A días de que se reabra la discusión paritaria, el Gobierno provincial volvió a instalar un mensaje conocido en la mesa pública: no hay margen fiscal para mejorar salarios por encima de la inflación. Esta vez no fue un ministro sectorial quien adelantó el tono del debate, sino el propio gobernador Maximiliano Pullaro, que salió a exponer la situación financiera de Santa Fe y, en los hechos, dejó planteadas las condiciones del conflicto que viene.
Desde la Casa Gris aseguran que la provincia atraviesa una caída real del 11,8% en la recaudación y en los fondos por coparticipación, en un contexto nacional recesivo y con una demanda social en alza. Bajo ese diagnóstico, Pullaro ratificó el camino de la “austeridad”, el recorte del gasto político y el equilibrio fiscal como únicas herramientas para sostener obra pública y pagar salarios en tiempo y forma.
El mensaje fue directo: la administración provincial buscará acompañar la inflación, pero no mucho más. En otras palabras, el Ejecutivo ya dejó en claro que cualquier recomposición estará atada a un escenario de recursos escasos. Un anticipo que, lejos de descomprimir, volvió a tensar el clima con los trabajadores estatales.
El frente sindical, al límite
En el universo gremial santafesino la lectura es otra. La mayoría de los sindicatos vienen denunciando que, en estos dos años de gestión, el ajuste volvió a recaer sobre los salarios, mientras se consolida un modelo de contención del gasto que impacta de lleno en el poder adquisitivo.
Docentes y trabajadores de la salud aparecen hoy como los sectores más decididos a endurecer posiciones. El malestar en las bases es visible, y en las últimas horas comenzó a circular con fuerza un borrador de propuesta salarial que —de confirmarse— podría detonar un escenario de confrontación abierta.
En ese marco, empezó a tomar cuerpo una pregunta que ya recorre pasillos gremiales y despachos oficiales: ¿es posible un paro general de trabajadores provinciales?
La respuesta, por estas horas, es afirmativa. Pero con una condición clave: que la medida sea unificada.
Ahí entran en juego dos actores centrales del esquema estatal, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Hasta ahora, ambos sindicatos acompañaron los acuerdos salariales del Ejecutivo, incluso en medio del enojo de buena parte de sus afiliados. Su postura vuelve a ser determinante.
Sin ATE y UPCN dentro de una eventual protesta, cualquier paro pierde potencia. Con ellos adentro, el impacto sería total.
Por eso, puertas adentro del movimiento obrero se habla de horas decisivas. Si los gremios de la administración central vuelven a convalidar una oferta considerada insuficiente, quedarán expuestos frente a sus propias bases. Y si, por el contrario, se pliegan a una estrategia común, el Gobierno enfrentará una medida de fuerza de magnitud inédita en lo que va de la gestión.
Un conflicto que trasciende la paritaria
El debate salarial ya no es sólo una discusión técnica entre ingresos e inflación. Se transformó en una disputa política de fondo sobre el modelo de gestión: austeridad fiscal versus recomposición real del salario.
Pullaro apuesta a sostener su narrativa de ordenamiento del Estado, obra pública y responsabilidad fiscal. Los gremios, en cambio, advierten que ese equilibrio se construye a costa del bolsillo de los trabajadores.
Con ese telón de fondo, la paritaria aparece más como el disparador que como el centro del conflicto. Lo que se empieza a jugar es algo más profundo: la capacidad del Gobierno para contener el frente sindical y la decisión —o no— del movimiento obrero de pasar a una etapa de confrontación directa.
Por primera vez desde el inicio del mandato, la palabra “paro general” dejó de ser una amenaza lejana y empezó a circular como posibilidad concreta. El resultado dependerá de una variable clave: que nadie mire para otro lado.
