La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina lanzó un rechazo categórico al nuevo proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que calificó como profundamente regresivo, disciplinador y contrario a los derechos históricos de la clase trabajadora.
En un documento político-sindical de fuerte contenido, la organización sostuvo que la iniciativa oficial no apunta a generar empleo ni a modernizar las relaciones laborales, sino a transferir recursos del trabajo al capital, debilitar la acción colectiva y facilitar despidos sin costo para las empresas.
Desde la Federación remarcaron que el proyecto, compuesto por 191 artículos distribuidos en 71 páginas, expresa una concepción integral del trabajo subordinada a los intereses empresariales, donde cada modificación legal refuerza la posición patronal y reduce los márgenes de defensa individual y colectiva de los trabajadores.
Tres ejes de una reforma regresiva
Según el análisis del gremio, la propuesta del Ejecutivo se estructura sobre tres niveles de ataque simultáneo a los derechos laborales.
En primer lugar, denunciaron una multimillonaria transferencia de recursos desde el sistema de protección social hacia el sector privado, a través de la creación de un nuevo Fondo de “Asistencia Laboral” y la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social. Esta combinación —advirtieron— desfinancia a la ANSES y al sistema previsional, al tiempo que subsidia a los empleadores.
El segundo eje apunta al debilitamiento de la acción colectiva, con reformas orientadas a limitar la negociación colectiva por actividad, reducir el rol de los sindicatos y priorizar convenios por empresa, fragmentando la representación gremial y erosionando los pisos comunes de derechos.
Finalmente, el tercer plano de la reforma busca disciplinar a los trabajadores en los lugares de trabajo, mediante cambios sustantivos en la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas laborales, que flexibilizan jornadas, condiciones y mecanismos de control empresarial.
El Fondo de “Asistencia Laboral”: despidos subsidiados
Uno de los puntos más cuestionados por la Federación Aceitera es la creación del Fondo de “Asistencia Laboral”, al que definieron como una reedición obligatoria del Fondo de Cese Laboral incluido en la Ley de Bases, que hasta ahora no había sido aplicado.
A diferencia de aquella versión, este nuevo fondo sería de carácter obligatorio y se financiaría con recursos que hoy ingresan al sistema previsional. En la práctica, señalaron, subsidiará a los empleadores para despedir trabajadores sin costo, mientras que la administración del fondo quedaría en manos privadas que cobrarían comisiones por su gestión.
Desde el gremio estimaron que la magnitud de esta transferencia oscilaría entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, recursos que dejarían de destinarse a jubilaciones, seguridad social y obras sociales.
Ataque directo al derecho de huelga
Otro de los ejes centrales del rechazo sindical es el ataque al derecho constitucional de huelga, que la Federación calificó como una prohibición de facto.
El gobierno, señalaron, insiste por tercera vez con el espíritu del DNU 70/23, ya declarado inconstitucional por la Justicia del Trabajo, y con normas similares al decreto 340/25 de Marina Mercante, que fue derogado por el Congreso. Ambos textos amplían de manera desmedida el concepto de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”.
Bajo ese esquema, actividades como la industria aceitera y desmotadora podrían ser obligadas a garantizar niveles de funcionamiento del 50% al 75% durante una huelga, lo que en los hechos vacía de contenido la medida de fuerza y neutraliza su efectividad.
A esto se suma la obstaculización de asambleas, congresos sindicales y mecanismos internos de deliberación, reforzando una lógica de control y disciplinamiento sobre la organización gremial.
Banco de horas y flexibilización extrema
En materia de condiciones laborales, la Federación advirtió sobre la creación de un “banco de horas”, que elimina los límites clásicos de la jornada laboral. Este sistema permitiría obligar a trabajar horas extras sin pago adicional, compensándolas con francos otorgados de manera discrecional por la patronal.
Según el documento, esta modalidad no solo implica una pérdida salarial directa, sino que también afecta la integridad psicofísica de los trabajadores, al extender jornadas, alterar descansos y desorganizar la vida familiar y social.
El contraste con la realidad del empleo
El gremio cuestionó el discurso oficial que presenta la reforma como una herramienta de “modernización” y “creación de empleo”. Recordaron que argumentos similares fueron utilizados con la Reforma Laboral incluida en la Ley de Bases en 2024, cuyos resultados —afirmaron— fueron exactamente los opuestos a los prometidos.
De acuerdo a los datos citados, ya se destruyeron cerca de 300.000 puestos de trabajo registrado, se cerraron numerosas unidades productivas y se profundizó el deterioro de la industria nacional.
Para la Federación Aceitera, el balance es claro: la flexibilización no generó empleo, sino precarización, despidos y pérdida de derechos.
Una definición política y sindical
En el cierre del documento, la Federación definió al actual como un “gobierno patronal”, cuyo objetivo central sería quitar derechos laborales, debilitar la organización sindical y limitar la capacidad de lucha por salarios dignos.
Frente a ese escenario, reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales, salariales, sindicales y democráticos de las trabajadoras y trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón, y anticiparon que utilizarán todas las herramientas constitucionales disponibles, con énfasis en el ejercicio del derecho de huelga, para enfrentar la reforma.
El posicionamiento de la Federación Aceitera se suma así a un creciente rechazo sindical que anticipa un escenario de conflictividad social y política, en un contexto donde el debate sobre el modelo laboral vuelve a ocupar el centro de la agenda nacional.
