Entre la incertidumbre nacional y el reclamo docente, el proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei abre un nuevo frente de debate en Santa Fe. Cómo podría afectar a empleados públicos provinciales y municipales, y qué posición deberá adoptar el Gobierno de Maximiliano Pullaro.
La denominada “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, presentada por el bloque de La Libertad Avanza, marca el inicio de la nueva etapa de reformas que impulsa el presidente Javier Milei tras su triunfo electoral. El proyecto, que ya ingresó al Congreso, incluye profundos cambios en las condiciones laborales, pero también incorpora —por primera vez— un apartado específico sobre los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.
El texto prevé beneficios fiscales para quienes contraten personal proveniente de la administración pública, lo que en los hechos podría incentivar despidos o retiros anticipados en el Estado, bajo la lógica de reducir planteles y “reconvertir” empleados hacia el sector privado.
Según el artículo 24 del proyecto, los empleadores que incorporen trabajadores públicos en los primeros 18 meses de vigencia de la ley recibirán un bono mensual de crédito fiscal equivalente al 100% de las contribuciones patronales. Para acceder a ese beneficio, las provincias o municipios deberán adherir formalmente mediante leyes o decretos de sus legislaturas y concejos deliberantes.
Esto significa que, en Santa Fe, el Gobierno provincial y los municipios deberán definir si se suman o no al régimen, que no está exento de tensiones: mientras la Casa Gris busca mantener el equilibrio fiscal y sostener la gobernabilidad, los gremios advierten que podría abrir la puerta a precarizaciones y despidos encubiertos en el Estado.
El efecto Santa Fe: qué puede pasar con los empleados provinciales y municipales
De aprobarse la norma, la Provincia de Santa Fe podría adherir mediante una ley específica de la Legislatura, y cada municipio debería hacer lo propio con ordenanzas propias.
El incentivo del “bono de crédito fiscal” se aplicaría para empresas que contraten ex trabajadores públicos, pero no alcanza a quienes ya están en relación de dependencia estatal. Sin embargo, el impacto sería indirecto: las áreas con menor presupuesto o baja productividad podrían sufrir congelamientos, retiros o reestructuraciones, especialmente en municipios medianos que hoy dependen de aportes provinciales.
Fuentes legislativas santafesinas señalan que el tema divide aguas incluso dentro del oficialismo. Algunos sectores de Unidos para Cambiar Santa Fe consideran que la iniciativa podría generar empleo privado en regiones golpeadas por la recesión; otros temen que el costo social sea demasiado alto y resienta la estructura estatal, sobre todo en salud, educación y administración local.
El reclamo docente: paritarias y pérdida salarial
Mientras tanto, los gremios estatales siguen marcando su preocupación. Desde Amsafé Rosario, el secretario general Roque Jaimes fue tajante: “Las y los trabajadores de la educación hemos perdido más del 35% del poder adquisitivo y el Gobierno provincial todavía no abrió paritarias”.
El dirigente advirtió que la Provincia “no puede seguir el mismo modelo de ajuste que impulsa la Nación”, y reclamó una mesa de negociación inmediata para evitar un 2026 conflictivo.
El reclamo docente se suma a otros sectores del empleo público que también atraviesan tensiones por la falta de actualización salarial y la incertidumbre sobre las reformas nacionales. “La educación pública se está debilitando y si no hay mejoras reales habrá menos docentes y peores condiciones en las aulas”, agregó Jaimes.
Una doble presión para el Gobierno provincial
La situación coloca al Gobierno de Santa Fe ante un desafío doble: acompañar al Ejecutivo nacional en su agenda de reformas sin desatender el frente interno de los empleados públicos y municipales.
La eventual adhesión a la ley nacional implicaría comprometer recursos y políticas locales, mientras los gremios docentes, estatales y municipales ya advierten que no convalidarán medidas que impliquen pérdida de derechos o recortes en el empleo público.
Fuentes cercanas al Ministerio de Gobierno provincial señalaron que por el momento Santa Fe no definirá posición hasta conocer el texto final que se debata en el Congreso. Sin embargo, en el entorno del gobernador Pullaro reconocen que la reforma laboral “abre una discusión inevitable sobre el tamaño y el rol del Estado”.
Un debate que trasciende la coyuntura
En Santa Fe, donde más de 110.000 personas dependen del empleo público provincial y cerca de 80.000 del municipal, cualquier cambio en el régimen laboral o previsional tendrá efectos directos sobre la economía y el consumo interno.
Por eso, más allá del plano nacional, el debate promete instalarse en el territorio santafesino con fuerza: entre quienes ven en la reforma una oportunidad de “eficiencia” y quienes la consideran una amenaza para la estabilidad laboral.
El futuro inmediato dependerá de cómo se equilibren esas dos visiones: la del ajuste fiscal promovido por Nación y la del resguardo del empleo público que reclaman los gremios y parte del arco político provincial.
