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Seisas: “Las muertes por fentanilo pudieron evitarse, por eso necesitamos más controles”

El Senado dio media sanción a la ley de trazabilidad de medicamentos de riesgo. El proyecto crea un sistema digital para seguir cada ampolla en tiempo real y prevenir casos de adulteración o fallas en la cadena de control.

El Senado santafesino aprobó por unanimidad el proyecto que establece un sistema provincial de control para opioides y estupefacientes hospitalarios. La iniciativa surge tras los casos de fentanilo contaminado y busca garantizar mayor seguridad en la distribución y aplicación de medicamentos.

La Legislatura de Santa Fe dio media sanción a la ley de trazabilidad de medicamentos de riesgo, una iniciativa del senador por Rosario Ciro Seisas (Unidos) que propone incorporar un sistema de control provincial complementario al nacional, para evitar tragedias como la ocurrida con el fentanilo contaminado que provocó muertes evitables en distintas provincias del país.

“Las muertes en Santa Fe por fentanilo contaminado pudieron ser evitadas. Este proyecto nace del pedido de las familias afectadas y busca garantizar que no vuelva a suceder”, explicó Seisas tras la votación.

Un nuevo sistema de control para medicamentos críticos

El proyecto, aprobado por unanimidad en la Cámara alta, establece la creación de un régimen de trazabilidad unitaria, que permitirá seguir cada ampolla de medicamentos considerados de riesgo, como los opioides inyectables utilizados en ámbitos hospitalarios.

El sistema se aplicará sobre todos los estupefacientes incluidos en la Ley Nacional 17.818, o aquellos que determine el Ministerio de Salud de Santa Fe, y funcionará como un mecanismo complementario al que hoy lleva adelante la ANMAT.

La norma busca reemplazar el actual modelo de control por lote —basado en registros manuales y demoras burocráticas— por un esquema informatizado, con códigos únicos por unidad, que permitirá saber en tiempo real dónde se encuentra cada ampolla, qué droguería la vendió, en qué hospital está y a qué paciente se le aplicó.

“Si se tiene un solo organismo de control y hay fallas en esa cadena, está claro que se necesitan más filtros. Este régimen suma al sistema provincial para reforzar la seguridad del proceso”, sostuvo el legislador rosarino.

Una respuesta a una tragedia evitable

El debate sobre la trazabilidad de medicamentos cobró fuerza luego de los casos de intoxicación y muertes por fentanilo adulterado, detectados en noviembre de 2024. La ANMAT demoró meses en emitir alertas y ordenar inspecciones, lo que permitió que los lotes contaminados continuaran circulando hasta mayo de 2025, con consecuencias fatales.

“Los controles nacionales son necesarios, pero no suficientes. Cuando hablamos de medicamentos de alto riesgo, los tiempos salvan vidas. Por eso proponemos que Santa Fe tenga capacidad propia de monitoreo y reacción”, explicó Seisas.

El legislador destacó además que el texto fue elaborado con aportes de especialistas, equipos médicos y familiares de víctimas del caso de Rosario, quienes reclamaron mecanismos más estrictos para evitar nuevas negligencias o irregularidades.

Transparencia, tecnología y prevención

La trazabilidad unitaria permitirá reconstruir la cadena de distribución de cada unidad de producto, desde su fabricación hasta la aplicación final en los hospitales. El sistema busca también prevenir el ingreso de medicamentos adulterados, falsificados o vencidos, y fortalecer la transparencia en el uso de estupefacientes hospitalarios.

“Está demostrado que cuando más de una capa de control actúa sobre un proceso, hay menos margen para errores, negligencias o intereses espurios dentro del sistema”, argumentó Seisas.

La iniciativa ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera su aprobación definitiva. En caso de convertirse en ley, Santa Fe sería la primera provincia del país en implementar un sistema propio de trazabilidad digital para medicamentos de alto riesgo, estableciendo un precedente que podría ser replicado a nivel nacional.

Con esta media sanción, el Senado provincial envía una señal política clara: la seguridad sanitaria y la transparencia deben ser parte estructural del sistema de salud pública, especialmente cuando se trata de medicamentos que pueden salvar —o poner en riesgo— vidas humanas.

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