La reciente reforma constitucional que reconoce la autonomía municipal abre una oportunidad histórica para la ciudad de Rosario. Pero también plantea una exigencia concreta: dejar de declamar la autonomía y empezar a ejercerla con decisiones institucionales serias. No alcanza con ampliar competencias si no se construyen reglas de gobierno acordes a la escala, complejidad y peso político de nuestra ciudad. En ese marco, la discusión sobre la creación de la figura del viceintendente no solo es legítima: es necesaria y urgente.
Conviene decirlo sin vergüenza: este no es un debate novedoso ni un experimento institucional. La figura del viceintendente existe desde hace años en numerosos municipios del país. Córdoba, Entre Ríos, Corrientes o La Rioja la incorporaron precisamente para evitar vacíos de poder, disputas internas y crisis de gobernabilidad. No hubo allí “inflación de cargos” ni desajustes presupuestarios. Lo que sí hubo fue previsibilidad política. Negar esta evidencia es, como mínimo, desconocer la experiencia de municipios importantes de nuestro país.
La resistencia a esta figura suele esconder un problema más profundo: la incomodidad de algunos sectores de establecer reglas claras de sucesión y continuidad democrática. En Rosario, ante la ausencia, licencia o vacancia del intendente, el poder ejecutivo puede quedar en manos de una mayoría circunstancial del Concejo Municipal, incluso opuesta al proyecto político elegido por la ciudadanía.
El viceintendente, planteado de este modo, no constituye un privilegio ni un “cargo decorativo”. Se trata de una herramienta básica de estabilidad institucional que garantiza la continuidad política y administrativa, protege la voluntad popular expresada en las urnas y reduce la conflictividad permanente entre el Ejecutivo y el Concejo. En ciudades grandes, esa conflictividad no es una anécdota: en caso de que exista, se traduce en parálisis, desgaste de la gestión y pérdida de capacidad del Estado local para resolver problemas concretos.
Reducir esta discusión a una consigna sobre “más gasto político” es una simplificación deliberada. El viceintendente no implicaría necesariamente mayor presupuesto, sino una redistribución racional de funciones. Pero aun si lo implicara, convendría recordar algo elemental: la inestabilidad institucional siempre cuesta más que cualquier diseño serio de gobierno. La improvisación sale cara, aunque no figure en ninguna planilla presupuestaria.
La Provincia de Santa Fe reconoce en su Constitución la figura del vicegobernador como garantía de continuidad del Poder Ejecutivo. Resulta difícil sostener, sin contradicciones, que en nuestra ciudad de Rosario —una de las principales ciudades del país— deba gobernarse con un diseño institucional más precario. La autonomía municipal no se consolida con discursos defensivos ni con temor al debate. Se consolida con instituciones robustas, reglas previsibles y responsabilidad política.
Para cerrar simplemente dejar en claro que discutir la figura del viceintendente no es hablar de nombres propios ni de especulaciones electorales futuras. Es asumir, de una vez por todas, que gobernar una ciudad compleja, exige abandonar la lógica del parche y construir instituciones a la altura de los desafíos del presente.
