A casi dos años de gestión y en un escenario político adverso marcado por derrotas electorales consecutivas durante 2025, el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió mirar hacia adelante sin revisar el camino recorrido. Lejos de activar mecanismos de autocrítica o introducir cambios sustanciales en su equipo de conducción, el gobernador optó por ensachar el gabinete, incorporando nuevos nombres provenientes del oficialismo y de los distintos partidos que integran el frente Unidos, incluso aquellos que quedaron afuera de las listas o fueron desplazados por el voto popular.
El mensaje político es claro: nadie queda afuera del esquema de poder, aun cuando los resultados electorales hayan sido negativos. Bajo el argumento de la idoneidad y la trayectoria política de los funcionarios designados —condiciones que efectivamente muchos reúnen—, la gestión provincial continúa sumando cargos y estructuras al Estado, en abierta tensión con el discurso de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos que el propio gobernador suele pregonar.
Mientras se profundiza el ajuste en distintas áreas sensibles del Estado, el gasto en personal político crece de manera sostenida, con representantes de cada sector del frente gobernante ocupando espacios en segundas y terceras líneas. En paralelo, no hubo renuncias, ni fusibles, ni responsables políticos señalados tras un año electoralmente desfavorable. No solo no se fue nadie: el gobierno está convencido de que el rumbo elegido es el correcto.
Cambios en segundas líneas y reubicación de dirigentes
En ese marco se inscriben los recientes movimientos en el gabinete santafesino, oficializados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Se trata, principalmente, de corrimientos en segundas y terceras líneas, motivados por el recambio institucional tras las elecciones locales, municipales y nacionales.
Uno de los casos más relevantes es el de Melina Caren Giorgi, hasta hace pocos días diputada nacional por la UCR, quien fue designada como Directora Provincial de Intervención del Hábitat Rosario. Giorgi reemplazará a María Laura Lucci, recientemente electa presidenta comunal de Acebal. La designación refuerza la lógica de reubicación inmediata de ex legisladores dentro de la estructura del Ejecutivo.
En paralelo, mediante el decreto 3115, se aceptó la renuncia de Sergio “Checho” Basile como Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, tras asumir como concejal en la ciudad de Santa Fe. Su lugar será ocupado por Alejandro Villar, quien previamente dejó su cargo como vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, otro ejemplo de circulación permanente de dirigentes dentro del Estado.
En el Ministerio de Medio Ambiente, en tanto, se confirmó la llegada de Verónica Irizar, ex concejala de Rosario, quien asumirá como Secretaria de Cambio Climático tras finalizar su mandato legislativo. Aún resta definir quién ocupará la Secretaría de Género, luego del alejamiento de Alicia Tate, una vacante que se suma a la lista de cargos en redefinición.
Un gobierno conforme consigo mismo
Semanas atrás, el propio Pullaro había anticipado que, al cumplirse dos años de gestión, se producirían cambios en prácticamente todos los ministerios, aunque limitados a segundas y terceras líneas. “Les pedí a los ministros que evalúen sus equipos”, había señalado, aclarando que no se crearían nuevas secretarías y ratificando su respaldo total a los funcionarios de primera línea.
“En la primera línea del gobierno no va a haber ningún cambio”, sostuvo el mandatario, remarcando su conformidad con ministros y secretarios de Estado, a quienes atribuyó la implementación de “programas muy importantes” y resultados positivos. En los hechos, esa definición se tradujo en una ratificación plena del gabinete, incluso luego de un año electoral negativo.
Más nombres, más estructura
La lógica de ampliación también se proyecta hacia otros organismos del Estado. En las últimas horas, el Ejecutivo anunció que presentará el pliego de Adriana “Chuchi” Molina, ex presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, para cubrir la vacante en el Tribunal de Cuentas que deja Lisandro Villar. El procedimiento prevé un período de difusión de antecedentes y posterior tratamiento legislativo, aunque la señal política vuelve a ser la misma: ningún dirigente del espacio queda al margen del armado institucional.
Reunión de gabinete y negación del contexto político
En paralelo a estas designaciones, Pullaro reunió a todo su gabinete en Rosario para trazar los objetivos del denominado “segundo tiempo” de la gestión. Durante casi dos horas, más de 50 funcionarios participaron de una puesta en escena cuidadosamente diseñada, con foco en la innovación, la digitalización y la modernización del Estado, dejando en un segundo plano la seguridad y evitando cualquier referencia directa a las derrotas electorales recientes.
No hubo autocríticas explícitas, ni reconocimiento del desgaste político, ni señales de revisión estratégica profunda. “Fingiendo demencia, como si nada hubiese pasado en 2025”, resumió a este medio uno de los participantes del encuentro, quien describió un clima de excesiva confianza interna.
“Están súper creídos de que están haciendo todo bien. Tienen focos de incendio por todos lados, la pauta publicitaria dejó de ser un fuerte de contención, casi nadie los cuida y los cambios que muchos creíamos que iban a hacer, no los hicieron. No sé cómo terminará este gobierno, pero no pinta bien”, confió la fuente.
Disciplina interna y discurso cerrado
Durante el acto, Pullaro insistió en los conceptos de cercanía, innovación y decisión política, reivindicó reformas estructurales como la previsional y la judicial, y destacó el acompañamiento legislativo del frente Unidos. Sin embargo, el mensaje hacia adentro fue tan claro como hacia afuera: no hay lugar para la duda interna ni para revisar errores.
Así, mientras se ajustan partidas, se tensan áreas sensibles y crece el malestar social, la gestión provincial continúa ampliando su estructura política, convencida de que el problema no está en el rumbo elegido, sino en la percepción externa. Un diagnóstico que, por ahora, no contempla costos políticos ni límites presupuestarios, y que deja abierto un interrogante central: cuánto margen real tiene el Estado para sostener un modelo que ajusta en gestión pero expande en poder.
