La Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe se convirtió en el epicentro de una creciente controversia política y social. En las últimas semanas, dirigentes peronistas, funcionarios municipales y legisladores de la oposición denunciaron una serie de irregularidades en el funcionamiento de la empresa, el incremento desmedido de tarifas, la quita de subsidios y la falta de controles técnicos, en un contexto que —según advierten— podría anticipar un proceso de vaciamiento y eventual privatización.
El reclamo surgió a partir de múltiples episodios que reflejan el deterioro operativo y administrativo de la compañía estatal. Desde Rosario, la concejala Fernanda Gigliani alertó que la ciudad cuenta con “un solo inspector para revisar medidores” y que las demoras en la atención a los usuarios derivan en miles de reclamos sin respuesta. “En los últimos meses se multiplicaron las quejas por errores de facturación. La gente no sabe si paga lo que consume”, explicó la edila, quien pidió informes sobre el uso de los fondos recaudados por la tasa municipal de inspección eléctrica.
A su vez, Silvana Teisa, secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor y candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, denunció que la EPE “elimina tarifas sociales sin previo aviso”, dejando a jubilados y familias vulnerables con boletas de hasta 120 mil pesos mensuales. “Es un ajuste sin contemplaciones, que golpea a los sectores más débiles y también a la industria santafesina. Estamos viendo cómo se replica el modelo de Milei, pero con sello provincial”, sostuvo.
La funcionaria vinculó el cuadro tarifario con la crisis laboral que atraviesa la provincia, donde se contabilizan más de 15 mil puestos de trabajo perdidos desde fines de 2023, especialmente en el sector metalúrgico. “La política energética no puede ser un negocio financiero. Mientras crece el costo de la luz, se apagan las máquinas en las fábricas”, advirtió.
Aumentos desmedidos, subsidios recortados y facturas confusas
El diputado provincial Miguel Rabbia presentó en la Legislatura un proyecto de pedido de informes dirigido a la EPE para exigir explicaciones sobre el nuevo esquema tarifario. Según el legislador, “los aumentos superaron el 600% en menos de un año, sin información pública sobre cómo se calculan los cuadros de consumo”. Además, denunció que la empresa dejó de publicar los cuadros tarifarios en su sitio web, y que en numerosos casos las boletas se confeccionan con consumos estimados, en lugar de lecturas reales.
“Es una situación grave: los usuarios no pueden controlar lo que pagan, se pierden subsidios y se eliminan las tarifas sociales sin aviso. La EPE se volvió opaca, sin transparencia y sin control”, afirmó Rabbia, quien impulsó la iniciativa junto a la diputada Lucila De Ponti, la concejala Gigliani y la propia Teisa.
El malestar social se multiplicó, además, por la decisión de suspender el envío de facturas en papel, lo que excluye a miles de usuarios que no manejan plataformas digitales. “Los adultos mayores quedan a la deriva: no pueden ver sus boletas, reclamar o pagar a tiempo. El derecho a la información está siendo vulnerado”, alertó De Ponti.
Un modelo que se repite: ajuste provincial con sello nacional
Las denuncias opositoras apuntan a un mismo eje político: el alineamiento del gobernador Maximiliano Pullaro con las políticas de recorte y ajuste impulsadas por la administración de Javier Milei. La eliminación de subsidios, la caída de la inversión pública y la paralización de obras energéticas son, según los dirigentes peronistas, síntomas de una estrategia que busca justificar un eventual proceso de privatización encubierta.
“La EPE está siendo vaciada desde adentro: se reduce personal, se desmantelan áreas técnicas y se recortan beneficios a los usuarios. Todo esto tiene un propósito: mostrar a la empresa como ineficiente y cara para luego entregarla al capital privado”, sostienen en el peronismo legislativo.
En ese sentido, Rabbia advirtió: “Pullaro pasó la motosierra de Milei por Santa Fe. Estrujaron el bolsillo de los trabajadores y la clase media. La energía dejó de ser un derecho para convertirse en un lujo”.
Una empresa estatal en el ojo del debate
Mientras crecen los reclamos ciudadanos y la desconfianza política, la EPE sigue sin responder públicamente a las acusaciones sobre sobrefacturación, quita de subsidios y falta de control técnico. En Rosario, los usuarios denuncian irregularidades en las mediciones; en el norte provincial, cortes reiterados y escasa inversión en infraestructura.
La controversia sobre el futuro de la empresa reaviva un viejo debate en Santa Fe: ¿la energía debe gestionarse como un servicio público esencial o como un negocio sujeto a las reglas del mercado?
Por ahora, los hechos parecen darle fuerza a la advertencia de la oposición: “cuando una empresa estatal se vacía, la privatización deja de ser una hipótesis para convertirse en una estrategia”.
