La relación entre el Ejecutivo Municipal de Rosario y el Sindicato de Trabajadores Municipales atraviesa un nuevo capítulo de alta tensión política e institucional, con dos ejes que se cruzan y se potencian: por un lado, la decisión del intendente Pablo Javkin de promulgar y reglamentar una ordenanza que pone fin al esquema de cargos hereditarios dentro de la Municipalidad; por el otro, el contraataque del gremio, que buscó instalar una denuncia de fondo contra la gestión: más de 150 nombramientos y pases a planta realizados por decreto, sin acuerdo con el sindicato, es decir, según su acusación, “a dedo”.

El conflicto no sólo revela una disputa por mecanismos de ingreso y regularización de personal. También expone una batalla mayor: quién controla la llave del empleo municipal, bajo qué reglas se sostiene la carrera administrativa y cuál es el margen real de poder del sindicato dentro de un municipio que pretende mostrar “modernización”, transparencia y austeridad, pero que enfrenta al mismo tiempo cuestionamientos por supuestas designaciones discrecionales.

En síntesis: una medida presentada como transparencia y meritocracia derivó en una protesta gremial con acusaciones de favoritismo político, en un escenario que suma antecedentes de enfrentamientos previos entre ambas partes.

El detonante: el fin de los cargos hereditarios como decisión política del Ejecutivo

El punto de partida formal del conflicto fue la puesta en práctica de la ordenanza 10.809, aprobada en el Concejo Municipal en 2025, a partir de un proyecto impulsado por el concejal Franco Volpe (La Libertad Avanza) junto a la edil Ana Laura Martínez (sector del PRO dentro del armado local de Unidos).

La norma elimina el criterio de ingreso heredado de una ordenanza de 1984 que, en determinados casos, otorgaba prioridad a familiares directos de agentes municipales activos, jubilados o fallecidos.

Desde el Ejecutivo, la medida fue presentada como un cambio cultural: ingreso por reglas generales y no por vínculos familiares. En el discurso oficial, la ordenanza se encuadra en un paradigma que el municipio define como “transparencia” y “meritocracia”, alineado con una orientación política más amplia que ya tuvo expresiones a nivel nacional y provincial.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, fue el encargado de defender la decisión con una frase que apunta a clausurar el debate: sostuvo que la modalidad anterior se “corta para siempre”, y que se trata de un cambio que “llegó para quedarse”, aun cuando genere resistencias.

Ratner recogió el guante: “venta de humo” y denuncia de un municipio que nombra por decreto

La respuesta gremial llegó rápido y con tono político. El secretario general del Sindicato de Municipales, Antonio Ratner, cuestionó el espíritu y la oportunidad del anuncio, calificándolo como “confusión y venta de humo”.

Pero el dato clave fue el giro: Ratner no se limitó a defender el esquema previo. Tomó el tema como plataforma para devolver el golpe donde más incomoda a cualquier administración pública: el ingreso discrecional.

Según el sindicato, el Ejecutivo municipal: firmó decretos a fines de 2025 e inicios de 2026, otorgó pases a planta y regularizaciones a unos 150 agentes, en categorías altas del escalafón (19, 20 y 21), sin diálogo ni mesas técnicas, y con vínculos personales o políticos con la gestión.

El gremio planteó así una denuncia con doble objetivo: discutir el nuevo marco “anti-hereditario” e instalar que, mientras se corta un mecanismo histórico, se abre otro por vía administrativa.

Ratner fue explícito: sostuvo que hay trabajadores contratados desde hace años que siguen esperando regularización, mientras se consolidan pases rápidos para otros perfiles. Y remarcó un concepto que funciona como denuncia social:

“Cuando todo el mundo habla de austeridad, acá parece liviana la mano para firmar decretos”.

La protesta se materializó en una asamblea frente a la Secretaría de Desarrollo Humano, con carteles centrados en el reclamo de igualdad y carrera administrativa: el sindicato busca mostrar que el problema de fondo no es si hay o no cargos hereditarios, sino si hay o no reglas claras y parejas para todos.

La defensa del Ejecutivo: “no son ingresos nuevos, es regularización”

La Municipalidad respondió con una narrativa completamente opuesta. Para el Ejecutivo, no hay designaciones discrecionales, sino un proceso de ordenamiento laboral pendiente.

Sebastián Chale defendió los decretos argumentando que: se trata de personal que ya prestaba funciones, con vínculos precarios sostenidos durante años, especialmente desde la pospandemia y el trabajo territorial, y que se completó un proceso que antes se había priorizado en salud.

El funcionario aseguró que “no son ingresos nuevos”, sino regularización con categorías acordes a funciones reales, y destacó que el pase a planta implica aportes jubilatorios y estabilidad.

Chale fue más allá: interpretó que la protesta sindical surge porque el Ejecutivo ya no habilita negociaciones donde el sindicato incidía en el “quién entra” y “quién asciende”. Y lanzó una frase que resume la disputa por poder:

“La influencia gremial no corre más”.

Esa definición reubica el conflicto en un plano político: el Ejecutivo intenta redefinir el vínculo con el sindicato bajo una lógica de autoridad institucional, mientras el sindicato interpreta el movimiento como una decisión destinada a debilitar su capacidad de control.

Una pelea de fondo que viene de arrastre

Este conflicto no se limita a una ordenanza. En realidad, funciona como una continuidad de una relación ya cargada.

Durante 2025, el enfrentamiento entre Javkin y el sindicato escaló con: aumentos dispuestos por decreto, paros y amenazas de descuentos, acusaciones cruzadas por uso de ambulancias en protestas, y derivaciones políticas en plena campaña, con señalamientos sobre alineamientos electorales.

Es decir: hay un historial de conflicto donde el sindicato fue ocupando el rol de oposición dura en el tablero municipal, y el Ejecutivo fue construyendo un discurso donde el gremio aparece como un actor corporativo que se resiste a perder privilegios.

La ordenanza contra los cargos hereditarios ofreció el marco perfecto para reactivar esa narrativa.

Dos discursos, una misma disputa: empleo municipal, reglas de ingreso y carrera administrativa

Lo que está en juego no es solo una norma. Es un modelo.

Para el Ejecutivo: eliminar herencia = modernizar, cortar intermediación = transparentar, ordenar planta = eficiencia y gestión.

Para el gremio: la ordenanza es relato, el municipio nombra discrecionalmente, y la carrera administrativa queda tapada por “amigos de la política”.

En el fondo, ambos disputan el mismo territorio: el control del empleo municipal.

Y esa disputa, por su peso simbólico y real, promete seguir escalando: porque la Municipalidad sostiene que el cambio es definitivo y el sindicato ya demostró que está dispuesto a confrontar, movilizar y mantener el conflicto en agenda pública.