En los últimos meses, la policía de la provincia atraviesa una crisis profunda que deja al descubierto el deterioro del sistema de seguridad provincial. Lejos de tratarse de hechos aislados, una sucesión de episodios trágicos —que costaron la vida de varios uniformados— expone las consecuencias de un modelo de gestión que precariza, ajusta y somete a la fuerza a un riesgo constante.
El gobierno de Maximiliano Pullaro intentó presentarse desde el inicio como una administración que respaldaría a la policía. Sin embargo, la realidad contradice ese discurso. Mientras se multiplican los actos oficiales, las fotos y los anuncios sobre reequipamiento, lo cierto es que la entrega de móviles o la apertura de nuevos destacamentos no compensan salarios bajos ni la ausencia de políticas serias de prevención en salud mental. La pregunta es inevitable: ¿qué tipo de seguridad está garantizando el gobierno provincial?
Hoy nos encontramos frente a una fuerza que cumple órdenes, pero que está exhausta, desmotivada y vacia. Esa situación se refleja en el creciente número de pedidos de baja, tanto de agentes recién egresados del ISEP como de efectivos con años de servicio. La vocación no alcanza cuando el desgaste es permanente y el respaldo institucional es escaso.
El problema salarial es, sin dudas, uno de los ejes más críticos. Pese a las declaraciones del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien sostiene que los sueldos provinciales son “competitivos” en comparación con otras provincias, la experiencia cotidiana de los policías dista mucho de ese diagnóstico. La distancia entre el discurso oficial y la realidad en la calle es cada vez más evidente.
No obstante, reducir la crisis a una cuestión salarial sería un error. La situación actual es el resultado de un combo explosivo: desgaste psicológico, recortes de recursos, falta de planificación, ausencia de contención y un progresivo desprestigio de la fuerza desde los propios ámbitos gubernamentales. Todo esto configura una crisis institucional profunda que no puede seguir siendo ignorada.
La política de seguridad que impulsa el gobierno muestra signos claros de colapso. ¿De qué sirve exhibir estadísticas, patrulleros nuevos o equipamiento si el malestar interno de la fuerza se traduce en episodios cada vez más alarmantes? Los números que el gobernador Pullaro presenta como logros están lejos de reflejar lo que realmente sucede en Santa Fe.
Pensar la seguridad sin pensar en quienes la garantizan no solo es irresponsable: es una receta segura para el fracaso. Y hoy, las consecuencias ya están a la vista.
