La próxima semana será decisiva para la relación entre el Gobierno de Maximiliano Pullaro y los sindicatos estatales. No se trata solo de discutir una actualización salarial frente a un escenario inflacionario persistente: el oficialismo enfrentará también el desafío político de intentar reconstruir un vínculo deteriorado con los gremios, en medio de rumores de cambios en áreas sensibles del gabinete y tensiones internas que ya comienzan a impactar en la negociación paritaria.
Los sindicatos llegan a esta instancia con un diagnóstico unificado: la propuesta semestral del Ejecutivo —del 7% entre julio y diciembre— quedó retrasada frente a la inflación acumulada, que según el IPEC ya alcanzó el 8,77% en el mismo período. Y, según los gremios, la pérdida real sobre el salario continúa ampliándose mes a mes.
El Gobierno, por su parte, intenta sostener el mensaje de que “el poder adquisitivo estará igual o por encima de la inflación”, pero enfrenta crecientes dificultades para sostener esa premisa en un contexto fiscal frágil, una inflación que no cede y una demanda gremial que se volvió más urgente tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor de octubre (2,7%).
Lo cierto es que la Casa Gris asumirá esta mesa paritaria con un doble frente abierto: recomponer ingresos y recomponer confianza. Y en este punto, la incertidumbre política interna aparece como un factor determinante.
Rumores de cambios, un ruido que ya afecta la negociación
En los últimos días, versiones insistentes indicaron que el gobernador analiza cambios en tres ministerios clave para el diálogo con los trabajadores: Educación, Trabajo y Salud.
Aunque desde el Ejecutivo aseguran que “no hay definiciones”, la sola posibilidad desató un clima de inquietud tanto dentro del gabinete como entre los representantes sindicales. Se trata de áreas que tienen impacto directo en la paritaria y cuya conducción —según admiten en el propio oficialismo— acumula desgaste y críticas internas.
En Educación, por ejemplo, la figura del ministro José Goity está en el centro de las miradas. Colaboradores cercanos ya tomaron distancia de algunas decisiones y crece el malestar por la falta de una línea política clara frente a los gremios docentes. El Ministerio de Trabajo enfrenta reclamos por demoras en la convocatoria y el Ministerio de Salud, tensiones por la situación salarial del personal hospitalario.
En este marco, la posibilidad de cambios no es neutra: los gremios temen que una transición interna profundice la incertidumbre y derive en una paritaria condicionada por movimientos políticos más que por decisiones técnicas.
La Casa Gris convoca a los gremios: “Vamos a recomponer los salarios”
Tras conocerse el IPC de octubre, el Gobierno confirmó que la convocatoria paritaria se realizará la próxima semana. Pullaro ratificó públicamente que cumplirá su promesa de actualizar salarios según inflación:
“Nuestro compromiso es estar igual o por encima de la inflación. Vamos a corregir y vamos a hacer el ajuste que tenemos que hacer”, afirmó el gobernador.
Desde el Ejecutivo aseguran que la intención es “analizar la situación en conjunto” y evitar nuevos retrasos. Pero los gremios reclaman algo más que actualización:
➤ Exigen una paritaria seria, sin decisiones unilaterales.
➤ Piden recomposición real, no porcentajes “ficticios”.
➤ No quieren que la respuesta salarial llegue por decreto, como ya ocurrió en conflictos anteriores.
Una fuente sindical fue clara:
“Queremos discutir. No queremos que la paritaria sea solo el lugar donde se nos comunica una decisión tomada”.
La propuesta semestral quedó atrás: inflación por encima del aumento
En agosto el Gobierno había propuesto: Un total del 7% en seis meses, calculado sobre los salarios de junio.
El problema es que la inflación acumulada desde julio hasta octubre, según IPEC, fue del 8,77%, ya por encima del aumento salarial previsto. Y los gremios no dudan en calificar esa brecha como pérdida de poder adquisitivo.
Festram prende las alarmas: riesgo de cerrar el año con un 10% de pérdida
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) también pidió la reapertura urgente de la paritaria. Su referente, Germán Ocampo, advirtió:
“Si la tendencia se mantiene, podríamos terminar el año con una pérdida de poder adquisitivo del 10%”.
El sindicato sostiene que: la paritaria municipal ya quedó desactualizada, la inflación supera el 26% anual, y los aumentos salariales rondan apenas el 21%.
También plantearon una fuerte caída en la coparticipación —de hasta 40% según los intendentes—, lo que complica el margen de negociación local.
Ocampo también marcó un dato sensible: El salario mínimo garantizado para trabajadores municipales ronda los $700.000, número que ubica al sector “en un escenario límite”, aunque todavía por encima de la línea de pobreza.
Una paritaria que definirá algo más que salarios
La semana que viene no solo se discutirá cuánto se aumenta el sueldo estatal.
Se decidirá también: si el Gobierno logra encauzar el diálogo con los gremios o profundiza la desconfianza; si los rumores de cambios en el gabinete alteran o no la negociación; si la Casa Gris apuesta al consenso o repite salidas por decreto; si los sindicatos aceptan una recomposición gradual o exigen un salto que compense la pérdida acumulada.
En definitiva, se pondrá a prueba la capacidad política del Gobierno para administrar conflicto, recuperar credibilidad y sostener lo que prometió: que los salarios estatales no vuelvan a perder con la inflación.
Lo que ocurra en esta paritaria marcará el tono del fin de año y la relación entre Pullaro y los trabajadores estatales en 2024.
