La jornada de este martes en el edificio del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe fue la postal de algo que ya se venía incubando desde hace meses: incomodidad social, promesas incumplidas y un clima político dentro del gabinete provincial que parece acumular presión en cada área. Fuentes consultadas por politicadesantafe.com lo sintetizaron con crudeza: “Cada ministerio tiene una olla a presión, sino es por mala gestión, es por internas entre funcionarios o por cosas prometidas que no cumplen”. Y, en este caso, el estallido ocurrió en la Costanera santafesina.
Lo que en su origen fue una reunión pactada entre funcionarios y representantes de organizaciones sociales, derivó en algo más tenso, inesperado y simbólico: el ingreso de Infantería al hall del edificio para desalojar a unos treinta manifestantes, muchos de ellos referenciados en cooperativas, comedores y espacios comunitarios que reclaman asistencia para sobrevivir a los próximos tres meses, justamente cuando la crisis social se profundiza.
“La ministra en persona hizo promesas que hasta acá no cumplió”, aseguró a este medio uno de los referentes que participó de la protesta. En paralelo, una trabajadora del propio ministerio describió lo sucedido como una escena innecesariamente dramática: “Nunca vi alterado el orden por parte de esta gente que vino a reunirse con los funcionarios. El tema es que estos dirigentes tienen cola de paja, porque no le dan respuesta a la gente y acá hay cada vez más ñoquis del Estado”.
La imagen de efectivos policiales empujando a militantes y trabajadores comunitarios dentro de una oficina pública no es común en Santa Fe, y muchos lo interpretaron como un error político evitable, especialmente para una gestión que tiene un titular claro en todas las versiones recogidas: Victoria Tejeda, la ministra que aparece cuestionada tanto por organizaciones sociales como por personal interno.
Promesas, presupuesto y un conflicto que no baja
Los manifestantes —en su mayoría del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)— denunciaron que entre 700 y 900 personas quedarán sin ingresos desde enero si el ministerio no renueva convenios básicos de asistencia y trabajo comunitario.
“Estamos necesitando ayuda urgente. Son tres meses críticos y quedamos sin convenios. No tenemos respuesta”, explicó Marta Amado, referente del MTE. Según detalló, hace más de 22 meses que vienen gestionando y las respuestas siempre son las mismas: ‘no hay presupuesto’, ‘la semana que viene’, ‘vuelvan después’.
Los reclamos incluyen: continuidad de cooperativas de construcción, programas de asistencia en violencia de género, merenderos y espacios comunitarios, talleres para personas liberadas, programas de inclusión laboral.
La versión oficial: “intencionalidad política”
Desde el gobierno provincial, la respuesta fue frontal. El subsecretario de Desarrollo Territorial, Mariano Cejas, negó categóricamente la existencia de convenios próximos a vencer y atribuyó la protesta a una estrategia partidaria:
“Venían dialogando, es una sola organización vinculada al kirchnerismo, particularmente a Grabois. No es lo mismo que con todas las otras, con las que venimos trabajando codo a codo”, afirmó.
Y agregó:
“No vamos a permitir el patoteo, ni que irrumpan vulnerando derechos de otros santafesinos. Este gobierno cuida los recursos”.
Sin embargo, la pregunta es otra: ¿era necesario el despliegue de Infantería en una protesta de apenas veinte o treinta personas? Fuentes internas consultadas por este medio coincidieron en que la reacción fue “desproporcionada” y que la presencia policial buscó disciplinar y marcar territorio, más que garantizar seguridad.
La lectura política: el ministerio con más AT, más ruido y más denuncias
El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano es hoy una de las áreas donde se acumulan más denuncias, reclamos y conflictos internos. Varios trabajadores aseguran que es “el ministerio con más AT” (asignaciones transitorias) registradas, y que ese número está en crecimiento constante.
El dato no es menor: los AT son designaciones discrecionales, muchas veces más vinculadas a acuerdos políticos que a necesidades técnicas, y representan tensión en cualquier organigrama estatal.
La oposición social: Lo que ocurrió el martes expone una sensación que crece en los barrios: que el Estado provincial no está pudiendo sostener la emergencia alimentaria, y que la situación económica empieza a golpear a familias que dependen de comedores y cooperativas.
El despliegue policial deja ver una conducción ministerial áspera, en conflicto y con fallas de gestión.
Lo que viene
La reunión con las organizaciones fue reprogramada para las 8 de la mañana de este miércoles, aunque nadie espera acuerdos rápidos.
Lo que sí parece claro es que lo sucedido en la Costanera santafesina no fue un episodio aislado. En varios ministerios hay fricción, desgaste y promesas que el Ejecutivo no logra cumplir: conflictos gremiales, internas entre funcionarios, gestión fragmentada, recorte de programas sociales, aumento de contrataciones políticas.
La sensación que deja el martes es simple y peligrosa: “Cada ministerio es una olla a presión”. Y en Igualdad y Desarrollo Humano, esa presión ya hizo ruido.
