La política santafesina entra en 2026 con un dato que redefine el tablero: la reforma constitucional ya está sancionada, pero su impacto real recién empieza a desplegarse. El texto de la nueva Constitución necesita ahora algo esencial para dejar de ser una declaración de principios y convertirse en poder efectivo: una batería de leyes reglamentarias que traduzcan en normas concretas los nuevos criterios institucionales.
Y ese desafío tendrá como escenario principal a la Legislatura provincial, que atraviesa por estas semanas el tramo final del período de extraordinarias —convocado el 2 de diciembre pasado— y se prepara para un inicio temprano de sesiones ordinarias, previsto para el 15 de febrero, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro se presente ante Diputados y Senado para abrir formalmente el año legislativo con su discurso.
En ese contexto, la actividad parlamentaria se ordena alrededor de tres grandes paquetes legislativos que serán el corazón político del 2026:
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municipios y comunas,
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nuevo régimen electoral,
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transformaciones en el sistema de Justicia.
Pero además, en paralelo, el gobierno provincial ya puso en marcha un capítulo que por sí solo podría dominar el inicio del año: los pliegos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia, que ingresaron al Senado y comenzarán a revisarse desde el 2 de febrero por la Comisión de Acuerdos.
La Legislatura, así, deja atrás un 2024/2025 marcado por la impronta del Ejecutivo y abre un ciclo que demandará algo más complejo: construcción política, negociación interbloque y acuerdos institucionales para evitar que la agenda reformista quede atrapada en disputas de poder.
Extraordinarias extendidas: Pullaro suma pliegos para el Ministerio Público de la Acusación
En las últimas horas, el gobernador Maximiliano Pullaro decidió ampliar formalmente el temario de extraordinarias mediante un decreto que agrega un asunto clave para el funcionamiento judicial: el Mensaje 53/2025, que remite a la Asamblea Legislativa el pedido de acuerdo para designar fiscales adjuntos subrogantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la Circunscripción Judicial N° 1 con sede en Santa Fe.
El decreto incorpora así al período extraordinario la discusión sobre nombres propuestos por el Ejecutivo, con el argumento de fondo que suele repetirse en estas definiciones: cubrir vacantes para garantizar el normal funcionamiento del sistema judicial, en una de las circunscripciones más relevantes de la provincia.
Los postulantes enviados para ese esquema de subrogancias en Santa Fe son: Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud, Valeria Roxana Nittoli.
El movimiento del Ejecutivo no es menor: mientras se acerca febrero, Pullaro busca llegar al inicio de ordinarias con avances en un área sensible —Justicia— que se convirtió en eje permanente de gestión.
La agenda central del 2026: “tres paquetes” para darle vida a la nueva Constitución
La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, sintetizó hace unos dias el clima político del nuevo año con una definición que funciona como diagnóstico y advertencia: la “estrella” del último año fue la reforma constitucional, y ahora hay que sancionar cerca de una veintena de leyes para ponerla en marcha.
En ese marco, García señaló tres núcleos prioritarios: régimen municipal, régimen electoral y sistema judicial. No se trata de reformas menores: son los pilares que determinarán cómo se organiza el poder en Santa Fe durante las próximas décadas.
1) Municipios y comunas: la madre de todas las discusiones locales
El primer paquete apunta al funcionamiento institucional del territorio. Con la reforma constitucional, se consolidó el principio de autonomía municipal, y eso obliga a un rediseño integral: la futura Ley Orgánica de Municipios, reglas para cartas orgánicas, límites y atribuciones del Ejecutivo y los concejos, organización por cantidad de habitantes, nuevos parámetros de reelección, revocatoria y estructura estatal local.
Esta ley será, en los hechos, la que defina si la autonomía es real o se convierte en autonomía “administrada” desde la provincia. Y además impacta en el tablero político: regula municipios grandes, medianos y pequeños, con efectos directos sobre intendentes, concejales y también sobre el poder territorial del Senado.
2) Nuevo régimen electoral: boleta, PASO y reglas para evitar atomización
El segundo paquete es el más explosivo, porque afecta la competencia directa por el poder.
La Constitución reformada alteró las reglas de representación legislativa, lo que obliga a revisar el sistema electoral. Y ahí se abren discusiones de alta tensión: qué tipo de boleta se usará, si se mantienen las PASO o se rediseñan, si se elevan pisos electorales, y cómo se evita una fragmentación que complique gobernabilidad.
Esta reforma no será un tema técnico: será una disputa entre sectores que quieren “ordenar el sistema” y sectores que advierten sobre el riesgo de “cerrarlo”.
3) Transformaciones en Justicia: MPA, Defensa y Corte
El tercer paquete toca el sistema más sensible: el judicial.
Aquí aparecen en simultáneo dos agendas: la estructural: cambios de fondo en el funcionamiento de Justicia, la coyuntural-política: acuerdos para nombramientos, designaciones, vacantes.
El Ejecutivo está decidido a sostener el impulso reformista en Justicia: ya lo hizo con iniciativas anteriores (y con su fuerte discurso de seguridad), y ahora busca completar piezas claves con definiciones de nombres y estructuras.
Pliegos para la Corte: el Senado se convierte en el primer ring político de febrero
A esta agenda de tres paquetes se suma un tema que puede atravesarlo todo: los pliegos para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, llevó personalmente al Senado el Mensaje 1/2026, con el pedido de acuerdo legislativo para cubrir las vacantes en el máximo tribunal. El texto enviado señala que el procedimiento se encuadra en los artículos 89 inciso 5 y 121 de la Constitución Provincial, y que se respetó el mecanismo previsto en el decreto 0018/2007 y su modificatorio 2889/2024 (exposición pública de antecedentes y posibilidad de adhesiones u objeciones ciudadanas).
Los tres postulantes propuestos por el Ejecutivo son: Aldo Mario Alurralde, Diego Luis Maciel, Jorgelina Mabel Genghini.
El tratamiento comenzará desde el segundo día de febrero, cuando tome intervención formal la Comisión de Acuerdos, presidida por la diputada socialista Lionella Cattalini, que deberá definir el cronograma de análisis y entrevistas antes de elevar el tema a la Asamblea Legislativa.
El dato político es doble: por un lado, febrero se abre con Corte y Ministerio Público; por otro, la Asamblea Legislativa que definirá los acuerdos quedará inevitablemente enmarcada por el inicio de ordinarias.
Calendario y poder: extraordinarias como puente hacia un febrero decisivo
Aunque enero mantiene a la Legislatura en receso parlamentario y administrativo, el proceso ya está en marcha.
El Ejecutivo sostiene en extraordinarias el tratamiento de: fiscales subrogantes adjuntos para Santa Fe, fiscal regional y defensor regional de la Circunscripción 3 (Venado Tuerto), y deja encaminada la discusión de Corte para febrero.
En paralelo, el plato fuerte será el 15 de febrero, cuando Pullaro inaugure el año legislativo con un discurso que no será un trámite: será la hoja de ruta del primer año “post reforma constitucional”.
Ese discurso, en rigor, marcará la línea política del 2026: qué velocidad tendrá la reglamentación constitucional, qué prioridad tendrán los municipios, qué reforma electoral quiere Pullaro, y cuánta centralidad tendrá la Justicia como bandera de gestión.
Hay un cambio de clima que no se disimula. Durante los últimos dos años, la Legislatura tuvo un rol más reactivo: el Ejecutivo empujó paquetes estructurales —Justicia, jubilaciones, sistema carcelario y reforma constitucional— y el Parlamento respondió con aprobación, negociación o acompañamiento.
Ahora el proceso exige lo contrario: legislar para implementar el nuevo orden constitucional.
En términos políticos, eso implica: mayor protagonismo de las cámaras, negociación real entre oficialismo y oposición, y una discusión inevitable sobre cómo se distribuye el poder provincial y local en el nuevo mapa institucional.
La reforma ya fue votada. Lo que viene ahora es más complejo: definir sus consecuencias.
