En el tramo final rumbo a las elecciones del 26 de octubre, la provincia de Santa Fe se transformó en el escenario más hostil del mapa político nacional. En una semana marcada por denuncias cruzadas, operaciones digitales y acusaciones de vínculos con el narcotráfico, la campaña santafesina ingresó en una fase de violencia política y comunicacional inédita, donde la desinformación, el espionaje digital y la judicialización se volvieron herramientas cotidianas.
El primer capítulo lo protagonizó el propio presidente Javier Milei, quien desde su cuenta oficial en X (ex Twitter) compartió carteles falsos atribuidos a Caren Tepp, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Las imágenes adulteradas —diseñadas para circular de manera masiva en redes libertarias— contenían consignas inexistentes como “Expropiar todos los campos” o “Indultar a Cristina Kirchner”.
El objetivo era claro: desprestigiar al espacio progresista que viene creciendo en las encuestas y desplazarlo del segundo lugar en disputa con La Libertad Avanza. Los afiches falsos se viralizaron rápidamente y fueron replicados por influencers oficialistas cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, entre ellos el streamer Daniel Parisini (“El Gordo Dan”), el funcionario Felipe Núñez (del Banco de Inversión y Comercio Exterior), y las cuentas militantes @GordoLeyes, @ElTrumpista y @candela31_.
Tepp reaccionó con firmeza y acusó al gobierno nacional de orquestar una “campaña sucia basada en el engaño y la manipulación”.
“Cada vez que crecemos en apoyo aparecen las mentiras. Inventaron una cartelería que nunca existió. Nuestro mensaje es claro: frenar a Milei y empezar lo que viene. Todo lo demás es falso”, publicó la dirigente, quien llamó a “dejar atrás los odios y las divisiones”.
El episodio se suma a una larga lista de acciones de desinformación impulsadas desde el entorno presidencial, utilizadas como estrategia de desgaste contra periodistas, gobernadores opositores o candidatos que cuestionan al oficialismo libertario.
Carta documento y acusaciones explosivas: el escándalo que salpica a La Libertad Avanza
Mientras la polémica por los carteles truchos todavía seguía generando repercusiones, otro frente se abrió dentro del propio espacio libertario.
La diputada nacional Romina Diez, referente de La Libertad Avanza en Rosario, envió una carta documento al dirigente Gastón Alberdi, uno de los fundadores originales del movimiento, luego de que éste declarara públicamente que Diez participó de reuniones con el narco detenido Federico “Fred” Machado, acusado de financiar campañas políticas en 2021.
Alberdi aseguró que Machado —procesado por narcotráfico y lavado de dinero en EE. UU.— asistía a encuentros donde estaban Javier Milei, José Luis Espert, Luis Rosales, Karina Milei, Lorena Villaverde y Leonardo Cositorto, entre otros. Según su relato, esas reuniones se desarrollaron en las oficinas del empresario Ramiro Marra, en la Fundación Fortabat, durante la campaña legislativa de 2021.
El denunciante fue más allá: afirmó que Karina Milei habría recaudado fondos en efectivo para la campaña y que incluso le pidió “un aporte personal de 11.500 dólares”, dinero que —dijo— “guardó en su cartera sin que se reflejara en la rendición de gastos”.
La reacción libertaria fue inmediata. Romina Diez negó categóricamente las acusaciones y consideró las declaraciones de Alberdi como “una operación política destinada a ensuciar su nombre en plena campaña”. A través de su equipo legal, la diputada envió una carta documento exigiendo una rectificación pública y reservándose el derecho de iniciar acciones judiciales.
Sin embargo, el daño político ya estaba hecho: el escándalo reactivó las sospechas sobre el financiamiento irregular del armado libertario en Santa Fe, una provincia donde la figura de Diez venía en ascenso y donde Milei apuesta a recuperar terreno electoral tras semanas de caída en las encuestas.
Fake news, operaciones y la sombra del financiamiento
Ambos episodios —la difusión de información falsa contra Fuerza Patria y la guerra interna dentro de La Libertad Avanza— evidencian un clima político altamente degradado, donde las estrategias electorales se confunden con maniobras de difamación y guerra digital.
En Santa Fe, donde se juega una de las batallas más importantes de octubre, la campaña se volvió un reflejo de la polarización nacional: de un lado, el oficialismo libertario que apela a la confrontación permanente; del otro, una oposición que denuncia persecución y manipulación informativa.
Consultores políticos señalan que la tensión responde al cambio en el escenario electoral: encuestas recientes ubican a Fuerza Patria en primer lugar en Rosario, con ventaja sobre los libertarios y el oficialismo provincial. El crecimiento de ese espacio habría encendido las alarmas en la Casa Rosada, donde el equipo de comunicación presidencial mantiene un seguimiento directo sobre el comportamiento del electorado santafesino.
En paralelo, la imagen de Milei muestra signos de desgaste incluso en el interior productivo de la provincia, mientras Pullaro y su coalición Provincias Unidas atraviesan dificultades para consolidar el voto no peronista.
Un cierre de campaña al límite
La campaña santafesina ingresó en su recta final con un tono más judicial que político. A las denuncias por fake news y presuntos vínculos con el narcotráfico podrían sumarse nuevas acciones legales, mientras la desconfianza ciudadana crece frente a una clase dirigente más concentrada en la guerra mediática que en discutir propuestas.
En ese contexto, las elecciones del 26 de octubre se perfilan como un plebiscito sobre el uso del poder y la manipulación informativa, donde la verdad, la ética y la transparencia parecen haber quedado relegadas a un segundo plano.
Como sintetizó un dirigente opositor santafesino:
“La campaña se llenó de mentiras, de miedo y de operaciones. Lo que falta ahora no son encuestas, sino políticos que digan la verdad.”
