La intervención de la Cocina Centralizada de Reconquista —inaugurada hace apenas un año y considerada la más moderna de la provincia— abre más interrogantes que certezas. Aunque el Gobierno Provincial sostiene que la medida responde a “sabotajes”, “anomalías graves” y “mal uso del equipamiento”, la decisión deja un amplio margen para la suspicacia política. La falta de una investigación previa, la presencia puntual del ministro de Educación José Goity —uno de los funcionarios que menos pisa el norte santafesino, según remarcan docentes locales— y la designación de dos interventores con militancia radical despiertan preguntas que no encuentran respuesta clara.
El edificio inaugurado en diciembre de 2024 fue presentado por la gestión de Pullaro como un proyecto modelo para el norte provincial: inversión millonaria, equipamiento industrial de última generación y 5.500 raciones diarias para 33 escuelas. Sin embargo, a pesar de ese nivel de infraestructura y de que las raciones son valoradas por su calidad y puntualidad, hoy la cocina aparece bajo un manto de sospecha, desplazamientos y amenazas de sanciones.
Y más allá del relato oficial, la política entró de lleno al menú del día.
La intervención que llegó antes de las respuestas
El ministro Goity viajó a Reconquista exclusivamente para anunciar la intervención, acompañado por la secretaria Daiana Gallo Ambrosis y el director regional Sergio García. La explicación fue contundente: “sabotajes”, “daños intencionales” y un “punto límite” que comprometía el funcionamiento del sistema alimentario escolar.
Sin embargo, en Reconquista nadie pasó por alto un detalle básico: si realmente existieron hechos de sabotaje sobre equipamiento en garantía —como el uso de marmitas a más de 300 grados, rotura de manómetros o manipulación indebida de portones y mecheros— ¿por qué la intervención llegó antes que una investigación?
¿Por qué no se radicó una denuncia formal?
¿Por qué no actuó primero la Justicia?
Esa secuencia invertida es el primer punto que alimenta sospechas.
Interventores con sello radical
La tarea de “normalizar” la cocina quedó en manos de Oscar Duarte, coordinador del Nodo Reconquista, y de la abogada Marlen Espíndola, técnica del Ministerio de Gobierno. Ambos responden directamente a Unidos y son reconocidos dentro del radicalismo del norte provincial.
Quienes siguen de cerca la política del departamento señalan otro dato llamativo: uno de los interventores dejaría de percibir sueldo provincial tras el 10 de diciembre. Su desembarco en la cocina aparece entonces como una reubicación política encubierta, más que como una designación técnica.
En ese contexto, trabajadores y dirigentes locales se preguntan si la intervención es una medida administrativa… o una maniobra de reposicionamiento interno con nombres propios.
Los fundamentos que no cierran
El Gobierno provincial justifica la intervención por “condiciones operativas graves”. Pero si el criterio para intervenir es el deterioro edilicio o el mal funcionamiento de herramientas, deberían estar intervenidas decenas —si no cientos— de dependencias públicas provinciales, especialmente escuelas en todos los rincones del territorio.
Nada de eso ocurre.
En cambio, se intervino un establecimiento que funciona, produce en tiempo y forma, tiene personal especializado y, según testimonios de escuelas, entrega comida “abundante, de buena calidad y sin retrasos”.
Por eso, en Reconquista circulan preguntas incómodas:
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¿La intervención encubre una privatización futura del servicio?
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¿Se busca depurar el listado de proveedores?
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¿Habrá despidos dirigido a trabajadores identificados con el peronismo para reemplazarlos por militantes radicales?
Mientras tanto, los trabajadores —los verdaderos protagonistas del día a día— quedaron bajo sospecha sin pruebas concluyentes.
El gremio pide prudencia, defensa y alerta por la “condena social”
En medio del revuelo político y mediático, ATE Reconquista tomó la palabra y marcó una posición firme pero equilibrada. La seccional expresó: “Acompañamos el proceso de investigación sobre los hechos que se atribuyen al personal de la Cocina Centralizada de Reconquista. Somos respetuosos de la idoneidad de nuestros compañeros y consideramos que todo hecho que se adjudique a algún trabajador debe ser probado fehacientemente. Aguardamos respetuosamente que se investigue y de ahí se pueda medir responsabilidades, según el cargo y el rol. Pero no nos parece justo exponer a todos los trabajadores a un juicio social sin pruebas. Por la salud mental del personal, pedimos cautela hasta que termine la investigación.”
El comunicado pone el dedo en la llaga: mientras el Gobierno habla de sabotaje, el gremio exige pruebas.
Esto abre una tensión clave: ¿la intervención busca asegurar el servicio… o disciplinar a la planta y desplazar personal bajo un clima de sospecha generalizada?
El silencio del intendente Vallejos
El intendente Amadeo Enrique Vallejos, histórico dirigente peronista, mantiene un silencio que en Reconquista se siente como un estruendo. Tras alcanzar un acuerdo político con Pullaro, su postura frente a este conflicto ha sido llamativamente distante.
No pidió informes, no cuestionó la falta de investigación previa, no defendió a los trabajadores locales y no reclamó mayor claridad sobre los motivos reales de la intervención.
Para dirigentes del PJ local, Vallejos intenta evitar el costo político de confrontar con la Casa Gris en los últimos días de su gestión.
Para la militancia reconquistense, en cambio, su silencio se parece más a un retroceso que a una prudencia institucional.
El relato oficial y la trama política
Mientras Goity insiste en que se investigará y que habrá sumarios y cesantías “si corresponde”, en Reconquista la lectura política es otra: la intervención cayó sobre una cocina que hasta esta semana se mostraba como modelo provincial, con trabajadores experimentados y un servicio funcionando.
Para la Casa Gris, la medida forma parte de un plan más amplio de reordenamiento de cocinas centralizadas.
Para la política local, la intervención responde a un objetivo diferente: consolidar presencia, ordenar territorio y reposicionar al radicalismo en la región.
Entre esos dos relatos, aparece una tercera verdad: la Cocina Centralizada no solo produce alimento; produce poder.
¿Qué viene ahora?
Los interventores ya asumieron. Los sumarios comenzaron. Las tensiones se profundizan. La planta trabaja bajo presión. Y la política tomó asiento en la primera fila.
Lo que ocurra en las próximas semanas dirá si esta intervención es una corrección administrativa… o el primer capítulo de una reorganización más ambiciosa del Gobierno Provincial en el norte santafesino.
Por ahora, las dudas pesan más que las certezas.
Y mientras tanto, la cocina —esa obra celebrada hace un año— se convirtió en el nuevo epicentro de una disputa donde se mezclan gestión pública, poder territorial, gremios y silencios que hablan más fuerte que los anuncios.
