La última sesión del año dejó uno de los debates más ásperos en el Concejo Municipal de Santa Fe. Con protestas de trabajadores, rechazo opositor y acusaciones cruzadas, el cuerpo deliberativo aprobó la reforma del régimen previsional municipal que incrementa los aportes de la Caja Municipal de Jubilaciones. El proyecto fue enviado por el intendente Juan Pablo Poletti, que defendió la medida como “necesaria” y vinculada a la sostenibilidad financiera del sistema. La oposición lo calificó como “ajuste sobre el salario presente”, “oportunidad perdida” y “recorte disfrazado de estudio actuarial”.
En una sesión tensa, acelerada y políticamente significativa, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó la reforma del régimen previsional que envió el intendente Juan Pablo Poletti. Lo hizo en tiempo récord, sin consenso con los trabajadores municipales y con voto dividido en el recinto, dejando un cierre legislativo cargado de señales hacia adelante. El proyecto ingresó apenas una semana antes, fue debatido en comisiones y obtuvo dictamen y sanción en la última sesión del año, en un movimiento que varios concejales denominaron —con ironía— “salió con fritas”.
El oficialismo reunió sus once votos y logró aprobar la modificación del sistema jubilatorio, una decisión que replica lo sucedido a nivel provincial: en 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro también reformó el régimen previsional santafesino, marcando una tendencia de ajuste estructural sobre cajas deficitarias, tanto en la administración central como en gobiernos locales.
La sesión fue además un momento institucional aparte: fue la última presidida por Adriana “Chuchi” Molina, quien cerró su ciclo al frente del Concejo dejando una votación clave para la ingeniería financiera municipal.
Qué se aprobó y por qué el Ejecutivo lo consideró urgente
La reforma aprobada establece un aumento en el aporte personal del 13% al 16%, la medida central de la discusión. El mensaje del Ejecutivo sostiene que:
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La Caja atraviesa insostenibilidad financiera en el corto plazo.
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La relación activo–pasivo es 1,98 a 1, número considerado insuficiente para sostener un sistema solidario.
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Desde 2019 el déficit se volvió creciente, y desde 2024 se volvió crítico.
Según el intendente Juan Pablo Poletti, era imprescindible “tomar medidas urgentes y contundentes, que pongan freno al déficit”. El mandatario fue directo:
“Dijimos que nos íbamos a hacer cargo de los problemas y es lo que estamos haciendo. Esta reforma garantiza una Caja ordenada, equilibrada y sostenible.”
El proyecto también introdujo otras modificaciones: mayor aporte extraordinario para funcionarios y personal de gabinete, cambios en los requisitos para pensiones, sanciones para municipios que no envíen información a tiempo, y un nuevo criterio para cómputo de edad docente.
El mensaje oficial subrayó que otras ciudades tienen porcentajes de aporte más altos, como Neuquén (17% personal y 19% patronal) o Esperanza (17% y 19%). Santa Fe, argumentaron, “quedó atrasada”.
La oposición plantó bandera: “ajuste, recorte y oportunidad perdida”
Los votos negativos vinieron de Jorgelina Mudallel, Jorge Fernández, Violeta Quiroz (PJ), Ignacio Laurenti y Saúl Perman, quienes dejaron planteos jurídicos, técnicos y políticos.
Las frases más marcadas del debate:
Violeta Quiroz: “Cuando hablamos de jubilaciones y pensiones, hablamos del contrato básico con los trabajadores. Esto no es una reforma equilibrada: es un ajuste.”
Jorge Fernández: “No firmamos el informe actuarial. Coincidimos en que el sistema debe revisarse, pero esta reforma obliga a pagar a los mismos de siempre. Perdimos la chance de ser imaginativos.”
Ignacio Laurenti: “Toca derechos sensibles y vulnera a quienes más necesitan protección del Estado. Es abusivo y regresivo.”
Las críticas opositoras se centraron en tres puntos: El aumento del aporte personal: “recorte directo al salario presente para tapar errores del pasado”. Cambios en invalidez y pensiones: “criterios regresivos y más discrecionalidad”. Falta de deliberación y participación: “no fue un proceso consultado con los trabajadores”.
Hubo además un eje político claro: rechazo a la delegación de facultades al Ejecutivo para elevar edad jubilatoria en el futuro, decisión tildada de “inconstitucional”.
El mensaje de fondo: sostenibilidad vs. esfuerzo municipal
Poletti defendió la decisión como parte de un programa de “ordenamiento financiero” que se propuso al inicio de su gestión. Habló de responsabilidad intergeneracional y “no mirar para otro lado”.
“Trabajamos para que la Caja sea sostenible para las actuales y próximas generaciones. Es una reforma que había que hacer.”
La oposición contestó con un concepto distinto: costo social.
“Más esfuerzo para los mismos actores, sin abrir nuevas fuentes de financiamiento”, dijeron.
Claves políticas en el Concejo
El oficialismo mostró disciplina legislativa. El peronismo dejó en claro su rechazo y fijó posición para el 2026. Los bloques minoritarios marcaron agenda ética sobre derechos adquiridos.
A pesar del clima, la reforma se aprobó. Pero en términos políticos, no hay cierre: los gremios anticipan presentaciones administrativas y análisis técnico-jurídico de los artículos.
Lo que viene
La Caja deberá aplicar nuevos criterios acturiales desde enero. El Ejecutivo deberá negociar con municipales para contener conflicto. El Concejo ya prepara pedidos de informes sobre impacto real en pasivos.
La discusión ya salió del recinto y se instaló en los lugares más sensibles: la mesa paritaria municipal y el debate público sobre derechos laborales.
