La causa por juego clandestino en Santa Fe atraviesa un momento clave. El juicio en curso no solo desnuda las fallas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde exfuncionarios están siendo juzgados por recibir sobornos, sino que expone, una vez más, los vínculos entre el poder político y el negocio ilegal. El nombre del senador peronista Armando Traferri volvió a resonar con fuerza tras las declaraciones de dos protagonistas centrales: la exjefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren, y el propio exfiscal regional Patricio Serjal.
El impacto no es menor: se trata de un legislador de peso dentro del peronismo santafesino, referente histórico en la Cámara alta y con un rol decisivo en los equilibrios de poder de la provincia. Que su figura aparezca reiteradamente vinculada al circuito de sobornos y aportes ilegales del capitalista Leonardo Peiti, según relataron testigos y acusados, trasciende lo judicial para instalarse como un verdadero temblor político en pleno escenario post reforma constitucional.
La declaración de Iribarren: cartas, celulares y la sombra de Traferri
En su testimonio, la exfiscal María Eugenia Iribarren reconstruyó el origen de la investigación: el atentado al Casino de Rosario en 2020, cuando murió el apostador Enrique Encino. A partir de un celular hallado, se destapó una red que vinculaba a Peiti con empleados del MPA y, de allí, con fiscales que recibían dinero a cambio de garantizar impunidad.
Iribarren señaló que fue el propio Gustavo Ponce Asahad —hoy condenado— quien, tras quedar detenido, escribió una carta autoincriminándose como cobrador de coimas y mencionó expresamente al senador Traferri. Esa revelación sorprendió incluso a los investigadores, que ya manejaban informes previos de otras jurisdicciones donde el entorno del legislador aparecía vinculado al financista del juego ilegal.
La exfuncionaria sostuvo además que para ella “lo más grave no era solo el juego clandestino, sino la corrupción que traía aparejada, porque permitía blanquear un circuito ilegal con protección institucional”. Sus dichos pusieron en escena el corazón del problema: la intersección entre mafias, política y justicia.
El descargo de Serjal: deslindar culpas y el recuerdo de una reunión con Traferri
En la misma audiencia, el exfiscal regional Patricio Serjal decidió romper el silencio y defenderse. Si bien buscó cargar toda la responsabilidad sobre Ponce Asahad, sus palabras no evitaron un punto sensible: reconoció haber tenido encuentros con el senador Traferri, aunque los relativizó como parte de su función institucional.
“Estoy acá por lo que hacía Ponce. No sabía que usaba mi nombre para pedir plata”, afirmó con tono emocional, negando haber recibido sobornos o haberse reunido con Peiti. No obstante, admitió contactos con legisladores, intendentes y hasta con el propio Traferri, minimizando su relevancia: “¿Cuál es el inconveniente?”.
Serjal sostuvo que fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada le ofrecieron un juicio abreviado a cambio de involucrar al senador peronista, algo que él rechazó. Así, buscó instalar la idea de que Traferri es un actor señalado por intereses políticos más que por pruebas contundentes.
Las internas en el MPA y el desplazamiento de Iribarren
El juicio por juego clandestino también dejó al descubierto las profundas divisiones internas en el Ministerio Público de la Acusación. María Eugenia Iribarren, quien asumió de manera interina la Fiscalía Regional de Rosario tras la abrupta renuncia de Serjal, relató que su salida posterior respondió más a disputas internas que a razones técnicas.
Según explicó, la fiscal general María Cecilia Vranicich decidió apartarla de la conducción de las causas más sensibles luego de una auditoría interna que, a su entender, fue direccionada en su contra. “La resolución de mi desplazamiento es, a mi criterio, carente de objetividad y de fundamentación. Nunca quise apelar porque entendía que hacerlo era producir un daño interno al funcionamiento del MPA”, expresó ante el tribunal.
Iribarren sostuvo que la auditoría revisó incluso cuestiones mínimas de la fiscalía regional, entrevistando a empleados de todos los niveles, pero nunca a ella. “Prácticamente entrevistaron hasta los ordenanzas, pero no a mí”, ironizó. Para la exjefa de fiscales, aquello no fue un control rutinario sino una maniobra para correrla de investigaciones que tocaban intereses sensibles de la política y del propio sistema judicial.
El episodio expone que la crisis del MPA no se limita a la connivencia de algunos fiscales con el juego ilegal, sino que también involucra disputas de poder, recelos entre líneas internas y acusaciones cruzadas sobre el manejo de las causas más delicadas. En palabras de la propia Iribarren, “hubo una auditoría que se dijo era contra la Agencia de Criminalidad Organizada, pero en realidad fue en mi contra”.
Un juicio con repercusión política
El contrapunto entre Iribarren y Serjal muestra la tensión de un proceso que no solo se dirime en tribunales. La referencia reiterada a Traferri —mencionado por empresarios, fiscales y testigos— lo ubica en el ojo de la tormenta, aun cuando no se sienta en el banquillo. Su resistencia a ser imputado gracias a la protección de sus pares en el Senado alimenta la sospecha de que la política santafesina ha preferido blindar a uno de sus hombres fuertes.
La causa, además, deja heridas abiertas en el propio MPA, con funcionarios destituidos, desplazados o cuestionados por su accionar. En paralelo, expone la fragilidad de las instituciones para investigar sin interferencias cuando el poder político aparece involucrado.
El juicio por el “juego clandestino” no solo dirime responsabilidades individuales. Es también un espejo incómodo para la dirigencia santafesina, que ve cómo un negocio ilegal con tentáculos en la justicia y la política desnuda las zonas grises donde se definen influencias, financiamiento de campañas y lealtades.
