El Concejo Municipal de Rosario fue sede este lunes de una jornada cargada de dolor, memoria y exigencia. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación que indaga la tragedia por el fentanilo contaminado sesionó en el recinto del Palacio Vasallo, presidida por la diputada nacional Mónica Fein, acompañada por Silvana Giudici y Victoria Tolosa Paz. Participaron familiares de víctimas, concejales, legisladores y funcionarios de distintos niveles del Estado, en un encuentro que dejó al descubierto las falencias estructurales del sistema sanitario y la urgente necesidad de una ley nacional de trazabilidad integral de medicamentos.
Asistieron al encuentro los concejales rosarinos Anahí Schibelbein, Alicia Pino, María Fernanda Rey, Julián Ferrero, María Fernanda Gigliani, Marisol Bracco, Norma López, Leonardo Caruana, Mariano Romero, Jesica Pellegrini, Lisandro Cavatorta.
Participó además la secretaría de Salud municipal, Soledad Rodriguez; junto a la directora del Hospital de Emergencia “Dr. Clemente Álvarez”, Andrea Becheruchi y Carina Telesco, directora de Farmacia de la Secretaría de Salud Pública. También la directora general de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia municipal, Anahí Priotti.
Los diputados nacionales Germán Martínez, Cristian Castillo, Carlos Castagneto, Eduardo Toniolli, Nicolás Maryoraz, Eduardo Valdez, Florencia Carignano, Esteban Paulon y Vilma Ripoll y los legisladores provinciales Lionela Catalini, Claudia Balagué y Varinia Drisu y el senador departamental, Ciro Seisas.
Una herida abierta en Rosario
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, abrió el encuentro con palabras que reflejaron la magnitud del tema: “Detrás de esta comisión hay una historia de dolor, de pérdidas irreparables, pero también de coraje y búsqueda de justicia y verdad. Rosario fue una de las ciudades más golpeadas por lo ocurrido con el fentanilo”. Recordó que el municipio se constituyó como querellante en la causa federal que investiga el caso, con el objetivo de “contribuir al esclarecimiento de los hechos, exigir responsabilidades y prevenir que algo así vuelva a suceder”.
Durante la sesión, 12 familiares de víctimas expusieron con crudeza los hechos ocurridos en distintas instituciones de salud. Muchos coincidieron en la falta de información, el destrato recibido y las demoras judiciales. Los testimonios, desgarradores y minuciosos, reconstruyeron una tragedia que dejó decenas de muertes en distintos puntos del país.
“Fue un envenenamiento masivo”
Una de las voces más conmovedoras fue la de Ivana Esteban, quien perdió a su madre, Ángela, tras ser tratada con fentanilo contaminado en un sanatorio rosarino. “Necesitamos visibilizar esto que fue una tragedia, un envenenamiento masivo. No fue un error médico, fue una cadena de negligencias que pudo evitarse”, dijo frente a los legisladores.
Esteban relató que su madre había ingresado por una afección menor y terminó falleciendo después de semanas en terapia intensiva. “Me decían que era una bacteria sin nombre. Después supimos que era fentanilo contaminado. Mi mamá entró caminando al hospital y salió en un cajón”, expresó.
Junto con otros familiares, reclamó una ley nacional de trazabilidad de medicamentos que permita registrar cada ampolla desde el laboratorio hasta el paciente, así como la plena aplicación de la Ley de Derechos y Asistencia a las Víctimas. “No puede volver a pasar. Hoy estamos pidiendo justicia, pero también prevención”, resumió.
Un reclamo que se vuelve ley
En la misma línea, el senador santafesino Ciro Seisas recordó que la Legislatura provincial dio media sanción a su proyecto de trazabilidad unitaria de drogas de alto riesgo, como fentanilo, morfina o propofol. “Queremos que cada ampolla pueda rastrearse desde su producción hasta el paciente que la recibe. No se trata de burocracia, sino de salvar vidas”, explicó.
Seisas destacó que el texto fue elaborado con aportes de familiares, profesionales y el Colegio de Farmacéuticos: “Hoy escucharlos acá es fundamental, porque sus historias le dan cuerpo a una causa nacional. No se trata solo de Rosario, sino de un sistema que falló en su conjunto”.
La ausencia del oficialismo nacional
La jornada también dejó un dato político: ningún legislador de La Libertad Avanza participó de la audiencia. El hecho fue señalado por familiares y por el abogado rosarino Lucas González, quien representa a varias víctimas: “Resulta preocupante que quienes hoy gobiernan no estén presentes para escuchar a quienes perdieron a sus seres queridos. La transparencia y la responsabilidad institucional comienzan por dar la cara”, afirmó.
Hacia un sistema más seguro
Entre los principales puntos que la comisión incorporará al informe final se destacan:
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La creación de un sistema digital de trazabilidad nacional, interoperable entre la ANMAT, el Ministerio de Salud y las provincias.
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La obligatoriedad de reportar irregularidades en tiempo real, con sanciones por omisión.
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El fortalecimiento de la ANMAT, dotándola de más recursos para fiscalizar a laboratorios y droguerías.
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La centralización de información sanitaria mediante registros electrónicos y acceso público.
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La producción y distribución controlada de medicamentos de alto riesgo bajo auditoría judicial y pública.
Una causa que interpela al Estado
La sesión en Rosario no fue solo un acto formal. Fue la expresión viva de una demanda social que atraviesa lo sanitario, lo judicial y lo político. La diputada Mónica Fein, al cerrar el encuentro, resumió ese espíritu: “Estas familias no buscan venganza, buscan verdad y garantías para que nadie más pase por esto. Lo que ocurrió con el fentanilo contaminado es una tragedia que desnuda la falta de controles y coordinación del Estado. Este Congreso tiene la obligación de transformar el dolor en acción legislativa”.
