La seguridad pública es, sin dudas, una de las principales demandas sociales en Santa Fe. La escalada de violencia en Rosario, los homicidios en la capital provincial y el avance del delito en distintos puntos de la bota forzaron a la política a hablar de resultados, de eficiencia y de capacidad operativa. En ese clima, el Gobierno de Maximiliano Pullaro construyó un relato claro: más tecnología, más patrullaje, más presión sobre las organizaciones criminales y más capacidad de anticipación.
Sin embargo, hay un punto delicado —de los más delicados en la vida democrática— que se discute poco y se controla menos: la inteligencia.
Porque si hay un terreno donde la frontera entre combatir el delito y perseguir ciudadanos puede borrarse rápidamente, es precisamente en los esquemas de inteligencia criminal. Históricamente, en Argentina y en Santa Fe, las herramientas vinculadas al espionaje interno, la producción de información y la actuación encubierta fueron un campo fértil para los abusos, los vicios corporativos, las operaciones políticas, el armado de causas, la carpetización y el desarrollo de lógicas paraestatales.
La inteligencia puede ser útil, incluso decisiva, para desarmar bandas criminales. Pero solo hay una condición para que ese poder sea legítimo: controles estrictos, externos y permanentes.
Y hoy, en Santa Fe, esos controles no existen.
Subescalafón Inteligencia: la nueva estructura
A mediados de Diciembre se conoció que el Gobierno provincial creó formalmente el Subescalafón Inteligencia dentro del Escalafón General del personal policial, mediante el decreto correspondiente al Expediente EE-2025-00027023-APPSF-PE, enmarcado en la Ley 14.246, que regula el Sistema Provincial de Inteligencia para la Prevención del Delito.
La medida establece, entre otros puntos: La creación del Subescalafón Inteligencia para tareas de obtención, reunión, análisis y producción de información criminal. La facultad del Ministerio de Justicia y Seguridad como autoridad de aplicación. El traslado inicial de personal (cuyo listado figura en un Anexo II reservado). La instrucción al ISeP para desarrollar un plan de formación específico. Un régimen de transición de cinco años con reconocimiento de formación previa.
En paralelo, se difundió el Anexo I (en documento separado) donde se establecen condiciones de ingreso y permanencia: evaluaciones técnicas, éticas, psicométricas, régimen disciplinario especial, incompatibilidades severas, dedicación exclusiva y posibilidad de apartamientos.
El diseño puede presentarse como moderno y profesionalizante. Pero lo decisivo no está ahí.
Lo decisivo es otra pregunta: ¿quién controla a quienes controlan?
“Poder sin auditoría”
La propia Ley 14.246 es explícita: exige una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Sistema de Inteligencia, integrada por legisladores, con acceso a información reservada y atribuciones concretas de supervisión.
Ese organismo es el corazón democrático del sistema: no se trata de un detalle administrativo, sino del mecanismo central para evitar que la inteligencia se transforme en una herramienta de disciplinamiento social y político.
Pero ocurre algo tan simple como grave: la Comisión Bicameral no fue constituida. Al menos hasta fines de novimebre de 2025, así lo denunciaron desde APROPOL (el primer sindicato policial de la provincia de Santa Fe, sin reconocimiento oficial).
No hay acto formal, no hay integración pública, no hay cronograma, no hay informes, no hay control.
Es decir: Santa Fe está montando una estructura de inteligencia criminal —sensible, cerrada, con recursos reservados y capacidad operativa— sin el control institucional que exige la ley.
En los hechos, el modelo actual es el siguiente: El Ejecutivo crea. El Ejecutivo maneja. El Ejecutivo evalúa. El Ejecutivo supervisa. Y el Legislativo no interviene.
A esta expansión institucional se suma un dato político que incrementa la alarma: diversas publicaciones periodísticas y trascendidos sostienen que el gobernador se reúne a diario con el jefe del área de inteligencia, para analizar información, causas y líneas investigativas.
Esto, en sí mismo, puede no ser ilegal.
Pero en términos democráticos representa un riesgo evidente cuando no hay contrapeso legislativo, auditoría externa ni límites transparentes. En cualquier sociedad que haya aprendido algo de sus heridas institucionales, una regla es clara:
La inteligencia sin control siempre termina siendo tentadora.
Porque el problema no es lo que se hace cuando se busca al delincuente. El problema es lo que puede hacerse cuando se quiere perseguir adversarios, disciplinar opositores, infiltrar organizaciones sociales, espiar sindicatos o construir “información” para condicionar decisiones.
Santa Fe ya tuvo ejemplos. Y cuando existe un antecedente, la prudencia es una obligación, no un capricho.
El nuevo marco: detenciones y allanamientos en “flagrancia virtual”
El segundo elemento que convierte el tema en una discusión urgente es el nuevo esquema operativo que se intenta consolidar: la provincia viene impulsando un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, con capacidad de análisis casi en tiempo real.
En ese marco, el ministro Pablo Cococcioni explicó públicamente que:
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“La ley desde siempre permitió que en ciertos casos urgentes puedan aprehenderse a personas, e incluso allanarse una morada sin orden judicial…”
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y que con el uso de videovigilancia se busca mayor celeridad investigativa.
Esta combinación —tecnología + ampliación de facultades + inteligencia criminal— puede ser extremadamente eficiente.
Pero también puede ser extremadamente peligrosa si el sistema opera sin límites.
Porque aquí hay un punto institucional gravísimo: la posibilidad de aprehensiones o allanamientos sin orden judicial, bajo el paraguas de una supuesta urgencia, con el respaldo de imágenes.
El resultado puede ser simple y devastador: un “sistema rápido” que termina atropellando garantías, una policía habilitada a actuar con discrecionalidad, y una inteligencia funcionando como soporte de una lógica de “Estado policial”.
Inteligencia criminal o inteligencia política: la línea es finísima
La inteligencia criminal tiene una justificación: combatir organizaciones delictivas, prevenir el delito, detectar patrones, anticipar riesgos.
Pero la historia muestra que, cuando se abre esa puerta sin controles, aparecen los vicios: seguimientos ilegales, persecuciones internas, carpetazos, escuchas, tareas encubiertas sobre ciudadanos comunes, espionaje sobre opositores, “operaciones” en medios, manipulación de pruebas.
Y el problema es que cuando el sistema es secreto, el abuso es más difícil de probar.
Por eso los controles democráticos no están para obstaculizar la seguridad: están para proteger a la sociedad del aparato que dice protegerla.
Una política de Estado exige resultados… pero también límites
La seguridad necesita herramientas. Nadie discute que el delito organizado requiere investigación, inteligencia, tecnología y coordinación.
Pero hay un principio que no puede negociarse:
La democracia se defiende incluso cuando se combate el crimen.
Si la provincia crea un subescalafón de inteligencia, despliega CIOPE, maneja información sensible, ejecuta tareas encubiertas y acumula capacidades operativas, el mínimo indispensable es: Bicameral constituida y activa, control legislativo plural, auditorías periódicas, protocolos públicos (con reservas justificadas), reglas claras de protección de datos personales, y límites estrictos en el uso de la fuerza.
Sin eso, el riesgo no es abstracto. El riesgo es concreto: un sistema de inteligencia provincial con poder real, sin control real, y con facultades crecientes para actuar sin intervención judicial. Y eso, en cualquier república, es una alarma institucional.
