La dura advertencia de la Sociedad Rural de Rosario no cayó en el vacío. Por el contrario, volvió a poner en evidencia un problema estructural que atraviesa a la política de Seguridad de Santa Fe y que ya no se limita a los grandes centros urbanos. La inseguridad rural, lejos de ser un fenómeno aislado, aparece hoy como un síntoma más de una fuerza policial tensionada, ajustada presupuestariamente y con un creciente malestar interno que amenaza con desbordar.
Desde el sector productivo aseguran sentirse “a la deriva”. Abigeatos, robos de maquinaria, hurtos de granos y ataques a instalaciones rurales se multiplican en vastas zonas del territorio provincial, mientras las respuestas estatales llegan tarde o directamente no llegan. El reclamo no es nuevo, pero en el contexto actual adquiere una gravedad mayor: el deterioro de la seguridad rural corre en paralelo con el deterioro de las condiciones laborales de quienes deben garantizarla.
Un reclamo sin respuestas y una agenda incompleta
La Sociedad Rural de Rosario denunció que desde hace al menos dos años solicita reuniones con los ministerios de Producción y de Seguridad, sin obtener convocatorias formales ni propuestas concretas. La última señal de malestar llegó tras una reunión del Consejo Empresario con el Ministerio de Seguridad enfocada exclusivamente en la problemática urbana, dejando fuera de agenda al interior productivo.
Para los ruralistas, esta omisión no es casual sino parte de una falta de políticas específicas para el ámbito rural, donde las distancias, la baja densidad poblacional y la logística requieren herramientas distintas a las de la ciudad. “La falta de controles y la desarticulación de los mecanismos que funcionaban nos dejan prácticamente a la deriva”, advirtieron.
Uno de los puntos más cuestionados es el desmantelamiento de la central del OJO, un sistema de monitoreo y coordinación que durante años fue clave para prevenir y actuar frente a delitos rurales. Su pérdida dejó enormes extensiones del territorio sin cobertura efectiva ni canales fluidos de comunicación entre productores y fuerzas de seguridad.
Los Pumas, ajuste y una fuerza al límite
El reclamo rural tiene un segundo trasfondo que el Gobierno provincial no puede ignorar: el ajuste que atraviesa a la Guardia Rural “Los Pumas”, la fuerza especializada creada en 1961 para custodiar zonas rurales e islas. Aunque históricamente cumplió un rol estratégico en la prevención del delito rural, hoy padece las mismas carencias que el resto de la Policía de Santa Fe.
Fuentes internas de la fuerza señalan falta de recursos, deterioro operativo y un profundo malestar salarial, agravado por el atraso en el pago de horas extras y servicios especiales. Actualmente, se adeudan tres quincenas completas, un ingreso de carácter alimentario que resulta indispensable para completar salarios que apenas cubren cerca del 50% de la canasta familiar.
A esto se suma un contexto generalizado de menosprecio hacia la economía de los trabajadores del Estado, que no afecta solo a la Policía: docentes, personal de salud y empleados de la administración pública atraviesan situaciones similares, con salarios licuados por la inflación y un aguinaldo que se pagará fuera de término.
Una olla a presión dentro del Ministerio de Seguridad
La combinación de más delito, menos recursos y salarios en caída genera un clima explosivo dentro de la fuerza. Un dirigente con experiencia en la administración del Ministerio de Seguridad fue contundente en diálogo con este medio: “Lo que pasa en Seguridad es una olla a presión, no sé cómo todavía no explotó”.
El atraso en los pagos, la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento institucional impactan directamente en la capacidad operativa. Exigir mayor presencia territorial y patrullaje rural sin garantizar condiciones mínimas de trabajo termina debilitando aún más al sistema.
El Estado ausente y una excepción judicial
Desde la Sociedad Rural de Rosario destacaron, como contracara, el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al que reconocen como el único organismo que mantiene escucha activa y da respuesta a las denuncias vinculadas a la inseguridad rural. Sin embargo, advierten que la acción judicial sin prevención ni presencia policial resulta claramente insuficiente.
El sector productivo volvió a enumerar demandas concretas: mayor patrullaje rural, reactivación de sistemas de monitoreo, canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad, investigaciones ágiles y una agenda formal de trabajo entre el Estado y las entidades agropecuarias.
Un conflicto que no será el último
La denuncia de la Sociedad Rural de Rosario caló hondo en el Gobierno provincial, pero puertas adentro reconocen que no será ni la primera ni la última. Mientras no se resuelva el trasfondo estructural —el ajuste presupuestario, el deterioro salarial y la falta de planificación específica—, la inseguridad rural seguirá creciendo y los reclamos se multiplicarán.
En Santa Fe, la seguridad ya no es solo una cuestión urbana. El campo también está en alerta, y la advertencia es clara: sin recursos, sin diálogo y sin una política integral, la crisis terminará alcanzando a todo el sistema.
