paralelo, la causa abre un debate más amplio sobre la transparencia en el financiamiento electoral, un terreno históricamente opaco en la provincia. Y plantea un desafío para el oficialismo provincial, que intentará capitalizar la crisis del adversario sin quedar atrapado en un sistema político que aparece golpeado por sospechas de corrupción.
