Lo ocurrido en Barrancas durante el festival “Barrancas bajo las estrellas” no fue un hecho aislado ni un episodio menor dentro de la agenda política santafesina. El repudio público que recibió el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por denuncias de agresiones y un violento operativo de seguridad, se inscribe en una secuencia de hechos que desde hace meses vienen marcando un deterioro profundo en la relación entre el Ejecutivo provincial y amplios sectores de la sociedad, en especial los trabajadores del Estado.
El escrache en la localidad del departamento San Jerónimo fue, en rigor, la expresión más reciente de una tensión que crece de manera sostenida. Pullaro ya había sido increpado en otros puntos de la provincia, en actos oficiales, recorridas institucionales y actividades públicas. La escena se repite: reclamos, cuestionamientos directos, clima hostil y un dispositivo de seguridad cada vez más rígido. Lo que cambia es la intensidad. En Barrancas, esa tensión terminó desbordando.
Según relataron testigos presenciales, el incidente comenzó cuando un grupo reducido de vecinos —entre ellos familiares de un comisario retirado de la zona— se acercó al gobernador para cuestionarlo por su política hacia los empleados públicos y por el rumbo general de su gestión. No se trató de una manifestación masiva ni organizada, sino de un reclamo cara a cara, típico de un acto público en una localidad pequeña.
La situación se agravó cuando integrantes del entorno de seguridad reaccionaron con empujones y forcejeos, en una escena que rápidamente llamó la atención de otros asistentes al festival. Lo que era un intercambio puntual se transformó en un repudio más amplio, con vecinos sumándose al reclamo al advertir el accionar de la custodia, a la que describieron como una “patota” intolerante frente a cualquier forma de disidencia.
El clima festivo se quebró en minutos. Un evento cultural y popular terminó convertido en un foco de conflicto político y social.
Uno de los testimonios centrales fue el de Sergio Vinderola, comisario retirado y vecino de Barrancas, quien denunció públicamente agresiones físicas contra miembros de su familia. En sus declaraciones y publicaciones en redes sociales, Vinderola apuntó directamente contra el entorno del gobernador, al que acusó de no tolerar la crítica y de responder con violencia ante cualquier cuestionamiento.
Un punto especialmente sensible fue la denuncia sobre la presunta presencia de personal de seguridad privada junto a efectivos policiales oficiales. Vecinos señalaron que no todos los integrantes del operativo pertenecían a fuerzas públicas identificables, lo que abrió interrogantes sobre la legalidad del dispositivo y sobre los límites del uso de este tipo de custodia en actos abiertos a la comunidad.
El episodio reavivó un debate de fondo: el derecho a la protesta, la tolerancia del poder frente al disenso y el uso de fuerza desmedida en contextos que no presentaban riesgos objetivos. Para muchos vecinos, lo ocurrido en Barrancas no fue un exceso circunstancial, sino una manifestación de un estilo de gestión que prioriza el control y la imagen por sobre el diálogo democrático.
Este nuevo escrache encuentra a Pullaro en un momento político delicado. En 2025 el gobernador sufrió un fuerte retroceso electoral: ganó la elección de Convencional, pero con menos de la mitad de los votos que lo habían llevado a la Casa Gris un año antes; quedó relegado en las principales ciudades de la provincia; y terminó tercero en Rosario y en las elecciones nacionales de octubre, pese a un despliegue económico que aún no fue debidamente explicado.
Lejos de leer esos resultados como una señal de alerta, el gobernador decidió no modificar su esquema de poder. Hoy continúa con el mismo gabinete, integrado por funcionarios resistidos tanto por sectores opositores como por aliados del propio frente de gobierno. Esa decisión alimentó un diagnóstico que se repite en distintos espacios políticos: Pullaro perdió apoyo social, pero no corrigió el rumbo.
La relación con los trabajadores del Estado es uno de los núcleos más conflictivos de esa crisis. Docentes, personal de salud, empleados administrativos y fuerzas de seguridad vienen expresando un malestar creciente frente a salarios atrasados, condiciones laborales precarias y una política de confrontación sostenida desde el Ejecutivo. Lejos de descomprimir, la gestión optó por endurecer su posición, profundizando la ruptura.
En ese marco, los escraches ya no son excepciones, sino síntomas. La visita a Barrancas dejó una postal incómoda: un gobernador repudiado en un acto público, con denuncias de violencia, un operativo de seguridad cuestionado y una comunidad que pasó del festejo al conflicto en cuestión de minutos.
Para el gobierno provincial, el episodio es algo más que un problema de imagen. Es una señal política clara: el malestar social no solo persiste, sino que se expresa de manera cada vez más directa y visible. Y mientras el Ejecutivo insiste en sostener el mismo esquema de poder, los conflictos que hoy estallan en pequeños pueblos amenazan con reproducirse en toda la provincia.
Barrancas no fue el primer escrache. Y, a la luz de la actual dinámica política, difícilmente sea el último.
