El brutal asesinato de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe no sólo generó conmoción social. También reactivó un debate profundo y sensible que atraviesa a la política provincial y nacional: la baja de la edad de imputabilidad y el rol del Estado frente a las infancias y adolescencias que crecen en contextos de exclusión.
En pocas horas quedaron expuestas, con crudeza, al menos tres posiciones bien diferenciadas. Desde una mirada social que pone el foco en la marginalidad estructural; pasando por la postura punitiva del gobierno santafesino, que propone endurecer el régimen penal juvenil; hasta el planteo del socialismo, que intenta sostener una salida “integral” con herramientas alternativas a la cárcel.
Tres enfoques que reflejan, en el fondo, una discusión más amplia: castigo o políticas públicas, encierro o prevención, respuesta inmediata o abordaje de largo plazo.
Del Frade: marginalidad, ausencia del Estado y una respuesta que llega tarde
El diputado provincial Carlos Del Frade fue uno de los primeros en cuestionar el giro punitivo que comenzó a instalarse tras el crimen. Su planteo parte de un dato que considera central: los chicos y chicas de barrios postergados crecen en territorios donde el Estado casi no existe, salvo cuando aparece con patrulleros o allanamientos.
Del Frade recordó que los adolescentes son responsables de un porcentaje ínfimo de los homicidios, pero concentran la totalidad del estigma. Y advirtió sobre una paradoja que atraviesa a la política pública: mientras cae de manera pronunciada la matrícula escolar, se multiplican los discursos que promueven llenar cárceles en lugar de aulas.
En esa línea, retomó documentos de organismos de niñez que alertan sobre el deterioro de las políticas de protección desde fines de 2024 y el avance de estructuras narco en los barrios más vulnerables. Para el legislador, ampliar el sistema penal juvenil no sólo no resuelve el problema, sino que profundiza la exclusión: estigmatiza a una minoría, invisibiliza el sufrimiento de miles de familias y consolida un modelo que interviene cuando ya es demasiado tarde.
Su diagnóstico es contundente: cada adolescente que llega a un tribunal es una señal de que el Estado falló antes, cuando todavía había margen para prevenir.
Cococcioni: endurecer el régimen y “perforar” el piso etario
En el extremo opuesto se ubica la posición del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro.
Desde Rosario, Cococcioni planteó abiertamente la necesidad de rediscutir el régimen penal juvenil y fue más allá: propuso habilitar la imputabilidad incluso “perforando el piso” de los 13 o 14 años en casos de extrema gravedad, siempre que un dictamen pericial determine que el menor comprendía el alcance de sus actos.
El ministro sostuvo que el criterio exclusivamente etario resulta insuficiente frente a delitos aberrantes y que lo determinante debería ser la capacidad de comprensión del hecho. Según remarcó, no se trata de una reacción coyuntural al caso Monzón, sino de una postura que el actual gobierno provincial viene sosteniendo desde hace años.
La línea oficial es clara: evaluar por delito y no por edad, ampliar el universo de personas alcanzadas por el sistema penal y reforzar una política de seguridad centrada en la respuesta judicial y el encierro.
El socialismo y su bandera histórica: sí a un régimen especial, no a una baja aislada
Entre ambas miradas aparece la posición del socialismo, que volvió a poner sobre la mesa su tradición histórica en materia de derechos.
A nivel nacional, el Partido Socialista ordenó postura y comenzó a expresar públicamente su rechazo a una baja lisa y llana de la edad de imputabilidad. Si bien admiten discutir un régimen penal juvenil, insisten en que debe ser un sistema especial, con garantías de defensa, dispositivos de reinserción social y herramientas alternativas a la privación de la libertad.
“Si el debate se limita sólo a bajar la edad a 12 o 13 años, no estamos de acuerdo”, sintetizó uno de sus legisladores. La referencia que manejan como piso posible es 14 años, siempre dentro de un esquema integral que apunte a la responsabilidad penal, pero también a la recuperación social.
El tema también se coló en la reciente reunión de la junta provincial del PS en Santa Fe —convocada originalmente por la Ley Orgánica de Municipios—, donde volvieron a ratificar esa línea y analizaron la posibilidad de reflotar proyectos propios sobre régimen penal juvenil presentados en años anteriores.
Esta posición, además, vuelve a marcar diferencias con sus socios políticos en la provincia, aunque desde el socialismo confían en que el debate parlamentario permita encontrar puntos de acuerdo más allá de los matices discursivos.
Un debate que excede el caso
El crimen de Jeremías Monzón actuó como disparador, pero el trasfondo es mucho más profundo. La discusión por la imputabilidad expone modelos de sociedad en pugna: uno que prioriza el castigo temprano como respuesta a la violencia, y otro que insiste en que sin políticas de inclusión, educación y presencia territorial del Estado, cualquier endurecimiento penal será apenas un parche.
Mientras el gobierno provincial empuja una revisión del régimen con eje en el encarcelamiento, sectores de la oposición advierten que la cárcel no devuelve lo que la infancia perdió y que bajar edades no construye futuro.
Con el Gobierno nacional de Javier Milei también decidido a avanzar en este terreno, Santa Fe se convierte en uno de los escenarios centrales de un debate que promete atravesar el año legislativo y volver a tensionar alianzas políticas.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿más prisiones o más Estado en los barrios? ¿respuesta penal o políticas públicas antes de que sea tarde? Por ahora, las posiciones están claras. Lo que resta saber es cuál terminará imponiéndose en el recinto.
