En un clima político y social marcado por el ajuste, la tensión entre el gremio docente y el gobierno provincial escaló a su punto más alto del año. La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para este martes 14 de octubre, en rechazo al desfinanciamiento educativo y al congelamiento salarial.
Rodrigo Alonso, secretario general del gremio, fue categórico al afirmar que los docentes “no son el enemigo” y que el conflicto trasciende los límites de una disputa salarial. “Ratificamos el paro porque el gobierno nacional está desfinanciando la escuela pública y no se hace cargo de la educación argentina. No envía los recursos para salarios, comedores, infraestructura ni formación docente”, sostuvo el dirigente.
La medida se da en un contexto donde la docencia santafesina viene denunciando una pérdida de poder adquisitivo de más del 30% desde diciembre de 2023, tras la eliminación de la cláusula gatillo y la falta de actualización salarial acorde a la inflación.
“Nosotros no somos el problema —advirtió Alonso—. El verdadero enemigo son las políticas públicas que van en contra de la escuela pública, las que ajustan en lugar de invertir. No se mejora la educación con planillas y amenazas, sino con recursos y respeto a las y los trabajadores.”
La disputa con el Gobierno Provincial
Las declaraciones de Alonso surgieron tras la decisión del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, de descontar el día a los docentes que adhieran al paro nacional, lo que generó una nueva ola de críticas por parte del gremio. “El gobierno de la provincia debería acompañar este reclamo, no extorsionar a las trabajadoras y trabajadores. Parece que lo único importante son los recursos para las rutas nacionales, pero no para la educación”, cuestionó el líder sindical.
El conflicto expone una fractura política dentro del oficialismo santafesino, donde la relación con el sector docente se deteriora semana a semana. Desde Amsafé consideran que el discurso de austeridad y “orden fiscal” que sostiene el gobierno provincial se traduce en recortes que golpean directamente a las escuelas: falta de insumos, deterioro edilicio, reducción de programas socioeducativos y congelamiento de partidas para comedores.
“En Santa Fe hay miles de docentes con sueldos por debajo de la línea de pobreza, jubilados que cobran con dos meses de atraso y maestras que van a trabajar enfermas porque no pueden faltar. Mientras tanto, el gobierno insiste en controlar y castigar en lugar de dialogar”, remarcó Alonso.
Una movilización que busca trascender
En paralelo al paro, CTERA convocó a una movilización nacional en Buenos Aires para exigir la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que el gobierno de Javier Milei dejó de transferir a las provincias. La medida impacta directamente en los salarios: cada docente perdió cerca de $124.000 mensuales, según cálculos del gremio.
Desde Amsafé, la consigna es clara: “Mañana no habrá clases en las escuelas, pero sí en las calles. Vamos a dar una clase de dignidad”, sostuvo Alonso, adelantando una nutrida participación de delegaciones santafesinas en la marcha nacional.
La medida también busca visibilizar el deterioro del sistema educativo santafesino, que padece los efectos combinados del ajuste nacional y la falta de acompañamiento provincial. “La educación pública no puede ser tratada como un gasto. Es una inversión en el futuro, en la igualdad y en la democracia”, remarcan desde el gremio.
Educación, ajuste y conflicto social
El paro docente vuelve a poner sobre la mesa un debate central: el rol del Estado frente a la educación pública. En la provincia de Santa Fe, el conflicto ya no se reduce a una negociación paritaria sino a un enfrentamiento político que interpela a toda la gestión.
Con un discurso que mezcla firmeza sindical y defensa institucional, Alonso sintetizó el espíritu del reclamo:
“Queremos dejar en claro que las maestras y los maestros no somos enemigos del gobierno. Somos quienes todos los días sostenemos la escuela pública en condiciones cada vez más difíciles. Pedimos respeto, diálogo y políticas que pongan a la educación en el centro.”
Mientras tanto, el gobierno santafesino insiste en su postura de control y descuento, en una puja que refleja, más allá de los números, dos modelos de Estado: uno que prioriza el equilibrio fiscal, y otro que reclama una inversión urgente en el futuro educativo de la provincia.