La denuncia por el presunto desvío de fondos de una ONG hacia la campaña electoral del peronismo sacude a la capital provincial. Mientras el fiscal federal Jorge Onel avanza con la investigación, el Concejo Municipal se prepara para recibir a un justicialismo dividido y en tensión por el escándalo que involucra al concejal electo Pedro Medei.
La política santafesina vive por estas horas un nuevo capítulo de tensión entre la justicia federal, el oficialismo municipal y el peronismo capitalino. La investigación sobre el presunto desvío de fondos de una asociación civil hacia la campaña electoral de Fuerza Patria, fuerza identificada con el justicialismo local, no sólo complica a dirigentes cercanos al espacio, sino que amenaza con alterar el delicado equilibrio interno del PJ en el Concejo Municipal.
El fiscal federal Jorge Onel dispuso nuevas medidas para determinar si la Asociación Civil 29 de Abril, que nació con fines de asistencia social y acompañamiento a familias afectadas por la inundación de 2003, fue utilizada para financiar actividades proselitistas durante la campaña legislativa de 2025.
La denuncia, presentada por apoderados de Provincias Unidas, apunta directamente a miembros de la conducción de la ONG y a candidatos del peronismo capitalino.
Según la presentación judicial, la entidad habría destinado más de 21 millones de pesos a la promoción digital de la lista de Fuerza Patria, encabezada por Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez, y que integraba también al docente y actual concejal electo Pedro “el Profe” Medei, quien figura como tesorero de la asociación civil.
El vínculo entre la estructura de la ONG y la campaña fue detectado a partir de registros de publicidad en el Centro de Transparencia de Google Ads, donde se documentaron gastos con coincidencias de CUIL y direcciones fiscales.
El informe de Provincias Unidas sostiene que esos movimientos “no se enmarcan en el objeto social” de la fundación, creada para la promoción cultural y la ayuda humanitaria, y que el presunto uso de sus recursos con fines electorales podría configurar una “administración fraudulenta” y “defraudación a los asociados”.
La justicia requirió los libros contables, balances e inventarios de la ONG, además de los informes sobre su domicilio y el personal que desarrolla actividades en el lugar. En paralelo, el Registro de Personas Jurídicas de Santa Fe abrió un sumario administrativo para determinar si existieron infracciones al estatuto de la entidad.
El caso que divide al Concejo
Mientras avanza la causa judicial, el escándalo ya tuvo impacto político. La concejala electa de La Libertad Avanza, Ana Cantiani, pidió públicamente que el Concejo Municipal revise el pliego de asunción de Pedro Medei y que se suspenda su incorporación al cuerpo en caso de que se comprueben los desvíos denunciados.
“Si una ONG creada para asistir a los inundados fue usada para financiar campañas políticas, se trata de una burla a la sociedad santafesina y a las víctimas de esa tragedia”, expresó la dirigente libertaria, reclamando “transparencia y responsabilidad pública”.
Por el momento, la presidencia del Concejo y los asesores legales analizan los mecanismos reglamentarios que permitirían —si hubiera avances concretos en la causa— revisar la asunción o la continuidad del edil.
Un PJ fragmentado que busca unidad en medio del escándalo
En este contexto judicial, el peronismo santafesino intenta reconstruir una unidad política que hoy parece más declarativa que real. A partir de diciembre, el PJ contará con cinco bancas en el Concejo, distribuidas en al menos tres bloques distintos, lo que refleja la persistente fractura interna del espacio.
Actualmente, los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández comparten un bloque, mientras Violeta Quiroz mantiene otro. Con el ingreso de Pedro Medei y Gastón “Tati” Restagno —referente del dirigente social Juan Grabois—, el justicialismo capitalino se prepara para un nuevo período signado por la dispersión.
Aunque varios sectores promueven la conformación de un interbloque peronista, las negociaciones no avanzan. Las diferencias ideológicas, las tensiones por liderazgos y ahora la sombra del escándalo financiero actúan como freno.
En este panorama, Medei, señalado por la investigación judicial, podría encabezar un monobloque propio, mientras que Restagno, electo por fuera de la estructura tradicional del PJ, evalúa mantener independencia legislativa, sin descartar acuerdos puntuales con otros espacios.
La política bajo sospecha
La denuncia contra la Asociación Civil 29 de Abril y sus eventuales vínculos con la campaña del peronismo deja al descubierto una práctica cada vez más frecuente en la política argentina: la utilización de organizaciones sociales como vehículos de financiamiento electoral.
En este caso, lo que agrava la acusación es el origen de los fondos, presuntamente vinculados a subsidios o aportes destinados a la asistencia de familias vulnerables, y el uso de estructuras humanitarias con fines partidarios.
Si las pruebas confirman las sospechas, la causa podría escalar en el fuero federal y derivar en imputaciones por delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos y violación a la ley de financiamiento político.
En el terreno político, la investigación podría complicar la estrategia del peronismo local, que busca consolidar una imagen de oposición responsable frente al gobierno municipal de Juan Pablo Poletti y al provincial de Maximiliano Pullaro.
Pero el caso Medei abre grietas que exceden al PJ: instala nuevamente la discusión sobre la transparencia del financiamiento electoral, el control del uso de fondos públicos y privados, y la responsabilidad de los partidos en la rendición de cuentas.
Un cierre con más preguntas que certezas
La investigación federal recién comienza, pero ya reconfigura el tablero político en la capital santafesina. La combinación entre causas judiciales, internas partidarias y disputas por la transparencia anticipa un escenario turbulento para el Concejo Municipal que asumirá en diciembre.
Entre la necesidad de recomponer legitimidad y la obligación de dar respuestas éticas y políticas, el peronismo local enfrenta una disyuntiva: o reconstruir unidad desde la verdad y la rendición de cuentas, o seguir atrapado en un esquema de silencios y sospechas que lo aleja de la sociedad que pretende representar.
