Los efectivos detenidos por robo acusan a la Justicia y a la política de montar una causa para silenciarlos. En el centro del escándalo aparece el intendente Enrique Vallejos, un dirigente cercano al Gobierno provincial.
En el norte santafesino estalló un caso que, por su gravedad institucional, vuelve a poner en crisis la relación entre la política, la justicia y las fuerzas de seguridad. Lo que comenzó como una investigación por el presunto robo de mercaderías tras un accidente vial en Reconquista terminó derivando en una denuncia explosiva: seis agentes de Seguridad Vial —imputados y apartados de la fuerza— acusan ahora a fiscales, funcionarios municipales y jefes policiales de haber armado la causa en su contra, encubriendo un sistema de corrupción y saqueo con protección política.
En el centro de la trama aparece el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, un dirigente peronista alineado con el oficialismo provincial, mencionado en la presentación judicial como integrante de una “asociación ilícita” junto al Fiscal Regional Rubén Martínez, el fiscal adjunto Nicolás Maglier, y una red de mandos policiales, municipales y de Gendarmería.
La denuncia, presentada ante la Justicia en Santa Fe por el abogado Walter Dionisio Ayala Fernández, describe un entramado donde los propios funcionarios encargados de impartir justicia y garantizar el orden habrían sido parte del delito. Según los denunciantes, el caso fue manipulado para desviar responsabilidades y proteger a los verdaderos involucrados en la sustracción de bienes ocurrida durante el operativo de abril de 2024.
El hecho que destapó el escándalo
El 17 de abril de 2024, dos camiones colisionaron sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 770, en jurisdicción de Reconquista. Uno transportaba cereales y el otro conservas alimenticias. El siniestro, inicialmente considerado un accidente más, derivó en un operativo de seguridad y control vial donde luego se denunciaron faltantes de mercadería.
A los pocos días, siete agentes de la Dirección Provincial de Seguridad Vial fueron detenidos e imputados por “hurto calamitoso agravado” y “abuso de autoridad”, entre otros delitos. La acusación, encabezada por el fiscal Maglier y confirmada por la jueza Claudia Bressán, los vinculó al supuesto robo de latas de alimentos incautadas en el lugar del siniestro.
Sin embargo, las cámaras de seguridad y los testimonios nunca lograron demostrar fehacientemente el delito. Los policías, hoy separados de la fuerza y sin sueldo, aseguran haber sido víctimas de una maniobra judicial y política para encubrir a superiores y funcionarios municipales que sí participaron del saqueo.
“Nos silenciaron, nos detuvieron sin pruebas, nos destrozaron en los medios y nos dejaron sin poder defendernos”, declaró uno de los agentes despedidos, quien asegura que todo fue “una operación para tapar a los verdaderos responsables”.
La nueva denuncia: una red de complicidades
La presentación judicial va más allá de un reclamo por inocencia. Los ex agentes acusan a Rubén Martínez, jefe del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el norte provincial, de liderar una asociación ilícita institucionalizada que habría operado desde 2017 para proteger delitos cometidos bajo su jurisdicción.
El escrito detalla la supuesta participación de jefes policiales como Daniel Fernández (Comando Radioeléctrico de la UR IX), Andrés Locatelli (Comisaría 2da), y de la comisario Virginia Cañete, jefa de Asuntos Internos de Avellaneda, además de funcionarios de la Municipalidad de Reconquista, entre ellos Nicolás Sandrigo, responsable de Monitoreo e Inspectores.
Pero el dato más llamativo es la inclusión del intendente Enrique Vallejos en la lista de denunciados. Según los agentes, su participación habría sido determinante para direccionar la investigación y garantizar impunidad a los involucrados civiles. La denuncia también apunta contra personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que amplía el alcance del entramado.
En su presentación, los denunciantes piden que se investiguen delitos de hurto agravado, encubrimiento, falsificación de documentos, obstrucción y destrucción de pruebas, entre otros.
El trasfondo político: un intendente en la mira y un Gobierno en silencio
El caso genera especial repercusión política porque Enrique Vallejos es uno de los intendentes peronistas más cercanos al Gobierno de Santa Fe. Su relación con figuras del oficialismo provincial y su papel en la estructura territorial del norte lo convierten en un actor clave dentro del mapa político santafesino.
Hasta el momento, la Casa Gris evitó pronunciarse públicamente, pero en los pasillos del poder reconocen que el tema preocupa. El impacto institucional es profundo: la denuncia no solo involucra a un fiscal regional —máxima autoridad del MPA en la zona— sino también a funcionarios de distintas jerarquías que habrían actuado coordinadamente para proteger intereses políticos.
Lo que podría haber sido una causa local sobre un robo menor en un accidente vial terminó exponiendo las zonas grises entre la política, la justicia y las fuerzas de seguridad en el norte de la provincia.
La lectura institucional: entre la autodefensa y el poder
El caso llega en un momento de extrema sensibilidad para el sistema judicial santafesino, tras los recientes fallos por corrupción y las internas abiertas dentro del MPA. La denuncia de los policías detenidos no solo busca limpiar sus nombres, sino exponer un modelo de connivencia institucional que, de confirmarse, pondría en jaque la credibilidad de la Justicia en toda la región.
En Reconquista, el silencio político es elocuente. Ningún funcionario del Ejecutivo provincial ni del Ministerio de Seguridad se pronunció públicamente, y en la Fiscalía Regional se limitaron a “no hacer comentarios sobre causas en trámite”.
Mientras tanto, los denunciantes aseguran que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. “Nosotros no somos delincuentes —dijo uno de ellos—. Los que deberían estar presos son los que nos acusaron”.
Un caso que puede escalar
Lo que hoy parece un conflicto local podría transformarse en un nuevo capítulo de tensión institucional entre la Justicia y la política santafesina. Si la denuncia avanza, podría arrastrar a funcionarios de distintos niveles y abrir una grieta dentro del oficialismo.
En ese contexto, la figura del intendente Vallejos emerge como símbolo de un poder político que —al menos en el norte— sigue entrelazado con prácticas que la Justicia dice combatir pero, según los denunciantes, termina amparando.
La pregunta que flota en Reconquista, y que resuena en la Casa Gris, es la misma que muchos ciudadanos se hacen:
¿Hasta dónde llegará esta denuncia, y cuántos de los nombres implicados podrán seguir en sus cargos cuando todo salga a la luz?
