El diputado provincial presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe un proyecto de declaración en rechazo a la Resolución N° 232/2025 del Gobierno nacional, que elimina beneficios para productores y productoras de la agricultura familiar, afectando de manera directa al sector que más alimentos frescos aporta al mercado interno.
Durante la sesión de este jueves, el diputado nortefesino Sergio “Chiqui” Rojas expresó su preocupación por la decisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de derogar una serie de resoluciones que otorgaban exenciones y beneficios técnicos a la agricultura familiar. Ademas, solicita al Poder Ejecutivo Nacional revisar la medida y restablecer un esquema de políticas diferenciadas que garantice la equidad, la sustentabilidad y la continuidad productiva de las familias rurales en todo el territorio argentino.
El legislador advirtió que la medida “implica una regresión en materia de equidad productiva y profundiza la desigualdad entre los pequeños productores y los grandes actores del sistema agroexportador. Tenemos que preguntarnos seriamente qué campo queremos, porque lo que va a hacer esta resolución es concentrar aún más el sistema productivo, no solamente de Santa Fe, sino también de Argentina”.
Según el texto, la resolución incrementará los costos fijos de producción para más de 150 mil familias rurales y afectará a cooperativas, ferias y mercados de cercanía, reduciendo la oferta local de alimentos y encareciendo precios al consumidor. Además, advierte sobre el riesgo de informalidad y pérdida de control sanitario, ya que muchos pequeños productores no podrán afrontar los costos de certificación exigidos por SENASA “Recientemente tuvimos un encuentro con mas de 15 organizaciones de la agricultura familiar del norte de Santa Fe, y entre muchas de las cuestiones planteadas nos mencionaban lo difícil que es cumplir con ciertas normativas de ASSAL y SENASA. Las exenciones les permitían poder sortear algunos de esos obstáculos, a partir de ahora se les va a sumar un costo adicional que, en rigor, va a hacer que a muchos productores no les quede otra alternativa que o no producir o evadir controles, con el riesgo sanitario que eso conlleva”.
El proyecto presentado subraya que las exenciones derogadas no eran privilegios, sino herramientas de inclusión productiva que permitían a los agricultores familiares cumplir con las exigencias sanitarias y de registro sin que los costos resultaran inaccesibles. Al eliminar estos mecanismos, el Gobierno nacional desconoce el principio de diferenciación productiva y contradice los objetivos de la Ley N° 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Finalmente, Rojas sostuvo que el gobierno nacional no solo demuestra desinterés sino un profundo desconocimiento sobre el sector. “Creer que los campesinos y agricultores familiares tienen privilegios es realmente preocupante, teniendo en cuenta que viene desde las máximas autoridades del país en la materia. Estas exenciones derogadas no son privilegios, eran una herramienta de justicia productiva para la agricultura familiar, no solo para los productores sino al medio de vida y sustento de miles de personas. Este proyecto no es en defensa de un sector, sino que es en defensa del arraigo, de la soberanía alimentaria y de las comunidades rurales de la provincia de Santa Fe.”
